El Gobierno plantear¨¢ adelantar la reforma de la doble instancia penal

El ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, se mostr¨® ayer "receptivo" a introducir la segunda instancia penal en los tribunales superiores de justicia, reforma que podr¨ªa adelantarse a la promulgaci¨®n de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno. El ministro se reuni¨® ayer con representantes de Jueces para la Democracia, a los que traslad¨® que mantendr¨¢ su compromiso de crear entre 100 y 150 juzgados el pr¨®ximo a?o.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodr¨ªguez Ach¨²tegui, manifest¨® anoche que hab¨ªan trasladado al ministro de Justicia su preocupaci¨®n por el hecho de que Espa?a haya sido condenada por organismos y tribunales internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por carecer de la doble instancia penal prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de Nueva York suscrito por Espa?a.

Fuentes de Justicia se?alaron que el ministro se mostr¨® convencido de la necesidad de introducir la doble instancia penal e incluso se mostr¨® "receptivo" a la posibilidad de adelantar la reforma a la promulgaci¨®n de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque respetando "la interlocuci¨®n y el consenso con los grupos parlamentarios".

Rodr¨ªguez Ach¨²tegui explic¨® que bastar¨ªa con reformar la ley y crear un recurso de apelaci¨®n para los juicios que se ventilan en ¨²nica instancia ante las Audiencias Provinciales. La apelaci¨®n ser¨ªa resuelta por las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia, lo que permitir¨ªa que el Tribunal Supremo s¨®lo se ocupe de los recursos de casaci¨®n a efectos de unificar la doctrina de los Tribunales Superiores auton¨®micos, "funci¨®n para la que estaba destinado en principio".

La doble instancia penal es una exigencia del art¨ªculo 14.5 del Pacto de Nueva York, y el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado ya en tres ocasiones su incumplimiento por Espa?a, estimando que el Tribunal Supremo no hace una nueva valoraci¨®n de las pruebas presentadas en el juicio celebrado en primera instancia ante una Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de generalizar el recurso de apelaci¨®n para todas las sentencias y mientras esa reforma se lleva cabo viene argumentando que hace una revisi¨®n probatoria propia de un recurso de apelaci¨®n sin juicio, a trav¨¦s de la revisi¨®n de infracci¨®n de preceptos constitucionales introducida en la casaci¨®n. Pero en la pr¨¢ctica se siguen sucediendo los dict¨¢menes adversos e incluso una condena del Tribunal de Estrasburgo por el mismo motivo. Mientras, los abogados plantean cada vez m¨¢s frecuentemente la vulneraci¨®n del Pacto la falta de doble instancia para luego acudir a los tribunales internacionales.

Los representantes de Jueces para la Democracia solicitaron tambi¨¦n que la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias vuelva a depender del Ministerio de Justicia, que "es su sitio natural". El ministro se comprometi¨® a estudiar el asunto "con atenci¨®n".

Seg¨²n el portavoz de JpD, L¨®pez Aguilar les traslad¨® que mantiene su intenci¨®n de crear 1.000 plazas de jueces y fiscales, y que para el a?o pr¨®ximo se crear¨¢n ente 100 y 150 nuevos juzgados.

Por otra parte, el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds, formaciones que componen el tripartito catal¨¢n, han presentado una proposici¨®n no de ley en la que piden al Gobierno que garantice financiaci¨®n para el uso de las lenguas oficiales en la Administraci¨®n de justicia.

En otro de los puntos, plantean que los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de tribunales superiores se elijan mediante mayor¨ªas que expresen "un amplio consenso" con el fin de "reforzar" la independencia del Poder Judicial.