Sagrada igualdad

La ofensiva de los obispos espa?oles contra el reconocimiento legal del matrimonio entre homosexuales adopt¨® el pasado domingo, en Santiago de Compostela, un tono inusual y preocupante. El arzobispo Juli¨¢n Barrio aprovech¨® la presencia, dictada por la costumbre, de las m¨¢ximas autoridades del Estado para echar en cara de nuevo al Gobierno dicho proyecto de ley, reivindicar el derecho de los obispos a inmiscuirse en la vida pol¨ªtica y denunciar el laicismo de la sociedad espa?ola, expresado bien a las claras por las m¨¢s recientes encuestas de opini¨®n.

La Iglesia espa?ola se halla en una situaci¨®n de privilegio respecto a otras confesiones religiosas, principalmente en lo que se refiere a su financiaci¨®n a trav¨¦s de los presupuestos, consecuencia de la insuficiente aportaci¨®n de sus feligreses a la hora de sufragar sus necesidades a trav¨¦s de la declaraci¨®n del IRPF. En un territorio m¨¢s inmaterial, como es el de tradiciones como la ofrenda al ap¨®stol Santiago, la Iglesia requiere un comportamiento especial de las autoridades civiles de un Estado no confesional, que no otorga un trato equivalente a otras confesiones. La deferencia de estas autoridades se ha visto correspondida en el caso del arzobispo de Santiago con una fil¨ªpica fuera de lugar, impropia de un acto en el que deber¨ªa primar la cortes¨ªa entre autoridades religiosas y civiles. A la Iglesia no le faltan precisamente tribunas para transmitir sus mensajes.

Esta escalada de la tensi¨®n se produce por efecto de las leyes que ha anunciado el Gobierno para hacer efectivo el principio de igualdad de los ciudadanos y no discriminaci¨®n en raz¨®n de sexo, religi¨®n o lengua. La no discriminaci¨®n entre confesiones religiosas, sean mayoritarias o minoritarias, es un mandato constitucional que obliga a los poderes p¨²blicos. Aunque el motivo invocado de forma expresa sea el prop¨®sito de regular el matrimonio entre homosexuales, es dif¨ªcil no relacionar estas tensiones con el proyecto del Gobierno socialista de normalizar las relaciones de cooperaci¨®n, en especial las de car¨¢cter econ¨®mico, entre el Estado y las confesiones protestante, jud¨ªa y musulmana, poniendo al d¨ªa los convenios firmados en 1992 con estas tres entidades religiosas de notorio e hist¨®rico arraigo en Espa?a.

El modelo no podr¨¢ separarse, en sus grandes rasgos, del seguido en las relaciones con la Iglesia cat¨®lica. Pero no ser¨ªa admisible que esa igualdad de trato se equiparara con los privilegios de que todav¨ªa goza la Iglesia cat¨®lica, sobre todo aquellos que tienen dif¨ªcil encaje en un Estado aconfesional.