Dos funcionarios reclaman 6.000 euros tras sufrir an¨¢lisis de sida no autorizados

Al menos dos funcionarios de la plantilla del Hospital Provincial de Castell¨®n han presentado un recurso contencioso administrativo en el que reclaman 3.000 euros cada uno ante lo que consideran una vulneraci¨®n de sus derechos fundamentales a la integridad f¨ªsica y moral y a la intimidad personal. El origen del contencioso est¨¢ en el reconocimiento m¨¦dico al que se someti¨® a la plantilla del centro sanitario y durante el que la Uni¨®n de Mutuas realiz¨® an¨¢lisis de sida, hepatitis B y C sin el consentimiento previo de cada uno de los facultativos. Tal como public¨® ayer el pa¨ªs, Uni¨®n de Mutuas decidi¨® rescindir el contrato con el hospital, dependiente del Servicio Valenciano de Salud, despu¨¦s de que se conociera p¨²blicamente la realizaci¨®n de dichos ex¨¢menes sin la autorizaci¨®n de los afectados. Sin embargo, el contencioso se?ala como responsables tanto a la Uni¨®n de Mutuas, contratada como servicio ajeno, como al propio Hospital Provincial de Castell¨®n. La secci¨®n sindical de CC OO, que denunci¨® la realizaci¨®n de dichos an¨¢lisis, califica de "espantada" la decisi¨®n unilateral de la empresa de dar por finalizado el servicio.

En cualquier caso, la Uni¨®n de Mutuas no podr¨¢ desprenderse, absolutamente, de cierta conexi¨®n con el centro hospitalario hasta que no se resuelva el contencioso. ?ste se present¨® en el mes de julio, despu¨¦s de que la mutua respondiera negativamente a la reclamaci¨®n de sendos funcionarios. El personal de plantilla considera que existe una corresponsabilidad e indica que la de la Uni¨®n de Mutuas se centra en la prestaci¨®n de un servicio al que "cabe imputar la autor¨ªa directa de la actuaci¨®n", mientras que la del hospital se debe a que es "de su responsabilidad directa el asegurar que el servicio de prevenci¨®n se preste en las condiciones exigibles legalmente, adoptando todas las medidas precisas para que ello sea as¨ª".

Sanci¨®n al centro m¨¦dico

Mientras que el Hospital Provincial no contest¨® a la reclamaci¨®n, la Uni¨®n de Mutuas desestim¨® la misma al considerar que no ha vulnerado derecho alguno. Adem¨¢s esgrimi¨® la conclusi¨®n a la que lleg¨® la Inspecci¨®n de Trabajo que apunt¨® que la mutua hab¨ªa "respetado con escrupulosidad los dos principios fundamentales en la acci¨®n preventiva de la vigilancia de la salud, como son el respeto al derecho de la intimidad y el respeto a la confidencialidad en los datos obtenidos". El apoderado de la Uni¨®n de Mutuas, Jorge Garc¨ªa Bonet, remiti¨® un escrito al diputado responsable del hospital en el que defend¨ªa su inocencia.

Los an¨¢lisis se realizaron en el mes de noviembre de 2003 y fueron denunciados tres meses m¨¢s tarde. La reclamaci¨®n provoc¨® una resoluci¨®n del jefe de la Inspecci¨®n provincial de Trabajo, que le vali¨® al citado hospital una sanci¨®n de 1.600 euros.