El Gobierno lleva a los juzgados las irregularidades en el chalet de Ardanza
Las irregularidades urban¨ªsticas del chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel Jos¨¦ Antonio Ardanza, ubicado en la reserva de Urdaibai, ya est¨¢n en los tribunales. El Gobierno ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Arteaga, el municipio vizcaino donde se ubica el caser¨®n, por su negativa a actuar en este caso.
La demanda se interpuso el pasado 30 de julio, "en plazo legalmente establecido", seg¨²n inform¨® ayer el Departamento de Medio Ambiente. El Ejecutivo hab¨ªa decidido formalmente, en un Consejo de Gobierno celebrado el 27 de abril, trasladar este caso a los juzgados si el consistorio de Arteaga manten¨ªa su postura. Este ayuntamiento, gobernado por el PNV, se ha declarado "no competente" para resolver las infracciones del chalet, dos a?os despu¨¦s de que varios informes t¨¦cnicos constataron seis ilegalidades, como la construcci¨®n de dos plantas no previstas en el proyecto, la superaci¨®n en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusi¨®n de una piscina. Adem¨¢s, el Patronato de Urdaibai, ¨®rgano que gestiona la reserva, constat¨® un aumento de un 38,6% en la superficie construida, que pas¨® de los 634 metros cuadrados proyectados a 879. La familia Ardanza utiliza la vivienda desde hace dos a?os.
La denuncia del Gobierno argumenta que el Ayuntamiento debe actuar y restaurar el "ordenamiento urban¨ªstico conculcado" en las obras. Los tribunales deber¨¢n determinar si, como sostiene el Ejecutivo, es el municipio quien debe intervenir en el caso al tratarse de un asunto de urbanismo.
El Ayuntamiento de Arteaga tiene otra demanda judicial por este asunto presentada por el Taller de Ecolog¨ªa de Gernika, el grupo que realiz¨® las primeras denuncias sobre el inmueble de Ardanza. Esta es la segunda vez que el Gobierno lleva a los tribunales a un municipio de Urdaibai por incumplir la ley de protecci¨®n de la reserva. El primer caso fue contra el consistorio de Mendata por otro chalet que transgred¨ªa la normativa de Urdaibai, y el Tribunal Superior dio la raz¨®n al Ejecutivo.
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