Pacto social y acuerdo pol¨ªtico

El Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia ha presentado el documento Una educaci¨®n de calidad para todos y entre todos para, seg¨²n expresa la ministra en el pr¨®logo, "propiciar un debate abierto, sincero y con vocaci¨®n de futuro". La finalidad del debate es la elaboraci¨®n de una ley con la participaci¨®n de todos. Condiciona la ministra sus actuaciones a la circunstancia de que se alcance un "amplio acuerdo social". Se afirma tambi¨¦n "que el mayor beneficio para la educaci¨®n espa?ola en los pr¨®ximos a?os ser¨ªa el derivado de un acuerdo pol¨ªtico y social que abra camino a la estabilidad del sistema educativo".

Sin reserva alguna participo plenamente de esta afirmaci¨®n ¨²ltima. Espa?a, con las singularidades que correspondan derivadas de la personalidad de cada una de las comunidades aut¨®nomas que la conforman y de las competencias que les reconoce la Constituci¨®n, necesita un sistema educativo s¨®lido y de calidad, pero, sobre todo, estable para poder hacer efectivos los objetivos se?alados por la UE en la cumbre de Lisboa del a?o 2000, concretados en la de Estocolmo de 2001 y de Barcelona de 2002. En el a?o 2010 la UE se debe convertir "en la econom¨ªa del conocimiento m¨¢s competitiva y m¨¢s din¨¢mica, capaz de un crecimiento econ¨®mico sostenido, acompa?ado de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo y de una mayor cohesi¨®n social".

Es evidente que ha faltado acuerdo pol¨ªtico entre los dos partidos que han gobernado Espa?a

Me parece, no obstante, que en la intenci¨®n del ministerio est¨¢n mezcladas dos cuestiones diferentes, aunque ¨ªntimamente ligadas con el fin propuesto. Adem¨¢s, la intenci¨®n queda supeditada a un calendario muy apretado para tratar una cuesti¨®n tan trascendental para el orden pol¨ªtico espa?ol. Entiendo que el acuerdo pol¨ªtico que garantiza la estabilidad pol¨ªtica al sistema educativo adquiere fortaleza si recoge los aspectos nucleares de un acuerdo social previo. La experiencia demuestra que en los ¨²ltimos 34 a?os, (o m¨¢s bien 25, si tomamos como referencia la fecha de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola) no ha habido acuerdo pol¨ªtico suficiente. Baste recordar que la LOECE de 1980 (ley del Gobierno de UCD) fue sustituida por la LODE de 1985 (ley del Gobierno socialista) y que la LOCE de 2000 (ley del Gobierno del PP) es la que est¨¢ en entredicho por el documento referido elaborado por el actual Gobierno socialista.

Admitamos que la LOGSE de 1990 (ley del Gobierno socialista) pretend¨ªa corregir algunas disfunciones de la LGE de 1970. Aceptemos tambi¨¦n que la LOPEGCE de 1995 ven¨ªa a rectificar algunos errores de la LODE publicada 10 a?os antes. Lo cierto es que la sociedad, las familias con hijos en edad escolar, los j¨®venes, los profesores han estado sometidos a los efectos de seis leyes educativas; generales unas, m¨¢s espec¨ªficas otras.

Es evidente que ha faltado acuerdo pol¨ªtico suficiente entre los dos partidos que se han sucedido en el gobierno de Espa?a (PP y PSOE) y, sin embargo, es oportuno preguntarse si hay pacto social educativo suficiente. Durante estos 25 a?os se han sucedidos hechos y se ha celebrado debates suficientes para sacar conclusiones. Se han planteado, analizado y experimentado cuestiones educativas espinosas, controvertidas; se han aplicado principios y estructuras educativas distintas. Por estos motivos la sociedad ha madurado; en su actuar y proceder ordinarios ha comprendido, digerido y asimilado convenientemente estos principios y estructuras.

Se han aceptado como propios principios que, al principio de este proceso de madurez y en otros contextos, pudieran parecer extra?os a ciertos sectores sociales. Por citar algunos, entre los m¨¢s destacados: el principio de igualdad de oportunidades, el de equidad en la prestaci¨®n del servicio de la educaci¨®n, el de integraci¨®n de todos los escolares, el de calidad y evaluaci¨®n del proceso ense?anza aprendizaje pero tambi¨¦n de los centros y del sistema; el de participaci¨®n de los distintos elementos de la comunidad educativa en el contexto de sus respectivas responsabilidades, el de diversidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado; el del servicio p¨²blico de la educaci¨®n prestado en una doble red de naturaleza p¨²blica (60%) y privada (40%) financiada con fondos p¨²blicos; de la autonom¨ªa pedag¨®gica y econ¨®mica de los centros...

En este an¨¢lisis de la madurez social no puede soslayarse el pacto educativo constituyente contenido especialmente en los art¨ªculos 10 y 27 de la CE, que se?ala como principio ordenador de la convivencia la dignidad de la persona y, en concreto, el derecho a la educaci¨®n, la libertad de ense?anza, el derecho a la recibir la formaci¨®n religiosa y moral conforme con la propias convicciones, la libertad de creaci¨®n de centros, la participaci¨®n en el control y gesti¨®n de los mismos.

Esta situaci¨®n indica claramente la existencia t¨¢cita de un pacto social, como se demuestra en la declaraci¨®n pol¨ªtica de 1997 propiciada por la Fundaci¨®n Encuentro y suscrita por 18 organizaciones sociales cuya actividad se desarrolla en la actividad educativa y a la que se han adherido otras 13. El pacto social no evita, por otra parte, que los distintos elementos sociales mantengan sus programas pol¨ªticos. Un pacto social no supone la renuncia a los modelos educativos propios, sino la voluntad de buscar un punto de encuentro.

Consecuentemente, el pacto social est¨¢ servido despu¨¦s de 30 a?os de debates y de vaivenes normativos. Lo que falta es el acuerdo pol¨ªtico entre los dos partidos mayoritarios. Es posible que, una vez m¨¢s, se sustituya una ley por otra. Es posible, pero ser¨ªa lamentable. La sociedad, que de hecho ha establecido un pacto educativo, como lo evidencia que en el sistema conviven pac¨ªficamente ideas y principios contrapuestos, demanda y se merece un acuerdo pol¨ªtico entre los partidos cuyos representantes en el Parlamento representan la sociedad espa?ola.

Afirma el autor que nuestro pa¨ªs necesita un

sistema educativo s¨®lido, de calidad, pero,

sobre todo, estable para poder hacer efectivos

los objetivos se?alados por la UE.

Javier Marcotegui Ros es parlamentario de UPN y fue consejero de Educaci¨®n y Cultura de Navarra.