El laberinto de Marbella

Cinco grupos mixtos, concejales con cientos de querellas a cuestas y denuncias por irregularidades urban¨ªsticas. El gobierno municipal de Marisol Yag¨¹e arrastra numerosos problemas herencia de su pasado en el Grupo Independiente Liberal (GIL). Al menos ocho ediles del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa, tienen abiertos procedimientos judiciales, bien por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n o por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio. Mientras la regidora insiste en la "transparencia" de su gesti¨®n, la Junta de Andaluc¨ªa ha impugnado una decena de licencias de obras concedidas por su gobierno y contrarias al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana vigente.

Adem¨¢s del caos urban¨ªstico y del peculiar funcionamiento de un Ayuntamiento con nueve grupos pol¨ªticos, el equipo de Yag¨¹e se enfrenta a no pocas causas judiciales. La propia alcaldesa est¨¢ imputada con otros 33 ex concejales y personal de confianza del GIL en una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que les acusa de presuntos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y defraudaci¨®n a la Seguridad Social y Hacienda P¨²blica por 91 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) cerr¨® recientemente cinco casos denunciados por la ex edil del PSOE y ahora primera teniente de alcalde, Isabel Garc¨ªa Marcos, contra el equipo de gobierno de Jes¨²s Gil. En uno de ellos, el caso Incopromar, estaba tambi¨¦n imputada Yag¨¹e.

La regidora se enfrenta adem¨¢s a otras dos denuncias del Grupo Mixto D por prevaricaci¨®n y un delito de impedimento de los derechos c¨ªvicos de la oposici¨®n. Otros seis ex ediles del GIL, Rafael Gonz¨¢lez, Tom¨¢s Re?ones, Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez Garrosa, Rafael Calleja, Victoriano Rodr¨ªguez y Antonio Luque, tienen abiertos numerosos procedimientos por denuncias urban¨ªsticas o causas de ¨ªndole m¨¢s seria. Los cinco primeros figuran tambi¨¦n en la citada querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Luque est¨¢ imputado junto a Gonz¨¢lez, en el caso Eventos, que investiga los patrocinios realizados a trav¨¦s de una sociedad municipal; y fue denunciado por malversaci¨®n por una empresa de Granada, que reclama 60.000 euros de una fianza que deposit¨® para concursar a un aparcamiento.

El edil del PA y segundo teniente de alcalde, Carlos Fern¨¢ndez, tampoco sale bien librado. Est¨¢ inmerso en varias causas producto de su pasado como concejal del GIL. Fern¨¢ndez est¨¢ imputado en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, por el que el fiscal le pide 4 a?os de c¨¢rcel. Fern¨¢ndez, que actualmente es concejal responsable de Seguridad y que ha sido sido defendido por Yag¨¹e, fue acusado por Jes¨²s Gil de apropiarse, cuando era delegado de Deportes, de 79.500 euros destinados a subvencionar a jugadores del equipo de f¨²tbol local y a distintos colectivos deportivos. El edil andalucista est¨¢ tambi¨¦n imputado en la querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El asesor de la alcaldesa y que en las corporaciones presididas por Jes¨²s Gil y Juli¨¢n Mu?oz fue gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, est¨¢ acusado del desv¨ªo de 30 millones de euros de dinero p¨²blico municipal a cuentas privadas de Gil a trav¨¦s de cuatro empresas fantasmas, causa por la que estuvo en prisi¨®n provisional. Adem¨¢s de estar tambi¨¦n imputado en la querella de Anticorrupci¨®n y otro caso relacionado con la gesti¨®n de la desaladora, la fiscal¨ªa pide c¨¢rcel para ¨¦l por el caso Belmonsa. Sus precauciones -se guarda de firmar cualquier papel- han resultado insuficientes. Lo cierto es que la herencia GIL, de la que tampoco se libran algunos ediles de la oposici¨®n, es una pesada losa.