Declaraci¨®n de gobierno catastr¨®fico

Hace unos d¨ªas se han vuelto a producir inundaciones en la Comunidad Valenciana. Esta vez ha sido en el Camp de Morvedre, en la Plana de Castell¨®n, y sobre todo en Nules, donde sus habitantes han visto desaparecer en un momento, bajo las aguas, todo lo que les rodeaba. Casas, campos, carreteras o industrias fueron tragados por incontenibles caudales formados s¨²bitamente a consecuencia de las lluvias torrenciales. Un espect¨¢culo sobrecogedor que se produce con demasiada asiduidad en la Comunidad Valenciana. Vaya por delante mi solidaridad con todos los afectados, cuyo sufrimiento comprendo y comparto desde mi condici¨®n de alcalde de una poblaci¨®n, l'Alc¨²dia, que tambi¨¦n ha padecido inundaciones. Asimismo, otros muchos municipios valencianos guardan en su memoria el mismo horror. Gran parte del territorio de la Comunidad Valenciana, 278 zonas seg¨²n el Plan de Acci¨®n Territorial para prevenir el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova), tiene riesgo de inundabilidad en mayor o menor grado. Cada a?o pagamos un alto coste en bienes, e incluso en vidas, que es imprescindible evitar en lo posible.

Y si es posible y no se ha hecho, ¨¦ste es el momento de asumir responsabilidades y, sobre todo, de dar explicaciones. Es indudable que el Consell nada puede hacer respecto de d¨®nde, cu¨¢ndo o en qu¨¦ cantidad se producen las precipitaciones en la Comunidad Valenciana. Pero tambi¨¦n es cierto que las inundaciones son un fen¨®meno recurrente y que hace a?os que el Consell sabe qu¨¦ obras podr¨ªan reducirlas o evitarlas. En el caso de Nules, el barranco de Juan de Mora ya fue catalogado como de alto riesgo de inundabilidad en el borrador del Patricova (2001). Cuando finalmente se aprob¨®, en 2003, establec¨ªa como obra prioritaria el encauzamiento de este barranco, correspondiendo a la Consejer¨ªa de Infraestructuras ejecutar la obra en el plazo de doce meses. Ante estos datos, y despu¨¦s de lo que ha pasado, Camps debe explicar por qu¨¦ los presupuestos de la Generalitat Valenciana nunca han incluido esta obra. Pero la explicaci¨®n no puede ser que se han acometido otras actuaciones m¨¢s urgentes, porque la Generalitat Valenciana no ha ejecutado ninguna de las actuaciones del Patricova que le corresponden. Ni tampoco urgi¨® en ning¨²n momento al Gobierno Aznar para que ejecutara las que correspond¨ªan al Estado. Muchas de las 153 actuaciones del Patricova estaban tambi¨¦n previstas en el anexo de inversiones del PHN, aprobado en 2001, cuya ejecuci¨®n reclamamos reiteradamente todos los partidos pol¨ªticos. Para estas obras, el Gobierno Aznar solicit¨® 600 millones de euros a la Uni¨®n Europea, quedando obligado a presentar los proyectos concretos en un plazo de cuatro a?os, para obtener las subvenciones. Sin embargo, no present¨® un solo proyecto. Si no se produce a tiempo un cambio de Gobierno, Espa?a hubiera perdido esos fondos europeos. En los tres a?os que transcurrieron, la Generalitat Valenciana nunca reivindic¨® esas inversiones estatales.

La deuda que arrastra la Generalitat Valenciana y la situaci¨®n de quiebra t¨¦cnica en la que se encuentra, tampoco puede explicar la inoperatividad del Consell, ya que s¨®lo las retribuciones de dos a?os de los 31 nuevos altos cargos nombrados por Camps en el ¨²ltimo mes, ya cuestan lo mismo que encauzar el barranco de Juan de Mora. Estamos, pues, ante una cuesti¨®n de prioridades y de talante pol¨ªtico.

Sin embargo, la prevenci¨®n de riesgos naturales no consiste s¨®lo en realizar obras, sino tambi¨¦n en impedir ocupaciones del territorio que no son coherentes con sus caracter¨ªsticas ni con su capacidad para asimilarlas sin consecuencias. En este sentido, Camps debe ser consciente de la importancia de valorar los impactos ambientales de cada actuaci¨®n y debe exigir de su Consell una pol¨ªtica m¨¢s racional en esta materia, comenzando por acabar con el desaforado urbanismo de nuestro litoral. Las costas de la Comunidad Valenciana son las m¨¢s erosionadas de Europa, seg¨²n el Informe Erosi¨®n publicado por la Comisi¨®n Europea. Cada a?o, nuestras playas pierden dos millones de metros c¨²bicos de arena, cuya reposici¨®n implica extraerla de otros lugares, devastando unas zonas para reparar otras. La costa castellonense es la m¨¢s degradada y, sin embargo, seg¨²n declaraciones del presidente de la patronal castellonense de la construcci¨®n, los programas urban¨ªsticos que hay proyectados para el litoral de Castell¨®n supondr¨¢n la ocupaci¨®n de 40 millones de metros cuadrados, con 200.000 viviendas y 100.000 plazas hoteleras en la costa. Este caos urban¨ªstico no s¨®lo est¨¢ deteriorando irremisiblemente los valores naturales de nuestro territorio, sino que contribuye a aumentar la gravedad de procesos como la desertificaci¨®n, la erosi¨®n del suelo o las inundaciones.

El modelo de urbanismo valenciano est¨¢ siendo cuestionado tambi¨¦n por la Uni¨®n Europea, debido a su car¨¢cter especulador. En junio pasado, una delegaci¨®n de eurodiputados visit¨® nuestro pa¨ªs para constatar la veracidad de las denuncias presentadas ante la Comisi¨®n por una aplicaci¨®n abusiva de la Ley valenciana Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU). El informe que han redactado deber¨ªa producir verg¨¹enza en el Consell, que ha amparado los abusos que se relatan en municipios como Benissa, La Vila Joiosa, Tibi, Teulada, X¨¤bia, La Nucia, San Miguel de las Salinas o Benidorm. La LRAU, aprobada en 1994, necesitaba de un reglamento que regulara su aplicaci¨®n y evitara estos abusos. Este desarrollo reglamentario ha sido obviado conscientemente por los sucesivos Consells para no establecer cortapisas a los extraordinarios negocios urban¨ªsticos que se han producido al amparo de este vac¨ªo reglamentario. Operaciones como la realizada en Terra M¨ªtica, han supuesto la urbanizaci¨®n de m¨¢s de 10 millones de metros cuadrados en el entorno del parque permitiendo, a trav¨¦s de la declaraci¨®n de "utilidad p¨²blica", la recalificaci¨®n de un suelo reci¨¦n devastado por un incendio forestal, a?adiendo al delito ecol¨®gico que comporta un enriquecimiento il¨ªcito permitido por la Administraci¨®n. En el informe de los eurodiputados se califica de "elocuente" esta operaci¨®n, ya que las parcelas fueron expropiadas en 1997 al precio de tres euros el metro cuadrado y posteriormente el gestor urban¨ªstico las tas¨® en 20 euros el metro cuadrado.

El informe tambi¨¦n se hace eco de las denuncias que, a este respecto, ha realizado el S¨ªndic de Greugues valenciano, as¨ª como de la desatenci¨®n con que han sido escuchadas por el responsable de urbanismo del Consell, Rafael Blasco. Actitud que no nos sorprende, puesto que el proyecto urban¨ªstico que el Instituto Valenciano de la Vivienda est¨¢ impulsando en Cullera, incluyendo m¨¢s de 33 torres de 25 alturas en primera l¨ªnea de playa, as¨ª como hoteles de 42 plantas, es buena prueba de c¨®mo entiende el conseller el concepto de urbanismo sostenible.

En consecuencia, por los graves efectos ambientales y econ¨®micos que la pol¨ªtica del Consell est¨¢ ocasionando al territorio valenciano y a la calidad de vida de sus habitantes, el Consell de Camps merece la declaraci¨®n de gobierno catastr¨®fico.

Francesc Signes i N¨²?ez es secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV