El Gobierno aprueba el proyecto de nuevas mayor¨ªas para nombrar jueces del Supremo
La portavoz del Ejecutivo se declara "perpleja" por la "radicalidad" de la respuesta del CGPJ
El Gobierno mantiene su prop¨®sito, pese a la protesta de la mayor¨ªa conservadora del Consejo General del Poder Judicial, y ayer aprob¨® el proyecto de ley de reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en el que, fundamentalmente, se modifica el m¨¦todo de elecci¨®n de magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades. El proyecto fija una mayor¨ªa de tres quintos de los miembros del CGPJ para designar estos cargos, frente a la mayor¨ªa simple que reg¨ªa hasta ahora y que el Gobierno considera que "perjudica la imagen de la justicia".
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, asegur¨® ayer que se siente "perpleja y sorprendida", ante la reacci¨®n adversa del sector conservador y mayoritario, del Consejo General del Poder Judicial y que se le "escapa la radicalidad de la respuesta".
El Consejo se opuso a esta reforma por mayor¨ªa de 11 votos que corresponden a la mayor¨ªa conservadora que sostuvo que el Consejo esta "herido de muerte" con esta reforma.
En el texto oficial distribuido tras el Conejo de Ministros se explica que "la nueva f¨®rmula de nombramientos busca hacer efectivo el principio de pluralidad " y evitar "la tentaci¨®n, ahora y en el futuro, de elegir conforme al criterio de una mayor¨ªa estable concreta, pero institucionalmente insuficiente. Esta pr¨¢ctica", dice el Ejecutivo, "se sustituye por el di¨¢logo y el consenso permanente".
Fern¨¢ndez de la Vega dijo en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros que la reforma que propine el Gobierno es "moderad¨ªsima", y repiti¨® que no comprende la radicalidad de la respuesta "frente a una propuesta tan absolutamente moderada como la que ha hecho el Gobierno" en cumplimiento de una mandato parlamentario.
Se refer¨ªa a una proposici¨®n no de ley aprobada por el Pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que, en sucesivas ocasiones y a trav¨¦s de su portavoz, Eduardo Zaplana, y del portavoz de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, ha descalificado el proyecto por considerarlo un ataque a la independencia del CGPJ y un cambio de las reglas del juego, que, en su opini¨®n, s¨®lo obedece a una venganza pol¨ªtica del Ejecutivo ante decisiones del Consejo que no le complacen en materia de nombramientos.
Por el contrario, Fern¨¢ndez de la Vega explic¨® ayer que el proyecto no supone "el cambio de ninguna regla de actuaci¨®n, ni siquiera de las m¨ªnimas reglas de juego", por lo que el proyecto "no deber¨ªa ser motivo ni siquiera de confrontaci¨®n".
La portavoz asegur¨® que respeta "absolutamente la posici¨®n de un ¨®rgano como el Consejo General del Poder Judicial" y que frente a la posibilidad evocada por este ¨®rgano de un "conflicto constitucional", ella no encuentra "objeto ni contenido a ese posible conflicto". Fern¨¢ndez de la Vega quiso dejar sentado que el Gobierno act¨²a "en el ejercicio de sus competencias" legislativas, enviando el proyecto al Parlamento, donde necesitar¨¢ la aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta, al tratarse de una ley org¨¢nica.
La posici¨®n adelantada por los grupos cuando hace 15 d¨ªas instaron al Gobierno a llevar adelante la reforma augura que no habr¨¢ dificultades para sacarlo adelante.
En la referencia oficial del Consejo de Ministros se explica que el con el proyecto "se evitar¨¢ la aplicaci¨®n autom¨¢tica de la aritm¨¦tica de un grupo que perjudica el dise?o constitucional respecto a la posici¨®n del Tribunal Supremo".
Entre los objetivos de esta norma est¨¢ potenciar al "Tribunal Supremo como ¨®rgano jurisdiccional superior, en todos los ¨®rdenes" y que "las presidencias de los tribunales superiores" de las comunidades aut¨®nomas "sean los ¨®rganos judiciales en los que culmine la organizaci¨®n judicial de la comunidad aut¨®noma".
Adem¨¢s, asegura el Gobierno, se pretende "relegar la aplicaci¨®n de un sistema de mayor¨ªas que perjudica la imagen de la justicia y puede enturbiar su independencia". Y que se aplicar¨¢ la misma mayor¨ªa que para elegir magistrados del Tribunal Constitucional.
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