Los rectores piden el cambio urgente del sistema de selecci¨®n de profesores de la ley universitaria
Las universidades solicitan participar en la futura prueba de acceso a la educaci¨®n superior
Los rectores piden que el Gobierno reforme antes de octubre el sistema de selecci¨®n del profesorado funcionario establecido en la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), la norma sobre la educaci¨®n superior promovida por el PP en la pasada legislatura. ?stos solicitan que, en lugar de ex¨¢menes de habilitaci¨®n nacionales, se dise?e un nuevo m¨¦todo. El sistema alternativo por el que los rectores han apostado en los ¨²ltimos a?os ha sido una acreditaci¨®n por m¨¦ritos, que ir¨ªa seguida de concursos "competitivos" por centros para cada plaza. Los rectores solicitan adem¨¢s participar en el dise?o de la alternativa que el Gobierno establezca a la prueba de selectividad.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas (CRUE), formada por los centros de educaci¨®n superior p¨²blicos y privados, aprob¨® ayer en Vigo un documento en el que expone su postura sobre los cambios que se deben hacer en la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU). El Gobierno ha anunciado que modificar¨¢ esta ley precisamente en aspectos como la selecci¨®n de los profesores, el acceso de los alumnos a la Universidad y el estatus y competencias de la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n (ANECA). La inmensa mayor¨ªa de los rectores se manifestaron en la pasada legislatura en contra de la LOU y varias decenas participaron en las protestas.
Los rectores han defendido en diversos documentos su apuesta porque la selecci¨®n del profesorado se realice mediante una prueba de acreditaci¨®n por m¨¦ritos, que estar¨ªa basada en unos par¨¢metros comunes para toda Espa?a, seguida de concursos de acceso en las universidades para acceder a las plazas vacantes. El Gobierno ha anunciado su apoyo a esta iniciativa, aunque est¨¢ por determinar c¨®mo se har¨ªa, as¨ª como si se deben revisar los concursos de acceso que hacen actualmente las universidades.
Antes de aprobarse la LOU (en diciembre de 2001), para acceder a una plaza de profesor funcionario hab¨ªa que someterse ¨²nicamente a un concurso en la universidad que ten¨ªa el puesto vacante. Los tribunales estaban formados por cinco personas del ¨¢rea de conocimiento de la plaza vacante, dos de ellas nombradas a propuesta de la universidad convocante y las otras tres por sorteo.
El PP justific¨® el cambio de la LOU b¨¢sicamente en que aquel sistema "favorec¨ªa la endogamia". Por ello, decidi¨® establecer un examen nacional por ¨¢reas, denominado habilitaci¨®n, para poder ser titular o catedr¨¢tico. Estas pruebas (basadas en un sistema que es ¨²nico en Europa y EE UU) llevan en marcha desde principios de 2003 y han producido numerosos problemas debido, entre otras cuestiones, a que se estableci¨® la habilitaci¨®n de un n¨²mero concreto y muy reducido de personas, lo que obliga a muchos profesores a realizar estos ex¨¢menes reiteradas veces (aunque tengan un alto nivel profesional) en distintas partes del pa¨ªs, y debido tambi¨¦n a que cientos de profesores se tienen que ausentar durante meses de sus puestos en las universidades para realizar estas pruebas, algunos para examinarse (por ejemplo, para ser catedr¨¢ticos) y otros para formar parte de los tribunales. Adem¨¢s, al tratarse de ex¨¢menes individuales, el proceso de cada habilitaci¨®n llega a durar meses.
Sobre la revisi¨®n del acceso de los alumnos a la Universidades, los rectores se han manifestado reiteradamente en contra del sistema configurado por el PP de una rev¨¢lida al final del bachillerato, m¨¢s pruebas posteriores por centros superiores. La CRUE considera que debe haber una ¨²nica prueba, la misma para toda Espa?a, y que se debe revisar la selectividad, a¨²n en vigor.
Los m¨¢ximos responsables de las universidades espa?olas solicitan adem¨¢s en el documento de Vigo que con la reforma de esta ley se impulsen medidas de apoyo al profesorado universitario: que se establezca un r¨¦gimen laboral espec¨ªfico para los contratos de docentes e investigadores (es decir, para los no funcionarios), se promocione la carrera acad¨¦mica con est¨ªmulos (como incentivos salariales o becas para investigar en el extranjero) y se revisen las pol¨ªticas de rejuvenecimiento de las plantillas.
La homologaci¨®n de las titulaciones espa?olas al Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior es otra de las cuestiones en las que los rectores apremian al Gobierno. ?stos afirman que, para este fin, se debe crear un ¨²nico t¨ªtulo de Grado (en lugar de los actuales de licenciado y diplomado), que se defina un calendario serio y realista para hacer un nuevo cat¨¢logo de titulaciones y que se revise el proyecto de real decreto que regula el futuro Posgrado antes de que lo apruebe el Gobierno. Tambi¨¦n solicitan al Ejecutivo que regule urgentemente a los becarios de investigaci¨®n.
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