El agua tiene un coste

La derogaci¨®n del trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) que el PP aprob¨® en 2001, y su sustituci¨®n por un ambicioso programa de inversi¨®n en plantas desaladoras para abastecer de agua al litoral mediterr¨¢neo (Valencia y Murcia, sobre todo, pero tambi¨¦n Catalu?a y Andaluc¨ªa), ha reavivado un debate cl¨¢sico en t¨¦rminos de pasi¨®n pol¨ªtica y rivalidad territorial que impiden un acercamiento racional al problema. Igual que cuando se aprob¨® el plan, pero con las tornas cambiadas: las comunidades de Valencia y Murcia, gobernadas por el PP, se oponen a la derogaci¨®n y protestan p¨²blicamente por ella, mientras que Arag¨®n, que en su d¨ªa rechaz¨® frontalmente el PHN, se alinea ahora con el Gobierno y defiende el plan de desaladoras presentado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Como en otras ocasiones decisivas, el Gobierno del PP impuso el Plan Hidrol¨®gico y el trasvase del Ebro sin preocuparse por articular el acuerdo pol¨ªtico necesario para evitar la contestaci¨®n p¨²blica y garantizar que el trasvase superar¨ªa el trance del cambio de Gobierno. Aquello que se fragu¨® sin consenso se ha deshecho sin ¨¦l. Las quejas de las autonom¨ªas afectadas por la derogaci¨®n tendr¨ªan sentido si el plan econ¨®mico del trasvase se hubiera elaborado con precisi¨®n y teniendo en cuenta los costes reales del proyecto. Pero, desafortunadamente, no fue as¨ª. El precio del metro c¨²bico de agua colocado en la costa mediterr¨¢nea es, una vez imputados los costes de infraestructura del trasvase, bastante m¨¢s elevado que el reconocido por el Gobierno. Comparable al precio del metro c¨²bico obtenido mediante plantas de desalaci¨®n.

En este debate tan enredado, la variable clave, el precio, estaba trucada en el PHN. Por lo tanto, la revisi¨®n del Plan y su derogaci¨®n parcial est¨¢n justificadas, tanto desde el punto de vista pol¨ªtico como t¨¦cnico. Lo que cumple ahora es articular un plan pol¨ªtica y t¨¦cnicamente aceptable que resuelva el problema de la llamada Espa?a seca sin incurrir en costes ocultos y precios trucados. Es pronto para decir si ese plan debe incluir un trasvase -menos colosal que el abolido-, adem¨¢s del programa de desaladoras; pero lo que s¨ª deber¨¢ integrar sin duda es una nueva cultura del agua. Es decir, la articulaci¨®n de un mercado del agua que acabe con la ficci¨®n de que es un bien gratuito utilizable en agricultura sin barreras ni limitaciones.

En realidad, hay dos problemas del agua. El del consumo dom¨¦stico puede resolverse con programas de desalaci¨®n, puesto que el coste y el precio que se impone a los consumidores no distan demasiado. Pero la distribuci¨®n del agua a un precio pr¨®ximo al de mercado para utilizaci¨®n en la agricultura extensiva puede deteriorar la rentabilidad de muchas explotaciones que riegan con el litro subvencionado. El PHN ocultaba este problema ofreciendo una subvenci¨®n a trav¨¦s de un precio artificialmente reducido en los c¨¢lculos del travase; las desaladoras no podr¨¢n ocultarlo. El nuevo precio del agua -fijado ya por el Gobierno para los m¨¢s de 1.000 hect¨®metros c¨²bicos que requiere la cuenca levantina-, venga del Ebro o de desaladoras, causar¨¢ probablemente una reconversi¨®n agr¨ªcola.