En medio del desierto informativo

Por desinformaci¨®n, Betti Cobos, una ecuatoriana con residencia legal desde hace dos a?os en Espa?a, volvi¨® a Ecuador a buscar a sus dos hijos peque?os despu¨¦s de gestionar su documentaci¨®n. Pari¨® a su tercer hijo en Quito dos meses antes de lo previsto. Se atras¨® y tuvo que volver a Espa?a dejando a sus tres hijos all¨ª, incluido el reci¨¦n nacido, que si ella hubiera dado los pasos correctos habr¨ªa sido espa?ol de nacimiento. Cuando lleg¨® a Barcelona, dos meses despu¨¦s de lo acordado con su patr¨®n, estaba sola y hab¨ªa perdido el empleo.

Adem¨¢s de afrontar la incomprensi¨®n, los oportunismos y un sinf¨ªn de complicaciones burocr¨¢ticas, los inmigrantes no tienen acceso r¨¢pido a informaci¨®n fehaciente sobre los modos en que se deben llevar a cabo sus tr¨¢mites.

Los asesores cobran 20 euros por cada consulta y cerca de 300 por la tramitaci¨®n completa

La asociaci¨®n que la asesoraba entendi¨® mal una carta de la Administraci¨®n

Betti hab¨ªa sido asesorada por una asociaci¨®n de inmigrantes (ella prefiere no mencionar el nombre) pagando, en cuotas, 140 euros por hacer preguntas durante todo el proceso. Cuando, despu¨¦s de demostrar que contaba con medios suficientes, recibi¨® la notificaci¨®n de la Administraci¨®n para la reagrupaci¨®n familiar, en el escrito que le enviaban se indicaba: "El interesado deber¨¢ solicitar la tarjeta de residencia en el plazo de un mes de su llegada a Espa?a". La asociaci¨®n entendi¨® que Betti ten¨ªa un mes para ir a buscar a sus hijos. En realidad, ni siquiera hac¨ªa falta que viajara. Los ni?os, con la autorizaci¨®n de su padre, pod¨ªan volar y al llegar a Espa?a tendr¨ªan un mes para presentarse en la Delegaci¨®n de Gobierno.

"Me hubiera quedado en mi pa¨ªs, pero eso implicaba que perd¨ªa mi propio permiso de residencia en Espa?a", explica Betti en un tono que pide a gritos ayuda. "All¨ª no tengo ni trabajo ni casa y desde aqu¨ª por lo menos s¨¦ que puedo enviarles algo a mis hijos, para que no mueran de hambre".

La historia de Betti es s¨®lo un ejemplo de los miles de casos fallidos. "Faltan infraestructuras y profesionalismo. Lo que sucede es que las asociaciones de inmigrantes a veces no saben c¨®mo ayudar y, aunque tienen buena voluntad, como atienden a mucha gente y cuentan con poco tiempo, terminan por causar m¨¢s problemas", explica Javier Bonomi, el abogado que recibi¨® a Betti en estado de desesperaci¨®n, y que trabaja para la Red Solidaria Argentina en Barcelona y diversas asociaciones. "Estamos solicitando al Gobierno que se destinen m¨¢s recursos a la atenci¨®n al inmigrante", comenta Bonomi, quien atiende gratis unas 800 citas mensuales.

La Generalitat y el Gobierno central llegaron un acuerdo para que los tr¨¢mites puedan efectuarse en las oficinas de Trabajo. La medida ha logrado desatascar los tr¨¢mites, pero muchas veces falta asesoramiento.

Por ahora, para el inmigrante que debe tramitar su visado resulta muy dif¨ªcil encontrar alg¨²n asesor en quien confiar.

En los medios de comunicaci¨®n dirigidos a comunidades latinas o ¨¢rabes aparecen anuncios de abogados que cobran unos 20 euros por cada consulta (y cerca de 300 por la tramitaci¨®n completa, seg¨²n cada caso). Pero pagar tampoco garantiza que el abogado haga bien los tr¨¢mites. De hecho, el pago incrementa las posibilidades del inmigrante de caer en estafas.

Gratuitamente, por Internet o guardando una larga cola, la Delegaci¨®n de Gobierno entrega documentos en los que incluye los requisitos para cada tramitaci¨®n. Pero por la complejidad del papeleo y los t¨¦rminos utilizados en la explicaci¨®n, resulta dif¨ªcil cumplimentar los requisitos sin la ayuda de un asesor. Por ejemplo, en la hoja informativa de Autorizaci¨®n de trabajo por cuenta ajena (visado de trabajo por contrato) se solicita, entre otros, "aquellos documentos que justifiquen que concurren, si son alegados por el interesado, alguno o algunos de los supuestos espec¨ªficos establecidos en el art¨ªculo 40 de la Ley de Extranjer¨ªa, en concordancia con el art. 71 del R. D. 864 / 2001, de 20 de julio".

"Asumimos que hay d¨¦ficit de informaci¨®n", ha reconocido Eduard Planells, subdelegado del Gobierno en Barcelona. "La informaci¨®n se da a trav¨¦s de Internet, tel¨¦fono, entidades y asociaciones. En los pr¨®ximos meses creemos que seremos capaces de arreglarlo", agrega.

La Generalitat no tiene competencia para otorgar visados, pero es responsable por su acogida, brinda un servicio oficial y gratuito de asesor¨ªa y gesti¨®n a trav¨¦s de los ayuntamientos, municipios y entidades. Pero los resultados de consultar a estas organizaciones dependen de la suerte de donde recurra el inmigrante. En Barcelona, por ejemplo, aun con la participaci¨®n de los sindicatos CC OO y UGT, los trabajadores del Servicio de Atenci¨®n a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER) se encuentran desbordados de trabajo. El inmigrante tarda un mes en conseguir entrevistarse con un gestor, a lo cual debe sumarse que la primera cita con la Delegaci¨®n del Gobierno para pedir el visado requiere otros seis meses de espera.

En Catalu?a, una gu¨ªa de acogida editada por el Gobierno se explaya en asuntos de lenguaje y tradici¨®n catalanas, impuestos, trabajo, sanidad, vivienda y transporte, y s¨®lo dedica tres p¨¢ginas al cap¨ªtulo: Es necesario tener estancia o permanencia legal. "Somos responsables de la inclusi¨®n social del inmigrante. Eso no es necesariamente un servicio de documentaci¨®n. De eso se encarga cada ayuntamiento", dice Saoka Kingolo, responsable del ¨¢rea de Ciudadan¨ªa y Participaci¨®n de la Secretar¨ªa para la Inmigraci¨®n. "En el pr¨®ximo plan de inmigraci¨®n queremos coordinar a todas las entidades que ayudan al inmigrante, para dar un servicio adecuado". Mientras, el caso de Betti sigue sin resolverse. Ha logrado otro trabajo, pero no fijo, que es lo que la Administraci¨®n le exige para que pueda traer a sus hijos.