La cuarta edad

A sus 87 a?os, viuda desde los 50, a Concha L¨®pez se le va la pensi¨®n de apenas 400 euros en el alquiler de un peque?o piso de renta antigua del barrio madrile?o de Tetu¨¢n donde vive sola, en el abono parcial de la factura del centro de d¨ªa de Sageco (fundaci¨®n de la Cruz Roja para la tercera edad) convertido desde hace 17 a?os en su segundo hogar, en su contribuci¨®n al pago de una m¨ªnima ayuda domiciliaria, en el abono de recibos y en la cesta de la compra.

Afortunadamente, goza de buena salud. S¨®lo alg¨²n resfriado de vez en cuando. Si no fuera por esa maldita rodilla que le dol¨ªa hasta el grito, que la condujo a un quir¨®fano en el que le implantaron una pr¨®tesis y que la hace depender de una muleta y de la ayuda ajena...

Dos millones de mayores de 65 a?os, el 25% de ese grupo de edad, tienen problemas de dependencia y necesitan ayuda para efectuar actividades b¨¢sicas de la vida diaria

Se crear¨¢ un fondo estatal dotado con 1.000 millones de euros para ocho a?os y que permitir¨¢ ampliar la red de servicios para las personas dependientes

El Gobierno pretende que, en el plazo de un a?o, est¨¦ listo un libro blanco sobre la dependencia, a partir del cual se elabore una ley b¨¢sica estatal

Amparo Valcarce, secretaria de Estado: "El modelo que garantiza la sostenibilidad del sistema y financiaci¨®n suficiente es el seguro p¨²blico de dependencia"

En todo el pa¨ªs hay 18.600 plazas en centros de d¨ªa, 240.000 en residencias, 197.000 beneficiarios de ayuda domiciliaria y 104.300 de teleasistencia

De no ser por esa maldita rodilla, que convierte en un martirio subir o bajar un par de escalones, Concha no formar¨ªa parte del colectivo, cercano a los dos millones de espa?oles mayores de 65 a?os (el 26% de ese grupo, el 4,5% de la poblaci¨®n total) que encajan en la definici¨®n que el Consejo de Europa hizo en 1998 de la dependencia: "Estado en el que se encuentran las personas que por razones de autonom¨ªa f¨ªsica, ps¨ªquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayuda importante para realizar las actividades de la vida cotidiana".

Son los integrantes de la cuarta edad, que unen a los achaques propios de los a?os los problemas de la dependencia, carga que tambi¨¦n afecta a menores de 65 a?os, ya que el total de espa?oles con discapacidad, f¨ªsica o ps¨ªquica, supera los tres millones y medio. Todo un reto reflejado en el consenso pol¨ªtico sobre la necesidad de crear un sistema integrado de atenci¨®n a la dependencia recogido en la revisi¨®n del Pacto de Toledo.

La carencia de recursos resulta escandalosa. Con gobiernos de uno y otro signo, el tiempo ha ido pasando sin que se hayan puesto poco m¨¢s que parches. Consuelo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Discapacidad y Familia, asegura que esta vez la cosa va en serio: "El compromiso pol¨ªtico de que ning¨²n mayor o discapacitado quede sin atenci¨®n es muy fuerte. Lo adquirieron el presidente del Gobierno en el debate de investidura y el ministro de Trabajo en su primera comparecencia en el Congreso. En el ¨¢nimo de todos nosotros, y en primer lugar del presidente, est¨¢ que su mandato sea recordado sobre todo porque puso en marcha el Sistema Nacional de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de bienestar, al mismo nivel que los otros tres, educaci¨®n, sanidad y pensiones, y con la consideraci¨®n de un derecho de ciudadan¨ªa. Es decir, los poderes p¨²blicos deben asegurar su ejercicio efectivo y regularlo por ley, junto con un cat¨¢logo de prestaciones".

?C¨®mo lograrlo? Mediante el consenso. Con patronal, sindicatos, organizaciones sociales y partidos. Y con un gran acuerdo parlamentario. En el plazo de un a?o, a?ade, se elaborar¨¢ un Libro Blanco sobre la Dependencia, a partir del cual se promulgar¨¢ una ley b¨¢sica que desarrollar¨¢n las comunidades aut¨®nomas.

La Espa?a de las autonom¨ªas refleja una tremenda disparidad en la atenci¨®n a los dependientes. Residir en una u otra comunidad es vital para disfrutar de mejor o peor asistencia por parte de los poderes p¨²blicos. Las pol¨ªticas y los medios concretos configuran un mapa de lacerantes desigualdades, sin que constituya una garant¨ªa la existencia de una ley espec¨ªfica. Como la de Cantabria, con fecha 20 de noviembre de 2001, pero que, como admite Julio Soto, director general de Pol¨ªticas Sociales del Gobierno regional, "no reconoce el derecho subjetivo a la atenci¨®n a los dependientes, derecho que no se contempla como objetivo ni a medio ni a largo plazo". En el a?o y medio transcurrido desde su aprobaci¨®n hasta las elecciones regionales de 2003, cuando se produjo un relevo en el Gobierno regional, "no ha experimentado ning¨²n desarrollo normativo". Tampoco con el nuevo equipo, "porque el marco legislativo que establece la ley no permite abordar la atenci¨®n a las necesidades sociales que genera la dependencia bajo el prisma del reconocimiento de un nuevo derecho a la ciudadan¨ªa".

Derecho subjetivo

Juan Manuel Mart¨ªnez G¨®mez, director general de servicios sociosanitarios del grupo Eulen, l¨ªder en la atenci¨®n a las personas mayores, cree que "es el momento de coger el toro por los cuernos, con decisi¨®n pol¨ªtica y mediante un pacto de Estado entre las administraciones central, auton¨®mica y local". El prop¨®sito es "implantar un derecho subjetivo para todos los espa?oles dependientes, sea cual sea la comunidad en la que residan, aplicando el principio de solidaridad interterritorial". "Tal vez", a?ade este geriatra, que form¨® parte del equipo de trabajo nombrado por el Gobierno del PP en octubre de 2003 para estudiar el problema, "no sea posible atender toda la dependencia, pero habr¨¢ que fijar prioridades, que el Estado se comprometa, al menos, a atender la m¨¢s grave y severa".

La implantaci¨®n de ese derecho subjetivo es clave en la "hoja de ruta" de la que habla Valcarce. Un camino que quedar¨ªa en nada sin financiaci¨®n suficiente. De momento, el Gobierno ha prometido crear un fondo estatal al que se dotar¨¢ inicialmente con 1.000 millones de euros para dos legislaturas, una gota de agua en el mar (las necesidades anuales para una atenci¨®n global suficiente superar¨ªan los 9.000 millones de euros), para ampliar la red de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de d¨ªa y residencias para mayores, discapacitados y enfermos mentales.

Valcarce opina, y es dif¨ªcil hallar voces discrepantes, que "el modelo que garantiza financiaci¨®n p¨²blica suficiente y sostenibilidad es el seguro p¨²blico de dependencia", pero los detalles quedan para discutirlos con los agentes sociales en el marco de la comisi¨®n del Pacto de Toledo. Podr¨ªa ser el modelo alem¨¢n, con una cotizaci¨®n similar a las que se efect¨²an a la Seguridad Social, aunque est¨¢ en crisis porque no cuadran las cuentas.

Lo que est¨¢ excluido, subraya la secretaria de Estado, "es subir los impuestos para financiar las prestaciones". La f¨®rmula que establece y reconoce un derecho universal a recibir ayudas facilitadas por servicios sociales descentralizados y pagado con la imposici¨®n general es la predominante en los pa¨ªses escandinavos y Holanda. El modelo espa?ol, consistente en prestaciones vinculadas a estados de necesidad econ¨®mica, excluye a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n y, por a?adidura, est¨¢ desbordado. Algo est¨¢ claro: que la generalidad de los beneficiarios participar¨¢, de una u otra manera, en el pago de la asistencia. "Derecho de acceso a los servicios, s¨ª", se?ala Valcarce, "pero no gratuito, porque resultar¨ªa insostenible". Y, una vez atendidos los casos de las personas sin recursos, habr¨¢ que garantizar que no quedan fuera del sistema a las clases medias "como ocurre en Francia".

Los efectos de la entrada en funcionamiento de ese seguro p¨²blico ser¨ªan adem¨¢s muy positivos, dice Valcarce, "para descongestionar y aliviar el sistema sanitario y para generar empleo, ya que en ocho a?os se podr¨ªan generar 600.000 puestos de trabajo, muchos de ellos flexibles y en zonas rurales, que permitir¨ªan la incorporaci¨®n al mercado laboral de segmentos de poblaci¨®n de baja cualificaci¨®n laboral y mujeres mayores de 45 a?os".

Hay voces, como la de Guillem L¨®pez-Casasnovas, profesor de la universidad barcelonesa Pompeu i Fabra y miembro del equipo de trabajo creado por el Gobierno del PP, que hacen notar que, aunque hay personas muy pobres entre los mayores de 65 a?os, tambi¨¦n hay muchos con patrimonios sustanciales, viviendas propias, pensiones y otros activos, por lo que considera que la f¨®rmula de "rentas vitalicias e hipotecas inversas deben acompa?ar privadamente al esfuerzo p¨²blico para afrontar los costes de la dependencia". Y ofrece otra propuesta innovadora: "Utilizar el impuesto de sucesiones, propio de las comunidades aut¨®nomas, para financiar, en todo o en parte, el coste de los cuidados de larga duraci¨®n". El sistema p¨²blico podr¨ªa complementarse adem¨¢s con seguros privados de dependencia, como los actuales fondos de pensiones, a los que habr¨ªa que dotar de un r¨¦gimen fiscal espec¨ªfico.

La respuesta al desaf¨ªo no se puede demorar m¨¢s, a la vista de la evoluci¨®n de la pir¨¢mide demogr¨¢fica, con un progresivo envejecimiento de la poblaci¨®n que plantea implicaciones sociales y econ¨®micas descomunales. La esperanza de vida al nacer alcanza ya en Espa?a los 76 a?os para los hombres y los 83 para las mujeres.

Queda mucho camino por recorrer para alcanzar la meta de un Sistema Nacional de Dependencia que consagre el derecho subjetivo a una atenci¨®n adecuada, que pueda exigirse a los poderes p¨²blicos. Tal vez demasiado para Concha, cuyas necesidades se resumen en que alguien le haga cada d¨ªa la cama, le preste su brazo para salir de vez en cuando a la calle y la ayude a bajar y subir las escaleras tres de los cinco d¨ªas que cada semana va al centro de d¨ªa en un autob¨²s de Sageco. Los otros dos, aquellos en que se ducha (en su piso s¨®lo hay un servicio), una chica la recoge y la devuelve a casa, adem¨¢s de llevarle la bolsa con el albornoz, la toalla y el frasco de gel.

El drama de los cuidadores

Tambi¨¦n lo tiene dif¨ªcil Consuelo Siu, de 85 a?os, viuda desde hace 20, con una pensi¨®n de unos 500 euros y que vive con su hijo, su nuera y tres nietos. La operaron de la rodilla y est¨¢ "muy mal" de las piernas. Al igual que Concha, se ducha en el centro de d¨ªa, con ayuda, porque ella sola no puede dar un paso sin un andador.

Estela Moreno, coordinadora del centro de d¨ªa, explica que se pretende "mantener en su medio a los mayores, porque es mejor para ellos y m¨¢s rentable para la sociedad". Tambi¨¦n, "cuidar, apoyar, orientar y formar a los cuidadores", tan v¨ªctimas como los propios dependientes.

El problema, en muchos casos con tintes tr¨¢gicos, resulta especialmente visible en el caso de los afectados de alzheimer y otras demencias similares que sufren m¨¢s de medio mill¨®n de espa?oles, y cuya aparici¨®n trastoca hasta la desarticulaci¨®n a muchas familias. Estos enfermos, en los que el deterioro mental se acompa?a del f¨ªsico y suele ser irreversible, exigen atenci¨®n constante. Es el ejemplo m¨¢s extremo de dependencia y de los efectos demoledores sobre los cuidadores, mujeres casi siempre.

Como Rosa Fern¨¢ndez, soltera, de 54 a?os, profesora de instituto. A su padre, Luciano, de 83, le han diagnosticado una demencia "tipo alzheimer". Su madre, Josefa, que cumple 84 el 27 de agosto, ha sufrido cinco operaciones en otros tantos a?os, padece de osteoporosis, pasa largos periodos en reposo absoluto, precisa de una atenci¨®n constante y, pese a que siempre tuvo una memoria privilegiada ("yo la llamaba mi agenda", comenta Rosa), sufre un alarmante y progresivo deterioro cognitivo. Ambos van ahora al centro de d¨ªa para enfermos de alzheimer de la Cruz Roja en la calle madrile?a de la Infanta Mercedes. Un autob¨²s les recoge de casa de su hija a las 10.30 y los devuelve a las 19.30. Ambas plazas est¨¢n subvencionadas por el Ayuntamiento. S¨®lo pagan una fracci¨®n (no llega a 200 euros) de la pensi¨®n de Luciano, de poco m¨¢s de 400 euros.

Rosa no se queja. Asegura que su hermana (que vive en Jerez y tiene cinco hijos) y su hermano (en Puente del Arzobispo, Toledo, tres hijos) se preocupan y ayudan todo lo que pueden, pero que las circunstancias, el hecho de que la atenci¨®n que sus padres necesitan se localice en Madrid, ha hecho que ¨¦stos vivan en su casa y que la mayor parte de la carga caiga sobre sus espaldas. Gracias a la ayuda adicional que recibe -financiada por el Ayuntamiento y prestada por Asispa, una asociaci¨®n de atenci¨®n a los mayores- y a la comprensi¨®n de la direcci¨®n de su colegio puede seguir dando clase, aunque ya no sabe lo que es visitar una exposici¨®n o salir una noche al teatro o a cenar con los amigos. Tambi¨¦n ha tenido que suspender sus actividades como voluntaria de C¨¢ritas y los viajes culturales con los Amigos del Arte y de la Historia. Ha llegado a estar cinco meses casi sin dormir.

Los fines de semana, una auxiliar le ayuda dos horas los s¨¢bados a ba?ar a sus padres, y otra se queda en casa una hora los domingos para que pueda ir a misa. Entre semana, Rosa sale de casa a las 8.30. A esa hora llega una chica, para que sus padres no se queden solos. Otra acude una hora m¨¢s tarde. Entre las dos ayudan a Rosa y Luciano a coger el autob¨²s, superando los cinco escalones que hay tras salir del ascensor. Por la tarde, cuando llega el autob¨²s, ya con Rosa en casa, otra chica le ayuda a subir a sus padres. Sola no podr¨ªa.

No muchos cuidadores cuentan con una ayuda similar que, cuando menos, pal¨ªa los efectos del problema. En muchos casos, un familiar, casi siempre mujer (hija, esposa, hermana...), tiene que dedicar cada instante de su vida a atender a la persona dependiente, incluso dejando de trabajar. La falta de acceso a las ayudas p¨²blicas se produce a veces por la falta de informaci¨®n. Otras, porque no se re¨²nen las condiciones econ¨®micas para optar a ellas. Una pensi¨®n aceptable y un piso en propiedad hacen caer hasta la cola de la lista de espera muchas peticiones. Pero lo peor de todo es la alarmante falta de recursos.

Un centro de d¨ªa no es un club de tercera edad, aunque haya actividades de ocio y tiempo libre. Ni una guarder¨ªa. Su objetivo, explica Estela Moreno, de Sageco, es m¨¢s ambicioso. Incluye terapia ocupacional y cognitiva (memoria, c¨¢lculo, orientaci¨®n...), gimnasia de mantenimiento, entrenamiento sobre actividades b¨¢sicas de la vida diaria (poner y quitar la mesa, potenciar la musculaci¨®n de brazos y piernas, vestirse, ba?arse...), control de medicaci¨®n y de constantes como el colesterol o la tensi¨®n arterial, curas m¨¦dicas, fisioterapia y tratamientos espec¨ªficos para cr¨®nicos. En definitiva, se trata de retrasar el deterioro f¨ªsico y mental y de mantener la mayor calidad de vida posible durante el m¨¢ximo tiempo posible.

En el centro de d¨ªa de Cruz Roja para afectados de alzheimer, los usuarios, todos ellos dependientes, reciben una atenci¨®n m¨¢s compleja y especializada que la de los ancianos v¨¢lidos. Los enfermos privados, afirma la coordinadora, Cristina Maroto, pagan 871 euros mensuales, incluyendo la manutenci¨®n y el transporte, pero son una minor¨ªa. Lo que abonan quienes llegan a trav¨¦s de los servicios sociales de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid depende de un baremo social, econ¨®mico y familiar. En ocasiones, el pago apenas supera los 60 euros.

Tal y como explica Maroto, una de las funciones del centro es asesorar y formar a los cuidadores sobre c¨®mo atender a los enfermos en casa, prestarles apoyo psicol¨®gico y organizar grupos de autoayuda en los que intercambiar experiencias y explorar soluciones a problemas concretos.

La generalizaci¨®n de los centros de d¨ªa ser¨ªa clave para paliar los problemas que causa la dependencia, pero son la excepci¨®n, no la regla. Casi una rareza. En todo el pa¨ªs hay unas 18.600 plazas, lo que cubre tan s¨®lo al 0,26% de la poblaci¨®n mayor de 65 a?os, y a menos del 1% de los dependientes de esa franja de edad.

Los usuarios privados del centro de Sageco son tan s¨®lo 6 de 59, y eso porque el Ayuntamiento de Madrid no ampl¨ªa presupuesto para que la totalidad de las plazas est¨¦n subvencionadas. Los centros de d¨ªa son caros. ?ste cuesta, sin ayudas p¨²blicas, entre 721 euros al mes, por cinco d¨ªas a la semana con transporte, y 228, por dos d¨ªas sin transporte. En ambos casos se incluye la manutenci¨®n. Dada la escasez de recursos, el l¨®gico criterio de atender primero a los m¨¢s necesitados deja fuera a amplios sectores de la clase media, en los que la existencia de un pariente con discapacidad severa altera gravemente la vida cotidiana y quebranta la econom¨ªa familiar.

Escasez de recursos

Igualmente raqu¨ªtica es la extensi¨®n de la teleasistencia (104.300 beneficiarios), las residencias (240.000 plazas) y la asistencia domiciliaria (a 197.000 personas). Tan s¨®lo el 7,81% de los mayores de 65 tiene acceso a alguno de estos servicios, seg¨²n el informe de 2003 del Imserso. Menos extendidos a¨²n son programas como el de acogimiento familiar. En Madrid, 75 casos. Lo sufraga la Comunidad Aut¨®noma (los beneficiarios pagan el 70% de su pensi¨®n) y lo gestiona la Cruz Roja.

Se trata de una realidad que, como recuerda el geriatra Juan Manuel Mart¨ªnez G¨®mez, est¨¢ muy lejos de los objetivos que se fijaban en el plan gerontol¨®gico nacional de 1992. Dos botones de muestra: el plan preve¨ªa que la teleasistencia llegase al 12% de los mayores de 65 a?os que viviesen solos, al 8% con la ayuda a domicilio y al 0,50% en centros de d¨ªa. La situaci¨®n actual es que estos porcentajes son, respectivamente, del 1,45%, 2,75% y 0,26%. "Lo que m¨¢s ha crecido", se?ala, "son las plazas residenciales. Se ha producido un boom. Las constructoras creen que es un negocio del oro y el moro. En dos a?os podr¨ªan sobrar plazas en residencias privadas, mientras seguir¨ªan escaseando dram¨¢ticamente las p¨²blicas".

Es hora de negociar, pactar, idear y arbitrar recursos. Un proceso a la altura del que tal vez sea el mayor desaf¨ªo al que se enfrenta el Estado de bienestar.