?Qui¨¦n los atiende?

A los mayores dependientes, que son cada vez m¨¢s, sigue atendi¨¦ndolos la familia, pero muy particularmente las mujeres, lo que afecta a sus expectativas laborales. Un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concreta el alcance de ese fen¨®meno social y aporta datos que habr¨¢n de ser tenidos en cuenta a la hora de plasmar en la legislaci¨®n el compromiso electoral del PSOE de creaci¨®n de un Sistema Nacional de Atenci¨®n a Personas Dependientes.

A comienzos de siglo hab¨ªa en Espa?a una persona de m¨¢s de 65 a?os por cada 20 habitantes; en 1992, una por cada 10; ahora, una por cada seis habitantes. Son 7,2 millones, y ser¨¢n casi trece millones a mitad de siglo. Desde hace tiempo existen estudios sobre los efectos que la nueva estructura demogr¨¢fica tendr¨¢ sobre las pensiones y otras prestaciones sociales, sometidas a un creciente desequilibrio entre n¨²mero de cotizantes y de perceptores. Pero hay otras dimensiones de esa situaci¨®n, como la necesidad de atenci¨®n a cada vez m¨¢s personas dependientes por parte de cada vez menos hijos. O hijas. Hay 1,6 millones de hogares en los que vive al menos un mayor dependiente. En el 83% de los casos en que la atenci¨®n es asumida por la familia corre a cargo de mujeres.

Esa tarea se prolonga hasta una edad cada vez m¨¢s avanzada: la media entre las personas que atienden a padres dependientes est¨¢ ya en 53 a?os. El 62% de ellas dice que esa responsabilidad familiar afecta a su trabajo profesional. Muchas no se plantean buscar trabajo; otras lo han tenido que abandonar. Y las que conservan el empleo se ven sometidas a doble jornada de trabajo, lo que afecta a su bienestar y salud.

S¨®lo el 3% de los mayores dependientes recibe cuidados de los servicios sociales. Espa?a destina a ayudas familiares el 0,5% del PIB, frente a una media del 2,2% en la UE de los Quince. La ley de protecci¨®n a personas dependientes fue tal vez la principal promesa electoral de Zapatero en materia de bienestar social. Un comit¨¦ de expertos hab¨ªa aconsejado ya al anterior Gobierno la implantaci¨®n por ley de un seguro p¨²blico para garantizar esa asistencia, que se financiar¨ªa con cotizaciones de trabajadores y empresarios y aportaciones del Estado. Si se concreta -y debiera concretarse cuanto antes- , ser¨¢ una de esas iniciativas que a la vez que resuelven una necesidad social, liberan las fuerzas -mano de obra femenina- que contribuir¨¢n a financiarla a largo plazo.