El urbanismo valenciano: ?moratoria o tierra quemada?

El pasado 27 de julio, el Comit¨¦ de Peticiones del Parlamento Europeo aprob¨® un informe de la delegaci¨®n de eurodiputados que se desplaz¨® a la Comunidad Valenciana para investigar sobre el terreno los abusos urban¨ªsticos denunciados por nuestra asociaci¨®n. Es una satisfacci¨®n encontrar una instituci¨®n de la Uni¨®n Europea que se haga eco de nuestras demandas, pero como ciudadanos espa?oles o como residentes en Espa?a, tenemos que dejar constancia de nuestra profunda frustraci¨®n porque el Estado de Derecho espa?ol no haya sido capaz de poner coto a los desmanes, y siga dejando que se desarrolle una situaci¨®n que dura ya casi diez a?os.

La primera conclusi¨®n del informe del Parlamento Europeo no se presta a confusiones: "Debe decretarse una moratoria sobre toda nueva actuaci¨®n urban¨ªstica propuesta en la regi¨®n valenciana hasta que la legislaci¨®n vigente se adapte y sea conforme con la legislaci¨®n comunitaria y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades".

El Ayuntamiento no est¨¢ obligado a justificar la utilidad p¨²blica o el inter¨¦s social

Todo est¨¢ orquestado para que el urbanizador se apodere de terrenos del "beneficiario"

Pocos d¨ªas despu¨¦s, el Consell adopt¨® una medida sorprendente desde el punto de vista jur¨ªdico: recomend¨® a los ayuntamientos que no apliquen la ley en vigor, sino los principios del proyecto de ley llamado a sustituirla. Lo curioso del caso es que la nueva ley, no s¨®lo no se ha aprobado, sino que ni siquiera ha sido enviada a las Cortes Valencianas.

Perdonen nuestra perplejidad, pero ?d¨®nde se ha visto que un Gobierno recomiende no aplicar una ley vigente en vez de derogarla? ?Les faltan votos para ello? Ni mucho menos. No s¨®lo tienen la mayor¨ªa absoluta: es que todos los grupos de la oposici¨®n parecen estar de acuerdo. O sea, que si decidieran dar el paso adelante, las Cortes Valencianas derogar¨ªan por unanimidad la LRAU. Entonces, ?por qu¨¦ no lo hacen? Misterios del urbanismo valenciano.

?Ha tenido alg¨²n efecto pr¨¢ctico la recomendaci¨®n? A primera vista, parece que nadie se da por enterado. Pero si profundizamos un poco en el an¨¢lisis nos damos cuenta de que, gracias a la recomendaci¨®n del Consell, todos y cada uno de los pescadores en el r¨ªo revuelto del urbanismo valenciano han recibido notificaci¨®n fehaciente de que el chollo de la LRAU se tiene que acabar (cuanto m¨¢s tarde, mejor, por supuesto), y que para rematar la faena hay que ponerse las pilas. As¨ª que, siguiendo sus mejores tradiciones, algunos ayuntamientos valencianos han dedicado el mes de agosto a aprobar planes urban¨ªsticos de forma desenfrenada, no vaya a ser que quede alg¨²n metro cuadrado de terreno sin urbanizar a saco (es decir, a la manera de la LRAU, saqueando el medio ambiente y saqueando los patrimonios de los peque?os propietarios) cuando por fin llegue la nueva ley urban¨ªstica valenciana.

Por supuesto que la elecci¨®n de aprobar los proyectos en agosto no es inocente: es un regalo que ciertos ayuntamientos hacen a los afectados, para facilitar la transparencia, la participaci¨®n ciudadana y el derecho a la defensa. Como los juzgados cierran en agosto y la mayor¨ªa de los abogados eligen este mes para pasar sus vacaciones, as¨ª se garantiza que los afectados puedan presentar sus alegaciones o defender sus derechos en tiempo y forma, debidamente asistidos por sus letrados, que a lo mejor est¨¢n a cinco mil kil¨®metros de distancia. Con un poco de suerte, los ciudadanos no podr¨¢n ejercer los escas¨ªsimos derechos que la LRAU reconoce a los propietarios de viviendas y terrenos. Todo est¨¢ orquestado para que el urbanizador, en uso de lo que la LRAU llama sin tapujos sus "prerrogativas", pueda apoderarse de m¨¢s terrenos del supuesto "beneficiario" de la actividad urbanizadora.

No se lo creen, ?verdad? Piensan que esto son desvar¨ªos de una pandilla de exagerados, jubilados y extranjeros, que no hacen m¨¢s que protestar contra el progreso, cuando en realidad est¨¢n recibiendo como regalo del urbanizador enormes plusval¨ªas al urbanizar sus terrenos. Pues la historia que viene a continuaci¨®n ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y no es m¨¢s que una gota en el oc¨¦ano de abusos urban¨ªsticos que se han desarrollado al amparo de la LRAU.

Un ciudadano espa?ol residente en la Comunidad Valenciana se fue de vacaciones a principios de agosto de 1996, siendo propietario de una finca de 15.000 metros cuadrados que inclu¨ªa una vivienda. Al volver, a primeros de septiembre, descubri¨® que ni la vivienda ni el terreno le pertenec¨ªan: a cambio le hab¨ªan adjudicado 3.000 metros cuadrados en otra zona, distante de su finca inicial, porque el inter¨¦s p¨²blico exig¨ªa que en su propiedad se construyera un campo de golf.

El art¨ªculo 71.3 de la LRAU indica que el propietario debe en principio remunerar al urbanizador con parte de sus terrenos. Pero si quiere quedarse con sus terrenos y abonar la cuota de urbanizaci¨®n en met¨¢lico, debe notificar su solicitud mediante documento p¨²blico dentro de los diez d¨ªas siguientes a la aprobaci¨®n del proyecto de urbanizaci¨®n. Obs¨¦rvese c¨®mo funciona la ley del embudo: el ciudadano tiene que notificar su solicitud mediante documento p¨²blico; sin embargo, la LRAU no exige que se notifique al propietario la aprobaci¨®n del proyecto de urbanizaci¨®n que afecta a sus terrenos: el plazo empieza a correr desde que el Ayuntamiento aprueba el plan, no desde que el Ayuntamiento notifica al afectado. En otras palabras: la LRAU exige al ciudadano "beneficiario" que, en vez de recordar aquellos tiempos felices en los que cre¨ªa tener una casa, un terreno y un patrimonio, se dedique a cosas m¨¢s ¨²tiles: a acercarse por el Ayuntamiento un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n, a ver si consigue enterarse de la aprobaci¨®n del proyecto que le afecta.

Por supuesto que el Ayuntamiento en cuesti¨®n ten¨ªa el m¨¢ximo inter¨¦s en defender los intereses de los ciudadanos afectados. Precisamente por eso aprob¨® el proyecto en agosto y no lo notific¨® al "beneficiario", que gracias a esta actuaci¨®n municipal perdi¨® 6.000 metros cuadrados de terreno urbanizado, que pasaron a manos del urbanizador. El asunto fue sometido a los tribunales de justicia en 1997, y se pidi¨® al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que planteara una cuesti¨®n de inconstitucionalidad por indefensi¨®n, pero no ha sido formalizada ante el Tribunal Constitucional.

?Estamos o no ante una quiebra del Estado de Derecho?

Ve¨¢moslo desde otro ¨¢ngulo. El ciudadano que perdi¨® su casa y su finca para que hicieran un campo de golf se fue de vacaciones pensando que la Constituci¨®n Espa?ola proteg¨ªa su derecho a la propiedad privada, ya que el art¨ªculo 33.3 de nuestra Carta Magna establece que "nadie podr¨¢ ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social, mediante la correspondiente indemnizaci¨®n y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes".

Bueno, pues ah¨ª viene el art¨ªculo 58.3 de la LRAU y nos dice que la aprobaci¨®n definitiva de los planes de urbanizaci¨®n "lleva impl¨ªcita la declaraci¨®n de la utilidad p¨²blica o del inter¨¦s social, a efectos de expropiaci¨®n o de imposici¨®n forzosa de servidumbres, de los bienes, los derechos y los intereses patrimoniales leg¨ªtimos".

Vamos a ver. Aqu¨ª tiene que haber alguna equivocaci¨®n. El Ayuntamiento estar¨¢ obligado a justificar la utilidad p¨²blica o el inter¨¦s social, ?no? O habr¨¢ unos criterios objetivos para delimitar en qu¨¦ consiste el inter¨¦s social. O habr¨¢ alguna instancia que pueda controlar el inter¨¦s social, ?no?

Pues no, querido ciudadano. El Ayuntamiento no est¨¢ obligado a justificar la utilidad p¨²blica o el inter¨¦s social, no hay criterios objetivos para definir el inter¨¦s social, y no hay posibilidad de control de la actuaci¨®n municipal. Todo lo contrario. Aunque la Generalitat tiene una cierta facultad de tutela, ya que aprueba definitivamente los planes municipales, el art¨ªculo 40.2 de la LRAU indica que "las resoluciones auton¨®micas sobre la aprobaci¨®n definitiva, nunca cuestionar¨¢n la interpretaci¨®n del inter¨¦s p¨²blico local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimaci¨®n democr¨¢tica".

Qu¨¦ l¨¢stima que la realidad no haya tenido el detalle de adaptarse a los deseos de los redactores de la LRAU, y que de vez en cuando haya tr¨¢nsfugas que cambien de representatividad (por motivos altruistas, por supuesto), o que var¨ªen su legitimaci¨®n democr¨¢tica en funci¨®n de la empresa a la que se adjudica el programa. O ediles que, sin necesidad de cambiarse de partido, se sirvan de la legitimidad democr¨¢tica para defender pura y simplemente sus intereses particulares. Por cierto ?no se ha dado nadie por enterado de que en el informe del Parlamento Europeo se habla abiertamente de los rumores sobre corrupci¨®n pol¨ªtica y v¨ªnculos entre urbanizadores y autoridades locales? ?Cu¨¢ndo empiezan a investigar? Si nos permiten la sugerencia, comiencen por los signos externos de riqueza de ciertos alcaldes y ciertos concejales de urbanismo.

En fin, intentaremos terminar con una nota de humor. Gracias a la LRAU y a su definici¨®n del inter¨¦s p¨²blico, el d¨ªa menos pensado nos aparece un Consistorio aflamencado que, para aumentar el inter¨¦s tur¨ªstico de su pueblo, decide construir el parque tem¨¢tico Folcl¨®ricas M¨ªticas. Como tienen la mayor¨ªa absoluta, lo aprueban sin m¨¢s dilaciones, y como la aprobaci¨®n lleva impl¨ªcita la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social a efectos de expropiaci¨®n, y el jefe de la oposici¨®n les cae regular porque de vez en cuando los critica, pues le tiran la casa al susodicho opositor para construir all¨ª el pabell¨®n de nuestra admirada Lola Flores. La Generalitat no puede decir nada (cuesti¨®n de legitimaci¨®n democr¨¢tica...), y los tribunales... A lo mejor, con un poco de suerte, el afectado consigue una sentencia favorable antes de diez a?os. Pero, para entonces, el l¨ªder de la oposici¨®n estar¨¢ en el asilo, el urbanizador habr¨¢ cambiado varias veces de personalidad jur¨ªdica, y en los terrenos de lo que fue el parque Folcl¨®ricas M¨ªticas (que dio en quiebra, por supuesto), habr¨¢n construido preciosas colmenas y fant¨¢sticas filas de adosados. Y para pedir cuentas, al maestro armero.

?No es para salir corriendo?

Charles Svoboda y Enrique Climent pertenecen a la plataforma Abusos Urban¨ªsticos No