El fiscal reclama penas m¨¢s severas para el ex juez Estevill y el abogado Piqu¨¦ Vidal
La acusaci¨®n cree que se sirvieron de su profesi¨®n para atemorizar a los empresarios
El fiscal Carlos Ramos modific¨® ayer al alza su escrito inicial de acusaci¨®n y reclam¨® que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a imponga penas m¨¢s severas para el ex juez Luis Pascual Estevill y para el abogado penalista Juan Piqu¨¦ Vidal, a los que acusa de prevaricaci¨®n, estafa, amenazas, cohecho, detenci¨®n ilegal y alzamiento de bienes supuestamente cometidos al actuar de manera concertada y atemorizar a diversos empresarios para lograr que pagasen sumas millonarias de dinero o accediesen a otro tipo de sobornos a cambio de no ir a prisi¨®n.
El juicio por el caso de corrupci¨®n judicial m¨¢s importante ocurrido en Espa?a quedar¨¢ visto para sentencia el pr¨®ximo viernes, cuando las defensas expongan sus informes. El jueves lo har¨¢ el fiscal y el resto de acusaciones populares. En la sesi¨®n de ayer todas las partes anunciaron sus conclusiones definitivas y fue en ese tr¨¢mite cuando el fiscal reclam¨® penas que suman 13 a?os y dos meses de c¨¢rcel para Luis Pascual Estevill por dos delitos de amenazas, otro delito continuado de cohecho y un cuarto de alzamiento de bienes. Inicialmente, la fiscal¨ªa solicitaba 10 a?os y dos meses de prisi¨®n para Estevill, al que tambi¨¦n se le imputan varios delitos de prevaricaci¨®n y otro de detenci¨®n ilegal por los que el fiscal le pide 30 a?os de suspensi¨®n. El abogado defensor del juez pide una pena de tres a?os de prisi¨®n.
En el caso de Juan Piqu¨¦ Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, el fiscal Carlos Ramos le reclama nueve a?os de c¨¢rcel por cohecho y amenazas, tres a?os m¨¢s de los que solicitaba inicialmente. Tambi¨¦n pide que no pueda ejercer de abogado durante ocho a?os. Antes de iniciarse el juicio, Piqu¨¦ Vidal deposit¨® 390.000 euros en concepto de responsabilidad civil para que se le pudiera aplicar la atenuante de reparaci¨®n del da?o, pero el fiscal no lo ha entendido as¨ª. La defensa solicita una multa de 600 euros.
Para los otros cuatro acusados -Wilhelm Richard Lumb, Alberto Salaza, Eduardo Soteras y Juan Antonio Vidal Roca- el fiscal mantiene los cargos y les pide penas de dos a?os de prisi¨®n por un delito de acusaci¨®n falsa a partir del cual se concret¨® uno de los sobornos.
La tesis del escrito definitivo de la fiscal¨ªa es que Estevill y Piqu¨¦ Vidal "decidieron de com¨²n acuerdo y en provecho mutuo servirse de sus respectivas condiciones" para sobornar a algunos de los empresarios a los que investigaba el juez y a quienes defend¨ªa el abogado. Esa coincidencia se produjo, al menos, en 18 procedimientos judiciales. Los sobornos ocurrieron entre 1990 y 1994, primero en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Terrassa y despu¨¦s en el n¨²mero 26 de Barcelona, y fueron posibles, explica el fiscal, porque el juez inspiraba "evidente temor" entre las personas a las que investigaba.
Ese miedo se concret¨® cuando Estevill interrog¨® a los testigos en varias ocasiones, "siempre de forma extremadamente severa y ¨¢spera, haciendo ostensible y p¨²blico su prop¨®sito de decretar la prisi¨®n provisional" para los empresarios imputados, dice la fiscal¨ªa. Paralelamente a esa actuaci¨®n, el papel de Piqu¨¦ Vidal consisti¨® en hacer llegar a sus clientes "de la manera m¨¢s efectiva, pero tambi¨¦n m¨¢s discreta posible, que la manera de evitar la c¨¢rcel era pagar una importante cantidad de dinero" al ex juez y "una comisi¨®n" al abogado.
Dinero de Fecsa
La fiscal¨ªa sostiene que en julio de 1991 Piqu¨¦ Vidal mecanografi¨® el n¨²mero de una cuenta suiza del juez y la cantidad de dinero que se deb¨ªa pagar y lo hizo llegar al abogado de la empresa Idapsa para evitar que tres de sus directivos acabasen en prisi¨®n. Estevill cobr¨® 125.000 euros y Piqu¨¦, 36.000, que justific¨® despu¨¦s con una minuta "ficticia".
Otro chantaje lo sufrieron cuatro directivos de la empresa Macosa, quienes tambi¨¦n pagaron m¨¢s de 186.000 euros para evitar la c¨¢rcel. En esa causa exist¨ªa el riesgo de que el juez imputase al entonces presidente del Banco Central, Alfonso Esc¨¢mez, por lo que su hombre de confianza en Catalu?a, Luis Maga?a, entonces consejero delegado de Fecsa, autoriz¨® en noviembre de 1992 que se pagasen 691.000 euros. Ambas cantidades se las repartieron de forma que no se ha podido concretar Estevill, Piqu¨¦ Vidal y otro abogado al que no se juzga porque est¨¢ incapacitado, Juan Vives Rodr¨ªguez de Hinojosa.
El juez hab¨ªa encarcelado a uno de los consejeros de Macosa y hab¨ªa ordenado detener a otro, pero cambi¨® de parecer despu¨¦s de cobrar "sin que concurriera ninguna causa leg¨ªtima (...) y con plena conciencia de su ilegalidad e injusticia", dice el fiscal. Alg¨²n empresario, como Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt, se neg¨® a pagar. Acab¨® en prisi¨®n.
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