El fiscal pide indemnizar con 29 millones a los 276 contagiados de hepatitis C de Valencia

El fiscal acusa al anestesista Juan Maeso de 276 contagios de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia entre 1988 y 1998. Por cada uno de ellos Javier Carceller pide ocho a?os de c¨¢rcel, m¨¢s otros dos por dos homicidios por imprudencia grave: 2.212 a?os en total. Adem¨¢s fija en 28.885.002 euros la indemnizaci¨®n global, de la que la Consejer¨ªa de Sanidad es responsable civil subsidiaria. La fiscal¨ªa considera probado que el m¨¦dico se pinchaba parte de la anestesia que luego y con la misma jeringuilla administraba a los enfermos, sabiendo que era portador del virus de la hepatitis C.

Tras seis a?os de investigaci¨®n, el fiscal acusa de lesiones dolosas al anestesista Juan Maeso, ¨²nico imputado por el contagio masivo del virus de la hepatitis C en el hospital La Fe y las cl¨ªnicas privadas Casa de Salud, Quir¨®n y Virgen del Consuelo de Valencia. Seg¨²n consta en su escrito, el m¨¦dico traspas¨® el virus de hepatitis C a 276 pacientes "como consecuencia de las actuaciones que ejecut¨® primero sobre su propio cuerpo, administr¨¢ndose anest¨¦sico como estupefaciente y despu¨¦s sobre el cuerpo de los enfermos, inyect¨¢ndoles con el mismo material quir¨²rgico los anest¨¦sicos que precisaban, teniendo conocimiento de que padec¨ªa una infecci¨®n hep¨¢tica".

Recoge adem¨¢s que "ejerci¨® su actividad pese a existir una sospecha p¨²blica generalizada entre el diverso personal sanitario de ser consumidor habitual de sustancias estupefacientes". Agrega el fiscal que esa situaci¨®n era conocida por diferentes instancias p¨²blicas, de forma que Maeso pod¨ªa "haber sido investigado y su caso expedientado por la Consejer¨ªa de Sanidad como ente garante y tutelador de las condiciones en que los profesionales ejercen su actividad".

Por ello, la fiscal¨ªa le considera criminalmente responsable de 276 contagios ocurridos entre 1988 y 1998, aquellos en los que por an¨¢lisis de ADN ha quedado acreditada la coincidencia filogen¨¦tica en el tipo de virus. Solicita una pena de ocho a?os de prisi¨®n por cada uno de esos contagios: 46 en La Fe, 228 en Casa de Salud (de los que 13 fueron pacientes de la sanidad p¨²blica derivados dentro del plan de choque puesto en marcha por el Gobierno auton¨®mico del PP en 1996 para reducir las listas de espera), uno en Quir¨®n y uno en Virgen del Consuelo. Adem¨¢s, pide dos a?os por cada una de las dos muertes que entiende directa y ¨²nicamente consecuencia del contagio. En total, 2.212 a?os de c¨¢rcel, de los que, de ser condenado, cumplir¨ªa 24, tres veces la pena m¨¢xima, tal como establece la ley cuando la acusaci¨®n es por delitos m¨²ltiples.

Indemnizaciones

El fiscal ha fijado indemnizaciones personalizadas, que van desde los 13.000 a los 212.500 euros, en funci¨®n de la evoluci¨®n del contagio, de las lesiones, las incapacidades y la edad -17 contagiados eran menores, entre ellos un reci¨¦n nacido-, y que suman 28.885.002 euros. De ellas, son responsables civiles directas las distintas compa?¨ªas aseguradoras con las que ten¨ªa suscritas Maeso p¨®lizas de forma directa o derivada de la concertaci¨®n por el Colegio de M¨¦dicos de Valencia o Sanidad. Y la Administraci¨®n auton¨®mica es la responsable civil subsidiaria por entender que, a pesar de que la mayor¨ªa de las intervenciones se realizaron en centros privados, es la garante de que el servicio se preste correctamente.

Dado que no existe actualizaci¨®n de documentos sobre la evoluci¨®n de los afectados (22 de los cuales ya han fallecido, aunque el fiscal entiende que s¨®lo dos a consecuencia directa del contagio) y que el juicio es previsible que no se celebre hasta el pr¨®ximo oto?o, varias acusaciones particulares, entre ellas la que representa el letrado Manuel Mata, solicitaron ayer que la Generalitat Valenciana adelante las indemnizaciones. Consideran que el fiscal "se ha quedado corto" y que pedir¨¢n que se incrementen las cantidades.

Maeso permanece en libertad por esta causa, iniciada en 1998, y apartado del ejercicio de su profesi¨®n, aunque un cambio legislativo le permite cobrar el sueldo desde el pasado diciembre. Se ha declarado inocente, sostiene que es un afectado m¨¢s, que desconoc¨ªa ser portador del virus y niega haber sido consumidor de estupefacientes. Su abogado, Francisco Dav¨®, critic¨® la acusaci¨®n porque "est¨¢ s¨®lo basada en rumores, ni un hecho". El fiscal citar¨¢ a declarar a casi 400 testigos, entre ellos la actual consejera de Bienestar Social, que fue responsable del Centro de Transfusiones.