El Ejecutivo ha tardado dos a?os en cumplir una sentencia para hacer funcionarios a 12 empleados de las c¨¢maras

Las c¨¢maras de la de propiedad urbana tienen una situaci¨®n jur¨ªdica dificil. En el Pa¨ªs Vasco, que tiene competencias sobre ellas, est¨¢n reguladas por un reglamento auton¨®mico de 1988 en el que se les reconoce la naturaleza de corporaciones de derecho p¨²blico. Sin embargo, en 1994, el Gobierno central socialista dict¨® un Real Decreto, en aplicaci¨®n de una sentencia del Tribunal Constitucional, en el que estableci¨® que tanto los bienes de las c¨¢maras como sus trabajadores pasaran a depender del sector p¨²blico. Es decir, orden¨® su liquidaci¨®n como corporaciones de derecho p¨²blico y que sus trabajadores se convirtieran en funcionarios. Esa legislaci¨®n es b¨¢sica, por lo que afecta a todas las comunidades aut¨®nomas, tengan o no competencias. La situaci¨®n se vio parcialmente alterada en 1997, cuando el PNV y el PP pactaron una enmienda para los Presupuestos Generales del Estado de 1998 con la que quer¨ªan evitar tener que asumir a la c¨¢maras y sus trabajadores.

Los dos partidos prefer¨ªan que estas entidades estuvieran fuera del sector p¨²blico, aunque el servicio tuviera ese car¨¢cter, y, en plena ¨¦poca dorada de las relaciones entre el PNV y Gobierno de Aznar acordaron una disposici¨®n adicional en la que te¨®ricamente permit¨ªan a las c¨¢maras pasar a ser entidades de base asociativa, de afiliaci¨®n voluntaria y caracter democr¨¢tico.

El Gobierno vasco crey¨® que ten¨ªa las manos libre y sigui¨® sin intervenir sobre unas entidades que tienen un patrimonio cuantioso pero una estructura de personal car¨ªsima, integrada por alrededor de 60 personas. En 2002, el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco di¨® la raz¨®n a doce trabajadores de las c¨¢maras, seis de ellos de la de ?lava, que reclamaron integrarse como funcionarios en el Gobierno vasco, en funci¨®n del Real Decreto de 1994. Esa integraci¨®n se producir¨¢ el 1 de noviembre, dos a?os despu¨¦s de dictada la sentencia. La sentencia estableci¨® que la disposici¨®n adicional pactada por PNV y PP no derogaba "la proclamaci¨®n del caracter b¨¢sico del art¨ªculo ¨²nico por el que se suprimen las C¨¢maras Oficiales de la Propiedad Urbana como Corporaciones de derecho p¨²blico".