Defensa indemnizar¨¢ a los siete periodistas muertos mientras informaban de guerras

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer un real decreto-ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad que prev¨¦ el pago de 140.000 euros a los herederos de los fallecidos y de 390.000 a quienes sufran gran invalidez. Aunque el borrador del decreto no preve¨ªa su aplicaci¨®n retroactiva para los periodistas, el Gobierno decidi¨® a ¨²ltima hora incluir a los siete informadores espa?oles muertos mientras cubr¨ªan conflictos. Adem¨¢s, se dar¨¢ pensi¨®n extraordinaria de viudedad a cinco parejas de hecho de militares fallecidos en el accidente del Yak-42.

El ministro de Defensa, Jos¨¦ Bono, present¨® la aprobaci¨®n del decreto-ley como el cumplimiento de un compromiso y el pago de una deuda, no s¨®lo econ¨®mica, "que la sociedad espa?ola ten¨ªa con quienes luchan por la paz, la libertad y la justicia m¨¢s all¨¢ de sus fronteras". Bono argument¨® que las compa?¨ªas de seguros reh¨²san asegurar a quienes desarrollan su trabajo en zonas de conflicto y que "el Estado no puede mirar hacia otro lado". Tambi¨¦n defendi¨® la "urgencia" de esta disposici¨®n, que entrar¨¢ en vigor de inmediato y ser¨¢ convalidada luego por Parlamento.

Tendr¨¢n derecho a cobrar indemnizaci¨®n, por una sola vez y exenta de cualquier tributo, los militares, polic¨ªas, guardias civiles y personal de las Administraciones P¨²blicas, laboral o funcionario, que fallezcan o sufran lesiones con motivo de su participaci¨®n en operaciones internacionales de paz y seguridad. Tambi¨¦n, los miembros de ONG, incluidas las congregaciones religiosas, y periodistas que trabajen en pa¨ªses en conflicto siempre que est¨¦n "acreditados por el Ministerio de Defensa o Interior".

La cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n -140.000 euros en caso de fallecimiento y 390.000 para gran invalidez- es equivalente a la prevista para las v¨ªctimas del terrorismo, por lo que ser¨¢ compatible con cualquier otra prestaci¨®n, excepto con esta ¨²ltima.

Los beneficiarios de la indeminizaci¨®n en caso de muerte ser¨¢n, por este orden, c¨®nyuge (incluidas parejas de hecho) e hijos, padres, nietos y abuelos, aunque los familiares en segundo grado s¨®lo tendr¨¢n derecho a la misma si existe una dependencia econ¨®mica con el fallecido.

El real decreto se aplicar¨¢ con car¨¢cter retroactivo desde 1978, cuando se aprob¨® la Constituci¨®n, aunque la primera de las 40 misiones de paz y seguridad realizadas hasta hoy por las Fuerzas Armadas espa?olas, en las que han intervenido m¨¢s de 60.000 militares, fue en 1989 con el env¨ªo de observadores a Angola.

La norma incluir¨¢ una lista de los 109 beneficiarios de esta cl¨¢usula retroactiva, entre los que figuran 91 miembros de las Fuerzas Armadas, siete de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tres diplom¨¢ticos y siete periodistas, todos ellos fallecidos; as¨ª como un guardia civil que sufre gran invalidez.

El Gobierno decidi¨® incluir a ¨²ltima hora a los siete periodistas que perdieron la vida en conflictos armados. Para que no haya dudas, Bono ley¨® ayer sus nombres: Juantxu Rodr¨ªguez, muerto en Panam¨¢, en diciembre de 1989, mientras trabajaba para EL PA?S; Jordi Pujol, en Bosnia en mayo de 1992, para el diario Avui; Miguel Gil, en Sierra Leona en mayo de 2000, para AP TV; Julio Fuentes, en Afganist¨¢n en noviembre de 2001, para El Mundo; Julio Anguita Parrado, en Irak en abril de 2003, para El Mundo; Jos¨¦ Couso, en Irak en abril de 2003 para Tele 5; y Ricardo Ortega, en Hait¨ª en marzo de 2004, para Antena 3.

Aunque el listado es nominal, el pre¨¢mbulo del decreto prev¨¦ que cualquier persona que se considere con derecho a estas ayudas pueda solicitarlas. Bono admiti¨® que alguna religiosa podr¨ªa encontrarse en este caso. Tampoco est¨¢ resuelto el caso del int¨¦rprete croata Mirko Mikulcic, muerto en Bosnia en 1994 con las tropas espa?olas, que no figura en la lista. Los expedientes ser¨¢n tramitados por el Ministerio de Defensa, que deber¨¢ resolver las solicitudes en un plazo de seis meses.

Pensi¨®n para parejas de hecho

El decreto incluye la concesi¨®n de cinco pensiones de viudedad para las parejas de hecho de los mililitares muertos en el accidente del Yak-42. Estas pensiones tienen car¨¢cter extraordinario, ya que el r¨¦gimen general de la Seguridad Social exige que haya matrimonio para cobrar la viudedad, pero Bono apel¨® a la "excepcionalidad" de su caso y se mostr¨® convencido de que ser¨¢ comprendido por la sociedad. La inclusi¨®n de estas pensiones, con car¨¦cter retroactivo desde el 1 de junio de 2003, seis d¨ªas despu¨¦s del accidente del Yak, ha obligado a dar al decreto rango de ley.

Adem¨¢s, la norma incluye otras ayudas, como las relativas a tasas acad¨¦micas o gastos de tratamientos m¨¦dicos. Su coste total, que asciende a 19,83 millones de euros s¨®lo para las indemnizaciones retroactivas, ser¨¢ financiado por Defensa con un cr¨¦dito de car¨¢cter extraordinario.

De otro lado, Bono pidi¨® a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, sin citarla, "que se tenga en cuenta el drama humano [de las familias del Yak-42] para que la Justicia no tarde m¨¢s en tomar la decisi¨®n" de autorizar la exhumaci¨®n de los 30 cad¨¢veres mal identificados. Tras recordar que ¨¦l propuso construir un mausoleo com¨²n para las 62 v¨ªctimas, indic¨® que nadie puede usurpar a las familias el derecho a decidir d¨®nde reposan sus difuntos: "Son ellas quienes deben decidir y los jueces ayudarles".