El fiscal pide 3 a?os de inhabilitaci¨®n para 5 funcionarios que esposaron a un menor en los barrotes de su cama

La Fiscal¨ªa de Madrid solicita tres a?os de inhabilitaci¨®n por "rigor innecesario" y lesiones para dos educadores y tres vigilantes del Centro de Menores Renazco, gestionado por el Instituto Madrile?o del Menor y la Familia, de la Comunidad de Madrid. Los cinco acusados tendr¨¢n que sentarse en el banquillo de los acusados de un juzgado penal de Madrid.

Adem¨¢s de la inhabilitaci¨®n, la fiscal¨ªa considera que los cinco cometieron una falta de lesiones y pide que sean condenados a una pena de multa de dos meses, a raz¨®n de ocho euros diarios.

Seg¨²n el fiscal, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2002, cuando dos menores regresaron al centro tras haber disfrutado de un permiso de fin de semana. Tras cenar, seg¨²n el fiscal, se les indic¨® que fuesen a sus habitaciones. Fue entonces cuando uno de ellos comenz¨® "a gritar y a dar golpes en la puerta" de su habitaci¨®n. Un educador, Diego M. M., acudi¨® a la habitaci¨®n y, al ver que el menor persist¨ªa en su actitud, avis¨® al controlador Ra¨²l C. M. Posteriormente, lleg¨® otro educador, Francisco M. S., y otros dos controladores m¨¢s, ?scar S. M. y John J. M. Francisco dio orden entonces de reducir al menor. Seg¨²n el fiscal, los tres controladores y los dos educadores "infligieron golpes al menor" que excedieron "de lo que era estrictamente necesario para reducirle": le dieron "un fuerte pu?etazo en el ojo izquierdo, una fuerte patada en la espalda y golpes en los brazos". Luego, y tras "sujetarle de brazos y piernas", le "arrastraron por el suelo hasta tumbarle en la cama, donde le esposaron a los barrotes y a la pata de una mesa contigua". En esta situaci¨®n permaneci¨® el menor varias horas.

El fiscal reclama que la Comunidad de Madrid sea responsable civil subsidiaria de los hechos y que abone, si no lo hacen los acusados, una indemnizaci¨®n de 210 euros por los da?os causados al menor y por los siete d¨ªas en que estuvo de baja debido a las lesiones. El fiscal se?ala que la Comunidad de Madrid es responsable subsidiaria de los hechos a pesar de que los tres controladores eran empleados de la empresa privada Serycur.