El Parlamento Europeo obliga a Bruselas a revisar el apoyo financiero al trasvase J¨²car-Vinalop¨®

El primer informe que adopta el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 13 de junio supone un serio rapapolvo a la pol¨ªtica urban¨ªstica y de aguas del PP espa?ol. La Comisi¨®n de Peticiones de la Euroc¨¢mara, as¨ª llamada porque recoge las quejas de los ciudadanos, aprob¨® ayer por aplastante mayor¨ªa, s¨®lo en contra de los tres votos de tres eurodiputados populares espa?oles, un demoledor informe contra la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) valenciana y otro que obliga a la Comisi¨®n Europea a revisar la financiaci¨®n comunitaria que otorg¨® al trasvase J¨²car-Vinalop¨®.

La adopci¨®n de sendos informes se tom¨® tras un acalorado debate en el que diversos eurodiputados tacharon la LRAU de "ley antieuropea, antiecol¨®gica e indigna" y hasta hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos europeos para no hacer inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana mientras se mantenga una situaci¨®n que consideran de "inseguridad jur¨ªdica" en la que "no se respeta ni siquiera el derecho a la propiedad" y se deja v¨ªa libre a la especulaci¨®n y la corrupci¨®n.

Aunque el grueso de la reuni¨®n se dedic¨® a debatir sobre los abusos que, seg¨²n el informe parlamentario, ha facilitado la controvertida ley urban¨ªstica, lo cierto es que jur¨ªdicamente tiene m¨¢s calado la aprobaci¨®n del relativo al trasvase porque obliga expresamente a Bruselas a revisar su decisi¨®n de otorgar 80 millones de euros de fondos europeos para costear las obras. "Si los datos del nuevo Gobierno espa?ol son distintos a los que nos aportaron en su momento", explica un funcionario de la Comisi¨®n, "y vemos que no se cumplen las condiciones bajo las cuales se otorgaron los fondos, estar¨ªamos obligados a emitir un informe negativo".

Entre las condiciones impuestas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar las obras con fondos europeos se encuentran la de no utilizar agua del Ebro y la de mantener un caudal ecol¨®gico en la cuenca cedente. Un portavoz de la Comisi¨®n explic¨® a los eurodiputados que el proyecto no parece vulnerar ninguna de las directivas medioambientales europeas, si bien utilizaba los datos oficiales que Espa?a hab¨ªa enviado antes del cambio de Gobierno en Madrid.El eurodiputado verde por Valencia, David Hammerstein denunci¨® el hecho de que las obras ya hayan comenzado sin haber dilucidado primero si se cumplen las condiciones impuestas por el BEI. "Los viejos datos no son ciertos", dijo Hammerstein. "No hay agua suficiente para el trasvase. Estas obras ya iniciadas son un despilfarro a costa del contribuyente".

La eurodiputada del PP Cristina Guti¨¦rrez-Cortines defendi¨® el proyecto asegurando que no se hace para fomentar el turismo, sino para surtir de agua a los acu¨ªferos desecados de la zona, lo que en parte contradijo despu¨¦s el representante de la Generalitat a?adiendo que el agua se usar¨¢ tambi¨¦n para el abastecimiento urbano.

Pero Guti¨¦rrez-Cortines y sus dos correligionarios Carlos Iturgaiz y Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Margallo se quedaron solos en el rechazo de ambos informes. Ni siquiera sus compa?eros de filas de otros pa¨ªses votaron con ellos. "No me veo en condiciones de decidir aqu¨ª", dijo el popular Rainer Wieland. "El PPE [Partido Popular Europeo] necesita un debate m¨¢s profundo".

Wieland se refer¨ªa fundamentalmente al informe relativo a la LRAU, que describe los supuestos abusos de los que han sido objeto miles de ciudadanos a los que se les ha expropiado terreno en ocasiones para construir chal¨¦s de lujo en lo que el informe parlamentario denomina "vulneraci¨®n grave de los derechos m¨¢s elementales de muchos miles de ciudadanos europeos".

Este informe, como el anterior, ha sido elaborado por un peque?o grupo de eurodiputados que en mayo, y enviados por la Euroc¨¢mara anterior, visit¨® la zona y se entrevist¨® con afectados, expertos y autoridades. Fue en relaci¨®n con este asunto en el que la ex eurodiputada Margot Kesler, que ha participado en la investigaci¨®n, hizo el llamamiento a no invertir en la Comunidad Valenciana. "Ha habido demasiados abusos y clara corrupci¨®n en aplicaci¨®n de la ley", dijo la liberal brit¨¢nica Sarah Ludford. "Cre¨ª que la gente exageraba hasta que fui a verlo por m¨ª mismo", explic¨® el conservador brit¨¢nico Daniel Hannan. "Conoc¨ª historias que ponen los pelos de punta".

En representaci¨®n de la Generalitat valenciana, el jefe de servicio Fernando Ricard dijo que la LRAU es plenamente constitucional, que es una buena ley que intenta ordenar el urbanismo y que con ella se intent¨® siempre frenar la especulaci¨®n porque hab¨ªa mucho suelo r¨²stico donde se ha edificado ilegalmente. Ricard explic¨® que si la norma se est¨¢ cambiando es para garantizar mejor los derechos de los propietarios y tild¨® de "problemas puntuales" y "desviaciones a resolver" los abusos que describe el informe parlamentario.

Catorce votos contra tres impusieron que se adoptaran los dos informes. Los socialistas se abstuvieron porque consideraron que, t¨¢cticamente, era mejor seguir debatiendo el tema para mantenerlo candente en el Parlamento Europeo. A pesar de los aplausos y la emoci¨®n de las organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos de afectados ah¨ª presentes, el socialista Joan Calabuig record¨® que con la adopci¨®n del informe sobre la LRAU se cierra el asunto en la Euroc¨¢mara.