Kirchner destituye al ministro de Justicia y al jefe de Seguridad

El fracaso de la pol¨ªtica de seguridad deton¨® la primera crisis pol¨ªtica en el Ejecutivo argentino despu¨¦s de 13 meses de Gobierno. El presidente N¨¦stor Kirchner la resolvi¨® descabezando ayer el Ministerio de Justicia, del que depende la Secretar¨ªa de Seguridad Interior. El nuevo ministro de Justicia, que releva a Gustavo Beliz, es el abogado Horacio Rosatti, de 47 a?os, experto en derecho constitucional, que era hasta ahora procurador general del Tesoro y es considerado un hombre "de perfil t¨¦cnico, leal, conocido de Kirchner desde que participaron de la Asamblea Constituyente en 1994".

El secretario de Seguridad ser¨¢ Alberto Iribarne, de 54 a?os, que ocup¨® este cargo en 2002 cuando el presidente era Eduardo Duhalde y fue viceministro del Interior hasta 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem. Iribarne fue jefe de la campa?a electoral de Duhalde en 1999.

Antes de iniciar su visita de tres d¨ªas a Bolivia y Venezuela, el jefe del Estado hab¨ªa decidido ya el relevo del jefe de la Polic¨ªa Federal, Eduardo Prados, y del secretario de Seguridad, Norberto Quantin, por incumplir instrucciones precisas. Kirchner hab¨ªa ordenado por escrito un dispositivo de seguridad de la sede del legislativo de la ciudad con tres l¨ªneas de protecci¨®n de polic¨ªas "sin armas" letales para evitar que se repitieran los incidentes violentos del 16 de julio, d¨ªa en que se aprob¨® el nuevo C¨®digo de Convivencia de la ciudad.

Cuando el presidente se march¨®, el ahora ex ministro Gustavo Beliz dijo que "sectores mafiosos" de la polic¨ªa y de los servicios de inteligencia del Estado, "con ramificaciones en el poder judicial", estaban intentando desplazarle del cargo. La Secretar¨ªa de Inteligencia del Estado est¨¢ bajo control de dos amigos y ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz cuando Kirchner era el gobernador. Enterado el presidente de esas declaraciones a la prensa en Buenos Aires, a?adi¨® al ministro y a todos los designados por ¨¦l a la lista de despidos.

Beliz, ex secretario de la Funci¨®n P¨²blica y ex ministro del Interior del Gobierno de Carlos Menem, se march¨® en 1993 del Ejecutivo despu¨¦s de denunciar que hab¨ªa estado en medio de un "nido de v¨ªboras". Aliado al ex ministro de Econom¨ªa de Menem, Domingo Cavallo, y al actual jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fern¨¢ndez, Beliz disput¨® la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras esa derrota electoral, Fern¨¢ndez le acerc¨® a Kirchner.

La renuncia de Beliz se anunciaba desde hace dos meses, tras el secuestro y muerte de Axel Blumberg, un joven por el que su familia hab¨ªa pagado el rescate y fue asesinado antes de que la polic¨ªa detuviera a los captores. El padre de Axel se dispuso a luchar "para que esto no le ocurra m¨¢s a nadie", recogi¨® la indignaci¨®n social por la creciente inseguridad en la periferia de Buenos Aires, donde cada d¨ªa, adem¨¢s de las acciones directas de los piqueteros, que cortan rutas, calles y extorsionan a las empresas, se registran decenas de casos de robos, secuestros y asesinatos en el que est¨¢n involucrados oficiales de la polic¨ªa, retirados o activos.

A modo de respuesta pol¨ªtica, Beliz anunci¨® un Plan Estrat¨¦gico de Seguridad que no lleg¨® a ejecutarse y s¨®lo sirvi¨® para abrir tres fiscal¨ªas en la capital federal.

Para el ex ministro de Defensa y de Econom¨ªa del Ejecutivo de Fernando de la R¨²a, el radical Ricardo L¨®pez Murphy, l¨ªder ahora de la centroderecha reunida en el movimiento Recrear, es "evidente el fracaso de la pol¨ªtica de seguridad. El Gobierno ha cometido errores muy serios. Y no se trata ahora solamente de cambiar a los funcionarios, hay que cambiar las pol¨ªticas".

Kirchner ya advirti¨® a los nuevos funcionarios de que la orden de "no criminalizar la protesta social" se mantiene. La polic¨ªa no est¨¢ autorizada a usar sus "armas letales" en el control de las manifestaciones o actos de protesta. En su reemplazo se utilizar¨¢n bombas de gas picante, disparos de se?ales fosforescentes para identificar y detener a los que cometan delitos contra la propiedad p¨²blica o privada, y las descargas de electricidad que inmovilizan durante 15 minutos.