El Supremo de EE UU admite que los presos de Guant¨¢namo podr¨¢n recurrir a la justicia
El m¨¢ximo tribunal falla que la base est¨¢ bajo jurisdicci¨®n de Estados Unidos
Los cerca de 600 detenidos en Guant¨¢namo podr¨¢n apelar sus casos ante los tribunales de EE UU. En una decisi¨®n de repercusiones hist¨®ricas, el Tribunal Supremo recort¨® dr¨¢sticamente los poderes del presidente George W. Bush al fallar que la base naval es parte de la jurisdicci¨®n de EE UU. No fue, sin embargo, una derrota completa para el Gobierno, puesto que los magistrados no se pronunciaron sobre la legalidad de las detenciones indefinidas, tanto en los casos de Guant¨¢namo como en los de Jos¨¦ Padilla y Yaser Hamdi, recluidos en Carolina del Sur.
Los magistrados tampoco especificaron el proceso legal que deben seguir los interesados, lo cual deja un amplio margen de maniobra al Ejecutivo. Pero para los detenidos que llevan dos a?os en un limbo legal, sin haber sido acusados de nada y sin derecho a un abogado, es una gran victoria. El fallo les permite entablar recursos de habeas corpus o demandas tanto en los tribunales civiles o militares. Ello no significa, sin embargo, que puedan ser puestos en libertad si el Gobierno no presenta cargos o pruebas s¨®lidas en su contra. Todos los juristas que ayer se hac¨ªan eco de la decisi¨®n del Supremo apostaban por un proceso largo, quiz¨¢ de a?os. Se trata, sin embargo, de interpretaciones preliminares a falta de saber c¨®mo va a proseguir el Pent¨¢gono, que es el ¨®rgano responsable de los encausamientos.
En el caso de Padilla, el tribunal simplemente le dijo que se hab¨ªa equivocado de jurisdicci¨®n y que deb¨ªa volver a presentar su caso ante la instancia apropiada. A Yaser Hamdi le concedieron el derecho de habeas corpus. Al tratarse en ambos casos de ciudadanos de EE UU, las consideraciones legales son muy distintas a la situaci¨®n de los extranjeros recluidos en Guant¨¢namo. La magistrada Sandra D. O'Connor quiso resaltar esa diferencia incluyendo en el fallo la siguiente advertencia: "Queremos dejar claro que el que estemos en Estado de guerra no equivale a darle al presidente un cheque en blanco cuando se trata de los derechos de los ciudadanos americanos".
La decisi¨®n sobre la jurisdicci¨®n de Guant¨¢namo se deriva de las demandas interpuestas hace un a?o por 16 de los detenidos, 12 kuwait¨ªes, 2 brit¨¢nicos y 2 australianos. El Gobierno de Washington sosten¨ªa que la jurisdicci¨®n no alcanzaba a la base naval al estar en territorio de Cuba y que, por tanto, a los cautivos talibanes y de Al Qaeda no les amparan las garant¨ªas procesales reconocidas en la Constituci¨®n estadounidense. Varios tribunales inferiores le hab¨ªan dado la raz¨®n hasta ahora, pero ayer el Supremo se puso de parte de los 16 detenidos afirmado que Guant¨¢namo es, "a todos lo efectos", territorio de EEUU.
La Casa Blanca y el Pent¨¢gono han justificado las detenciones afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un Ej¨¦rcito convencional y no les son aplicables los derechos legales reconocidos en la Convenci¨®n de Ginebra para prisioneros de guerra. Bajo ese razonamiento crearon la categor¨ªa de "combatientes enemigos".
Daban adem¨¢s otra raz¨®n adicional para negarles a los cautivos de la guerra contra el terrorismo el derecho a la justicia americana, al asegurar que un juicio convencional forzar¨ªa a los fiscales militares a presentar pruebas que pueden poner en peligro la seguridad nacional. Y por ¨²ltimo, desde el punto de vista pol¨ªtico, la Casa Blanca considera que el dar acceso a los tribunales federales equivale a delegar en los jueces decisiones de defensa y pol¨ªtica exterior.
Pesadilla log¨ªstica
Por encima de ese tipo de consideraciones, el fallo del Supremo plantea al Gobierno una pesadilla log¨ªstica. Se espera una lluvia de demandas que adem¨¢s pueden entablar en cualquiera de las 94 jurisdicciones federales. Y por otra parte, la preparaci¨®n de encausamientos representa una tarea compleja, cuando no imposible. El propio coronel encargado de investigar los supuestos delitos de los presuntos terroristas, Brittain Mallow, ha admitido que en la mayor¨ªa de los casos "s¨®lo cuentan con la informaci¨®n que los propios detenidos les han facilitado".
Muchos ni siquiera han dado su nombre verdadero, no cuentan con testigos, ni pruebas materiales. La dificultad queda patente por el n¨²mero de encausamientos que hab¨ªan preparado hasta el momento: s¨®lo 15, y para ser juzgados en tribunales militares donde el nivel de pruebas es inferior.
[La fiscal¨ªa rusa inform¨® ayer que siete ciudadanos rusos que fueron devueltos a este pa¨ªs desde Guant¨¢namo -donde estaban retenidos como sospechosos de dar apoyo a los talibanes- para ser investigados en su tierra natal han sido ya puestos en libertad y el caso se considera cerrado, informa Los Angeles Times.]
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