Un informe jur¨ªdico deslegitima la postura de Alonso sobre guarder¨ªas

Un informe jur¨ªdico elaborado por la secretar¨ªa del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha deslegitimado el decreto del alcalde Alfonso Alonso destinado a reorganizar las escuelas infantiles municipales y que mantiene en huelga a las educadoras desde el 1 de septiembre. El informe resalta que la creaci¨®n de la figura de T¨¦cnicos de Jard¨ªn de Infancia (TEJI), uno de los puntos importantes del decreto, no es competencia del alcalde, sino del Pleno, que es quien puede modificar o anular la plantilla municipal, incluyendo la creaci¨®n de nuevos puesto como el de TEJI.

El informe a la secretar¨ªa del Pleno, la ¨²nica que es competente para emitir este tipo de estudios jur¨ªdicos, fue solicitado por el PSE en agosto, pocos d¨ªas despu¨¦s de que Alonso aprobar¨¢ su decreto sobre las guarder¨ªas infantiles. Este decreto, que posteriormente fue refrendado por la junta de gobierno local, que preside el propio Alonso, reorganiza el servicio para dotarle de una car¨¢cter m¨¢s asistencial que educativo. Con ese fin, crea la figura de los T¨¦cnicos de Jard¨ªn de Infancia, una rama de Formaci¨®n Profesional, en detrimento de los diplomados en Magisterio, que hasta el curso pasado eran mayoritarios en las guarder¨ªas municipales al imperar el modelo educativo sobre el asistencial. As¨ª, la orden conllev¨® el despido de 127 educadoras, diplomadas en Magisterio, que el curso 2003-2004 desempe?aron su trabajo como interinas.

Posteriormente, un centenar de estas diplomadas ha sido readmitida en la bolsa de trabajo confeccionada para el actual curso, pero rebaj¨¢ndoles la categor¨ªa. En esta tesitura, las educadoras declararon una huelga indefinida el pasado 1 de septiembre reclamando volver a la situaci¨®n en la que se hallaban antes de la promulgaci¨®n del decreto del 27 de julio. El paro de las educadoras est¨¢ afectando a 1.500 familias vitorianas que tienen a sus hijos de cero a tres a?os matriculados en los centros municipales.

Informe complementario

Aunque el informe de la secretar¨ªa no tiene car¨¢cter vinculante y s¨®lo cuestiona los aspectos relacionados con el personal, supone un varapalo muy importante para el alcalde al dejar en manos del pleno, donde se encuentra en minor¨ªa, cualquier decisi¨®n sobre la plantilla municipal. La aplicaci¨®n pr¨¢ctica de este informe resulta muy complicada, dado que ahora se deber¨ªa solicitar un informe complementario que determine si toda la contrataci¨®n de T¨¦cnicos de Jard¨ªn de Infancia que ha realizado el Ayuntamiento durante el pasado mes de agosto es legal.

El portavoz municipal del PSE, Patxi Lazcoz, mostr¨® ayer su satisfacci¨®n por las conclusiones del informe jur¨ªdico. "Es competencia de pleno", recalc¨® Lazcoz, "dar a las nuevas plazas que se creen soporte legal, jur¨ªdico y econ¨®mico, para que posteriormente el alcalde y la junta de gobierno local organicen los servicios en que se distribuya el trabajo, pero siempre en el marco de lo que apruebe el pleno".

Seg¨²n Lazcoz, lo trascendente es que el informe declara ilegal el decreto y "deslegitima las formas" con las que ha actuado el equipo de gobierno municipal, al aprobarlo a las puertas de las vacaciones y en minor¨ªa. El portavoz socialista considera que el estudio jur¨ªdico supone un cambio cualitativo importante en el conflicto que enfrenta a las educadoras con el Ayuntamiento y que podr¨ªa ayudar a desconvocar la huelga.

Sin embargo, esa posibilidad de momento es remota. Lazcoz y el resto de la oposici¨®n trasladaron el resultado del informe al comit¨¦ de empresa, a la vez que le reiter¨® el modelo para las escuelas p¨²blicas municipales que han elaborado todos los grupos del Ayuntamiento a excepci¨®n del PP, que es quien gobierna. Ese modelo primar¨ªa m¨¢s el car¨¢cter educativo, pero tambi¨¦n tendr¨ªa en cuenta los aspectos asistenciales. La idea es contratar maestras, pero tambi¨¦n T¨¦cnicos de Jard¨ªn de Infancia, aunque en una proporci¨®n menor a la que plantea el alcalde en su decreto.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Idoia Garmendia, del PP, asegur¨® que el decreto del alcalde "no queda afectado porque su legalidad no ha sido discutida en ning¨²n momento", pero reconoci¨® que "otra cosa" es la relaci¨®n de puestos de trabajo (RPT) aprobada, donde figuran los T¨¦cnicos de Jard¨ªn de Infancia. Seg¨²n Garmendia, incluso esa RPT est¨¢ avalada por otros tres informes, emitidos por el Organo de Apoyo de la Junta de Gobierno, los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento y los servicios jur¨ªdicos de Funci¨®n P¨²blica.