Kirchner renueva la justicia
El presidente argentino abre un procedimiento participativo para designar a los jueces del Supremo
El presidente argentino, N¨¦stor Kirchner (peronista), anunci¨® desde el primer d¨ªa de su mandato el prop¨®sito de encarar una profunda reforma del poder judicial, especialmente de la Corte Suprema. Un a?o despu¨¦s, el ¨®rgano m¨¢s desprestigiado de la judicatura est¨¢ en plena transformaci¨®n. El nuevo proceso de selecci¨®n de los integrantes del m¨¢s alto tribunal ha permitido la entrada de juristas ¨ªntegros, en sustituci¨®n de jueces de vieja data cuestionados por mal desempe?o. De momento, la pugna entre la renovaci¨®n y el inmovilismo mantiene a la Corte paralizada en gran parte de sus funciones.
Los jueces de la Corte Suprema fueron una de las bestias negras en la grave crisis que estall¨® en diciembre de 2001 tras la congelaci¨®n de los dep¨®sitos bancarios conocida como corralito. Las manifestaciones de repudio frente al Palacio de Justicia (sede del alto tribunal) y ante las viviendas de los jueces supremos duraron meses. "Mientras exista uno solo de los miembros de esta Corte en funciones, vamos a seguir en la calle vigilando para que se vayan, y si no se van, vigilando para que los diputados cumplan con su palabra y echen a los nueve miembros de la Corte", dec¨ªa en febrero de 2002 un miembro de la Asociaci¨®n de Abogados Laboralistas.
El proceso ha permitido la entrada de juristas ¨ªntegros, en sustituci¨®n de jueces cuestionados
La ¨¦lite del poder judicial, formada por nueve jueces vitalicios con sueldos millonarios, exentos del pago de impuestos y con jubilaciones de privilegio, acab¨® siendo la m¨¢s odiada. Nada tiene de extra?o que con estos antecedentes, la reforma de la Corte Suprema sea considerada por muchos la medida m¨¢s interesante que ha tomado Kirchner desde el punto de vista de la calidad institucional. "Es la primera vez en Am¨¦rica Latina que un presidente de la Rep¨²blica autolimita sus facultades por decreto. Como s¨ªmbolo de un cambio en el ejercicio del poder es sumamente interesante", opina el constitucionalista Daniel Sabsay.
La Constituci¨®n otorga al presidente el poder de designar a los miembros de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado. Sin m¨¢s. Con el nuevo decreto firmado por Kirchner, el nombramiento de los jueces supremos est¨¢ precedido de "un proceso participativo y al mismo tiempo de gran acceso a la informaci¨®n", en el que desde particulares hasta ONG y entidades profesionales pueden presentar impugnaciones a los candidatos.
El Senado, la C¨¢mara que tiene que dar luz verde a la designaci¨®n, tambi¨¦n ha autolimitado su poder, ya que en la nueva situaci¨®n se abre un proceso de audiencia p¨²blica y de coloquio desconocido hasta ahora, que da mayor transparencia y mucha visibilidad al candidato. Seg¨²n Sabsay, el nuevo sistema mejora la calidad de la instituci¨®n: "No es casual que las tres figuras presentadas por el Gobierno sean de primer¨ªsimo nivel. Eugenio Ra¨²l Zaffaroni es uno de los mejores penalistas de Am¨¦rica Latina, y Elena Highton de Nolasco, miembro de la C¨¢mara Nacional de Apelaciones, y Carmen Argibay, integrante de la Corte Penal Internacional, son figuras referentes del Derecho".
El Congreso inici¨® el a?o pasado procesos de juicio pol¨ªtico por mal desempe?o contra integrantes de la llamada "mayor¨ªa autom¨¢tica" adicta al presidente, que funcion¨® como un reloj suizo durante la d¨¦cada de Carlos Menem. Dos de aquellos jueces dimitieron antes de enfrentar el juicio pol¨ªtico -el ex presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno y Guillermo L¨®pez, fallecido-, Eduardo Molin¨¦ O'Connor fue destituido y Adolfo V¨¢zquez tiene un juicio en curso en el Congreso. Todos ellos han desaparecido de la escena por mal desempe?o e irregularidades.
Los nuevos integrantes del alto tribunal tienen un perfil opuesto al de sus antecesores. Pese a que no faltaron las impugnaciones, pasaron sin problemas el examen ante la Comisi¨®n de Acuerdo del Senado. La juez Highton super¨® una campa?a de sectores conservadores y religiosos que trataron de descalificarla por un ensayo de 1993 a favor de la despenalizaci¨®n del aborto. Por primera vez en democracia, una mujer se incorpora al Supremo. La ¨²nica juez que ocup¨® un sill¨®nfue Margarita Arg¨²as, designada por el Gobierno militar de Roberto Levingston, en 1970. El mes pr¨®ximo el Senado tratar¨¢ el nombramiento de Argibay, cuyo compromiso con el Tribunal de La Haya llega a su fin. No le faltan detractores a esta reconocida juez, que se declara de izquierda y atea. La organizaci¨®n Pro Vida pone reparos a su condici¨®n de soltera y sin hijos, lo que no la hace representativa de la mujer argentina, seg¨²n ha declarado el presidente de la agrupaci¨®n integrista, Roberto Castellano.
Uno de los mayores problemas para el buen funcionamiento de la Corte es el ingente n¨²mero de causas que ingresan y que deber¨ªan resolverse en otras instancias. En lo que va de a?o han entrado 25.000, explica un funcionario ligado a la instituci¨®n. En la audiencia ante la Comisi¨®n del Senado, Elena Highton dijo que la Corte dicta un fallo cada 18 minutos. Ning¨²n tribunal constitucional del mundo soporta esta carga de trabajo. El Supremo de EE UU, en el que se inspira el modelo argentino, no llega a los 200 casos por a?o. A diferencia del caso espa?ol, la Corte argentina asume las funciones del Constitucional. Al haber quedado desarticulada la mayor¨ªa autom¨¢tica que hac¨ªa y deshac¨ªa a su gusto, ahora se da la paradoja de que la Corte no ha conseguido los votos necesarios para dirimir asuntos tan relevantes como los recursos de inconstitucionalidad del corralito y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que sellaron la impunidad para los militares de la dictadura.
Los problemas del poder judicial en Argentina no se ci?en al Supremo. En los ¨²ltimos a?os han aumentado las medidas disciplinarias a jueces por mal desempe?o y por delitos de corrupci¨®n. Desde la instalaci¨®n, a finales de 1998, del Consejo de la Magistratura como ¨®rgano acusador, una decena de magistrados han sido procesados. El ¨²ltimo de ellos ha sido el juez federal Roberto Marquevich, destituido la semana pasada. El fallo adverso para Marquevich es la culminaci¨®n de un proceso que ha tenido gran repercusi¨®n medi¨¢tica y que se inici¨® con la detenci¨®n de la propietaria del Grupo Clar¨ªn, Ernestina Herrera de Noble, acusada de falsificar los documentos de adopci¨®n de sus hijos Marcela y Felipe. La organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo present¨® una querella contra Herrera de Noble ante la sospecha de que los j¨®venes son hijos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
En opini¨®n del constitucionalista Daniel Sabsay, este juicio ha puesto de relieve la vulnerabilidad del Consejo de la Magistratura para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. "De los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, nueve ostentan cargos pol¨ªticos, y no s¨®lo eso, tiene ocho legisladores y un representante del Ejecutivo".
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