El Gobierno de Maragall anula dos duopolios que CiU prorrog¨® antes de perder el poder

El consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, el socialista Josep Maria Ra?¨¦, inform¨® ayer al Gobierno catal¨¢n de su decisi¨®n de anular las pr¨®rrogas de dos duopolios decretadas por el Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) justo antes de abandonar el poder. El Ejecutivo alega razones jur¨ªdicas y en favor de la transparencia para revocar las pr¨®rrogas de las concesiones para la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) y la inspecci¨®n y control industrial (EIC). Algunas de las empresas afectadas anunciaron ayer mismo que recurrir¨¢n a los tribunales.

Dos meses antes de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, el Gobierno nacionalista prorrog¨® las concesiones para la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) a Applus + (del grupo Agbar) y RVSA y para las empresas de inspecci¨®n y control a ICICT y ECA. Ambos duopolios fueron prorrogados hasta 2014 pese a que las concesiones no venc¨ªan hasta 2006.

La facturaci¨®n conjunta de ambos servicios fue en 2003 de 67,2 millones de euros, seg¨²n datos de la Generalitat. El canon que las cuatro empresas concesionarias abonaron al Gobierno catal¨¢n en el mismo ejercicio fue de 1,7 millones de euros, tambi¨¦n seg¨²n datos oficiales.

Ante las "dudas jur¨ªdicas" sobre la pr¨®rroga se?aladas ayer por Josep Maria Ra?¨¦, el portavoz del Gobierno catal¨¢n, Joaquim Nadal, subray¨® que la medida era necesaria en aras de la transparencia: "Queremos la m¨¢xima transparencia para evitar cualquier sombra de duda".

En septiembre de 2003, cuando se prorrogaron ambos duopolios, el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) la explicaron por el deseo de CiU de "blindar" a determinadas empresas ante su eventual derrota electoral. Ayer, el Gobierno fue m¨¢s cauto, pero el portavoz parlamentario de Iniciativa-Esquerra Unida (ICV-EUiA), Joan Boada, insist¨ªa en que la decisi¨®n del Gobierno de izquierdas supone un rev¨¦s "al amiguismo entre CiU y determinados poderes econ¨®micos".

Recursos judiciales

Boada estaba ayer exultante por la decisi¨®n del Gobierno, y la celebr¨® como una victoria para ICV. Esta formaci¨®n acudi¨® al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) para intentar frenar la pr¨®rroga y estaba dispuesto a seguir adelante en el caso de que el Ejecutivo hubiera dado carpetazo a la pol¨¦mica.

El recurso de ICV ante los tribunales fue uno de los motivos citados por Ra?¨¦ para explicar la inseguridad jur¨ªdica de la situaci¨®n creada por la apresurada pr¨®rroga del Gobierno de CiU. El consejero a?adi¨® que adem¨¢s de Iniciativa, cinco empresas del sector hab¨ªan planteado contenciosos ante los tribunales y que una sexta present¨® un recurso administrativo de reposici¨®n ante el Departamento de Industria.

La decisi¨®n de ayer del Gobierno catal¨¢n anula la pr¨®rroga, pero mantiene las respectivas concesiones hasta 2006, como establec¨ªa el contrato original, de 1986. Ra?¨¦ asegur¨® que el Ejecutivo dispone de tres informes jur¨ªdicos que justifican la anulaci¨®n de la pr¨®rroga: de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, del Gabinete Jur¨ªdico Central y de un bufete privado de abogados. "No se acreditaron qu¨¦ elementos justificaban la ampliaci¨®n [de la concesi¨®n]", asegur¨® Ra?¨¦. A su juicio, ello hac¨ªa prever perjuicios futuros a las empresas concesionarias y tambi¨¦n al Gobierno catal¨¢n cuando se pronunciasen los tribunales.

Ra?¨¦ y Nadal, que comparecieron juntos, rechazaron la posibilidad de indemnizar a las cuatro empresas, pero se mostraron abiertos a recalcular el canon para 2004, acordado tras ampliarse la concesi¨®n. El Gobierno catal¨¢n subray¨® que las cuatro empresas estan haciendo bien su trabajo y se comprometi¨® a abrir un debate sobre el modelo que guiar¨¢ la prestaci¨®n de ambos servicios a partir de 2006, pero apunt¨® ya cuatro criterios: m¨¢xima calidad para garantizar la seguridad, "control efectivo" por parte de la Generalitat, implantaci¨®n que cubra todas las comarcas de Catalu?a y "precios ajustados".Las empresas afectadas estudian ahora la posibilidad de acudir a los tribunales. Algunas ya lo tienen claro, como Applus +, filial de certificaci¨®n de Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa m¨¢s beneficiada por la pr¨®rroga al copar el 75% del negocio de las ITV en Catalu?a a trav¨¦s de 37 estaciones. Un portavoz de la compa?¨ªa asegur¨® a este peri¨®dico que emprender¨¢n acciones legales para mantener la concesi¨®n hasta 2014.

Por su parte, RVSA, con el 25% restante del negocio de las ITV con nueve estaciones fijas y dos m¨®viles, se limit¨® a se?alar que pondr¨¢ el caso en manos de sus abogados. No obstante, fuentes de la empresa dieron pr¨¢cticamente por hecho que tambi¨¦n presentar¨¢n recurso. Un portavoz de esta firma, con sede en Terrassa, consider¨® que la decisi¨®n del Gobierno catal¨¢n, "adem¨¢s de injusta, crea inseguridad jur¨ªdica".

Ambas concesionarias recuerdan que la suspensi¨®n no afecta ¨²nicamente a los c¨¢nones que entregan a la Administraci¨®n -el decreto de pr¨®rroga los elev¨® a alrededor del 10% de la facturaci¨®n anual-, sino que han llevado a cabo una serie de inversiones que estaban indicadas en el contrato.

Contabilidad anal¨ªtica

Ninguna de las compa?¨ªas quiso detallar estas inversiones, pero el Gobierno de Maragall las minimiz¨®: "Exigir [en el contrato] contabilidad anal¨ªtica no tiene que ser compensado", afirm¨® Ra?¨¦ poniendo como ejemplo uno de los compromisos vinculados a la pr¨®rroga. El consejero inform¨® personalmente a las empresas afectadas a la salida del Consell Executiu de ayer, antes de firmar el decreto que anula la pr¨®rroga.

Las concesionarias subrayan que el Gobierno que prorrog¨® las concesiones era tan leg¨ªtimo com el actual y han recibido con "sorpresa" la revocaci¨®n, teniendo en cuenta que otras comunidades mantienen modelos basados en la concesi¨®n.

Este mismo argumento esgrimi¨® ayer el diputado de CiU Antoni Fern¨¢ndez Teixid¨®, el consejero que en 2003 firm¨® la pr¨®rroga. En conversaci¨®n con este peri¨®dico, defendi¨® la solvencia jur¨ªdica de la pr¨®rroga y asegur¨® que reportaba importantes beneficios para la Administraci¨®n porque "asegura servicio a todo el territorio catal¨¢n y no ¨²nicamente en las zonas m¨¢s concurridas" y que sus "contrapartidas", en forma de c¨¢nones, seguridad y control inform¨¢tico, son "satisfactorias".

Cuando prorrog¨® los duopolios, el Gobierno de CiU aleg¨® que supon¨ªa una protecci¨®n del sistema de concesi¨®n frente a la liberalizaci¨®n propugnada por la legislaci¨®n estatal. Ayer Ra?¨¦ destac¨® que existe margen legal suficiente como para evitar la liberalizaci¨®n del servicio y garantizar el control de la Administraci¨®n mediante la creaci¨®n de empresas mixtas o bien por r¨¦gimen de autorizaci¨®n.