Una reforma imprescindible

La reforma de la regulaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n audiovisual de titularidad p¨²blica sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema democr¨¢tico. Es algo ya inaplazable, no s¨®lo porque las normativas vigentes han quedado absolutamente obsoletas, sino porque cada vez est¨¢ m¨¢s claro que no sirven para asegurar la calidad y eficiencia econ¨®mica y social exigible siempre en un servicio p¨²blico. Basadas en el Estatuto Jur¨ªdico de Radio y Televisi¨®n de 1980, a¨²n en los inicios de nuestra transici¨®n democr¨¢tica, es obvio que dichas normativas han quedado superadas tanto por los decisivos cambios que desde entonces se han producido como consecuencia de los constantes avances tecnol¨®gicos y de las importantes modificaciones del mercado nacional e internacional del sector, como a causa de la profunda transformaci¨®n pol¨ªtica que se ha desarrollado en Espa?a, al pasar de una estructura radicalmente centralista al actual Estado de las autonom¨ªas, miembro, adem¨¢s, de la Uni¨®n Europea. Nada queda ya del panorama radiof¨®nico y televisivo de la Espa?a de 1980, basado en un sistema poco menos que monopol¨ªstico y casi aut¨¢rquico.

Hay que abordar la reforma de la regulaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos

No obstante, con ser muy importantes todos estos cambios, lo son a¨²n mucho m¨¢s los que se derivan de la constataci¨®n un¨¢nime de la ineficiencia de la legislaci¨®n actual para asegurar la existencia de unos medios de comunicaci¨®n audiovisual que respondan de verdad a su condici¨®n de servicio p¨²blico. Esto, que es evidente en el caso de RTVE, lo es tambi¨¦n en el de la CCRTV y de las restantes empresas de radiotelevisi¨®n auton¨®micas, as¨ª como en las de titularidad municipal. Si un servicio p¨²blico de estas caracter¨ªsticas debe ser un referente de calidad que garantice el acceso universal y gratuito a una informaci¨®n libre, veraz y plural, que promueva tanto el compromiso c¨ªvico y democr¨¢tico de la ciudadan¨ªa como la divulgaci¨®n y socializaci¨®n del conocimiento, a la vista est¨¢ que la legislaci¨®n actual no sirve para ello.

La reforma puesta en marcha por el Gobierno presidido por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que en Catalu?a corre paralela a la anunciada por Pasqual Maragall, deber¨¢ basarse, en primer lugar, en la adopci¨®n de un sistema de financiaci¨®n equilibrado y estable, mediante los correspondientes contratos programa plurianuales que resuelvan los muy elevados d¨¦ficit heredados y que al mismo tiempo garanticen la viabilidad econ¨®mica de un servicio p¨²blico eficaz y de calidad. En este sentido har¨ªan bien los legisladores en tener en cuenta que, probablemente mucho m¨¢s pronto que tarde, la ¨²nica fuente de financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos de radiotelevisi¨®n deber¨¢ ser ya, por mandato expreso de la Uni¨®n Europea, exclusivamente p¨²blica, y por tanto sin poder acudir al recurso de los ingresos derivados de la publicidad. Y har¨ªan muy bien en condicionar esta financiaci¨®n ¨²nicamente p¨²blica a unas exigencias de calidad en los contenidos de la programaci¨®n y de eficiencia en la gesti¨®n empresarial, esto es, en la rentabilidad social.

Evidentemente, todo ello debe pasar por un protagonismo mucho mayor de los profesionales que trabajan en estos servicios p¨²blicos, que deben ver claramente reconocidos sus estatutos y comit¨¦s profesionales y consejos de redacci¨®n, as¨ª como sus derechos a disponer de su cl¨¢usula de conciencia, su c¨®digo deontol¨®gico, sus derechos de autor... Pero todo ello, como escrib¨ªa Vicen? Navarro el 21 de julio en estas p¨¢ginas, no debe convertir a estos profesionales en los exclusivos responsables de estos medios, que por su titularidad p¨²blica deben ser dirigidos en cualquier caso por los leg¨ªtimos representantes democr¨¢ticos de dicha propiedad, que no es otra que el conjunto de la sociedad.

Ello nos lleva a constatar la cada vez m¨¢s imperiosa necesidad de una nueva regulaci¨®n de los sistemas de elecci¨®n de los m¨¢ximos responsables de las radiotelevisiones p¨²blicas, sea cual sea su ¨¢mbito territorial de actuaci¨®n. Con el inequ¨ªvoco reconocimiento de todos los derechos y deberes ya citados para los profesionales de estos medios p¨²blicos, ¨¦stos deben quedar ya definitivamente desgubernamentalizados por completo, para dejar de ser poco menos que meros instrumentos al servicio de la propaganda pol¨ªtica del gobierno de turno y ser aut¨¦nticos servicios p¨²blicos, fiel expresi¨®n de la compleja pluralidad de cualquier sociedad.

Conviene tener muy en cuenta, no obstante, que para que unos medios de comunicaci¨®n p¨²blicos hasta ahora muy gubernamentalizados dejen realmente de serlo, resulta imprescindible proceder a la adopci¨®n de medidas que realmente garanticen la independencia de los medios, tanto ahora como en el futuro. Una independencia que est¨¢ claro que no s¨®lo es exigible respecto a los gobiernos actuales, sino tambi¨¦n en relaci¨®n con sus predecesores, y que en cualquier caso debe fijar unos criterios que garanticen que las sucesivas expresiones de la libre voluntad popular, expresada siempre democr¨¢ticamente en las urnas, sean tenidas en cuenta en los contenidos de las programaciones, para que ¨¦stas respondan a las sensibilidades socialmente mayoritarias, con pleno respeto para los intereses leg¨ªtimos de las diversas minor¨ªas, aunque muy a menudo ¨¦stos puedan ser contradictorios.

Para que todo ello sea posible, para que en definitiva dispongamos de una vez de unos medios de comunicaci¨®n p¨²blicos plenamente dignos de este nombre, sus ¨®rganos de direcci¨®n, administraci¨®n y gesti¨®n deben ser de elecci¨®n democr¨¢tica de personas de reconocido prestigio, mediante mayor¨ªas cualificadas, con mandatos superiores a los legislativos y con un riguroso sistema de incompatibilidades profesionales. Estos m¨¢ximos responsables, de acuerdo con los profesionales de los medios, deben ser los garantes democr¨¢ticos no s¨®lo de la efectiva y plena desgubernamentalizaci¨®n del servicio p¨²blico sino tambi¨¦n de que ¨¦ste, como Vicen? Navarro reivindicaba en su reciente art¨ªculo, responda con la m¨¢xima fidelidad posible a las l¨®gicas demandas que la sociedad formula al servicio p¨²blico, sin que ¨¦ste deba caer por ello en la dictadura de las audiencias.

Un servicio p¨²blico de radiotelevisi¨®n digno de este nombre en ning¨²n caso debe guiarse fundamentalmente por criterios de audiencia, pero debe responder a las siempre cambiantes y muy diversas sensibilidades sociales, mediante una gesti¨®n eficiente y rigurosa de los caudales p¨²blicos que en todo caso garantice la necesaria rentabilidad social del servicio p¨²blico.

Jordi Garc¨ªa-Soler es periodista.