Las compa?¨ªas de m¨®viles llevan a los tribunales el conflicto por las antenas

Pese a las llamadas al di¨¢logo por parte de la Administraci¨®n Central, las operadoras de m¨®viles y los ayuntamientos est¨¢n llevando a los tribunales la batalla por la instalaci¨®n de antenas. La compa?¨ªas han recurrido en los juzgados casi 1.000 decisiones municipales en relaci¨®n con las ordenanzas que les proh¨ªben o dificultan la instalaci¨®n de antenas. Los tribunales superiores de justicia est¨¢n dando mayoritariamente la raz¨®n a las compa?¨ªas, que cuentan ya con m¨¢s de 80 sentencias favorables. Industria intentar¨¢ este mes poner fin a esta escalada judicial.

Ninguno de los sucesivos intentos realizados por las distintas administraciones para poner de acuerdo a los ayuntamientos y a las compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil a prop¨®sito del despliegue de antenas ha tenido ¨¦xito. El conflicto se dirime cada vez m¨¢s en los tribunales. Las compa?¨ªas han llevado a los juzgados casi 1.000 decisiones en referencia a ordenanzas municipales que imped¨ªan la colocaci¨®n de antenas.

Las escasas sentencias en firme que se conocen est¨¢n mayoritariamente del lado de las operadoras, aunque tambi¨¦n hay fallos a favor de las corporaciones municipales. Seg¨²n fuentes de las operadoras, hasta marzo pasado, 79 de las 88 sentencias dictadas se hab¨ªan pronunciado a favor de las compa?¨ªas.

Las operadoras se quejan de que s¨®lo les conceden el 20% de los permisos para colocar las antenas que solicitan. Actualmente hay 25.000 antenas y se precisan otras 10.000 tanto para atender las necesidades de cobertura actual como para la nueva tecnolog¨ªa UMTS, la generaci¨®n de telefon¨ªa m¨®vil que permite la videollamada y la navegaci¨®n por Internet. Como media se tardan 500 d¨ªas desde que se solicita a una ayuntamiento el permiso hasta que se instala la antena.

La diferente jurisprudencia sobre el asunto dificulta precisamente la agilizaci¨®n de los procesos judiciales. En general, las competencias en materia de infraestructuras de telecomunicaciones corresponden al Estado, aunque los municipios pueden imponer condiciones por motivos de ordenaci¨®n urbana o de impacto medioambiental (pero no sanitaria). No obstante, no existe ninguna regulaci¨®n espec¨ªfica de la ubicaci¨®n de antenas de telefon¨ªa m¨®viles, vac¨ªo que los ayuntamientos ha aprovechado para establecer ordenanzas fijando, por ejemplo, distancias m¨ªnimas respecto a edificios como escuelas o hospitales.

Sin embargo, este punto tambi¨¦n ha generado un importante conflicto puesto que la protecci¨®n sanitaria por los efectos de las emisiones radioel¨¦ctricas tambi¨¦n con competencia exclusivamente estatal. Por si fuera poco, las comunidades aut¨®nomas comienzan a legislar tambi¨¦n sobre esta materia. Catalu?a y Castilla-La Mancha son pioneras en esta materia.

Los tribunales superiores de justicia han comenzado a pronunciarse sobre la materia. Casi todas las sentencias van en la l¨ªnea de delimitar las competencias municipales respecto de la ordenaci¨®n urban¨ªstica. En este sentido, una de los fallos m¨¢s emblem¨¢ticos ha sido el del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) contra la ordenanza municipal de antenas de C¨®rdoba, uno de los municipios que se ha mostrado m¨¢s beligerante contra la colocaci¨®n de antenas. El TSJA anul¨® los art¨ªculos que obligaban a las compa?¨ªas a pedir una licencia antes de instalar antenas, el puntal legislativo sobre el que el Ayuntamiento basaba su oposici¨®n a la instalaci¨®n de antenas.

El TSJA ha dictado sentencias similares sobre ordenanzas de ?cija (Sevilla), Conil (C¨¢diz), Villa de R¨ªo, Hinojosa del Duque, Santiponce y Aguilar de la Frontera (C¨®rdoba).

En Catalu?a, donde se han recurrido m¨¢s de 100 ordenanzas, el TSJ tambi¨¦n ha apoyado mayoritariamente los argumentos de las operadoras, entendiendo que los municipios invaden las competencias estatales. El Alto Tribunal catal¨¢n ha anulado la normativa aprobada por los consistorios de Les Borges Blanques, Reus, Roses, El Masnou, Gav¨¤ y Ulldecona, entre otros.

Tambi¨¦n se ha pronunciado el TSJ de Murcia, que ha dictado sentencia contra la ordenanza de Los Alc¨¢zares en la que se vuelve a mencionar la jurisprudencia constitucional para rechazar aspectos importantes de dicha normativa local.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado los art¨ªculos de las ordenanzas de l?Olleria y la Albatera que exig¨ªa a las compa?¨ªas la obtenci¨®n de una licencia previa del Ayuntamiento para la instalaci¨®n de infraestructuras radioel¨¦ctricas en el t¨¦rmino municipal.