El PP de Guardamar adjudic¨® ilegalmente todo el suelo urbano

El 21 de mayo de 2003, cuatro d¨ªas antes de las elecciones municipales, el gobierno local de Guardamar del Segura, entonces del PP, convoc¨® un pleno para aprobar la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. Antes de esa fecha, en plena tramitaci¨®n del nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se hab¨ªa ocupado de repartir la gran tarta urban¨ªstica de ese municipio costero -m¨¢s de 15.000 nuevas viviendas- entre cuatro promotores, a quienes adjudic¨® casi todo el suelo urbano del pueblo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado ilegal aquel reparto.

El ex alcalde fragu¨® una estrecha relaci¨®n con los promotores

Conforme tramitaba el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento iba adjudicando los proyectos urban¨ªsticos, la mayor¨ªa a cuatro promotores; tres de ellos, a agrupaciones de propietarios; y uno, a una uni¨®n de empresas creada por los promotores citados.

La ilegalidad de las adjudicaciones ha aflorado este mes de noviembre, tras el fallo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que estim¨® totalmente los recursos acumulados de una decena de propietarios de suelo afectados por uno de los planes urban¨ªsticos adjudicados por el Consistorio.

El gobierno local aprob¨®, el 29 de junio de 2001, un programa de actuaci¨®n integrada (PAI) y adjudic¨® la condici¨®n de urbanizador a la mercantil madrile?a Urbanizadora ZO-4, SL. Un total de nueve propietarios de ese sector recurrieron el acuerdo plenario y el TSJ ha estimado la apelaci¨®n.

Explica la sentencia que cuando el Ayuntamiento aprob¨® el PAI, se estaba tramitando la revisi¨®n del Plan General y las licencias se encontraban suspendidas desde que tal revisi¨®n se expuso al p¨²blico, merced a un acuerdo municipal de 9 de septiembre de 1999. Seg¨²n la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) "la supensi¨®n de licencias implicar¨¢, tambi¨¦n, la de los acuerdos aprobatorios de nuevos programas en la zona afectada".

Se trata, recuerda la sentencia, de la denominada suspensi¨®n autom¨¢tica de licencias por imperativo de la ley. "El Ayuntamiento no puede desentenderse de un mandato directo de la ley", dice el fallo.

El gobierno local se salt¨® otro art¨ªculo de la LRAU al adjudicar los planes urban¨ªsticos, en concreto el 29, ya que el acuerdo aprobatorio del PAI se produjo antes del visto bueno de la Generalitat Valenciana a la homologaci¨®n con ordenaci¨®n pormenorizada del sector. El expediente de homologaci¨®n, dice el TSJ, se aprob¨® provisionalmente por el Ayuntamiento el 1 de marzo de 2000, pero "no por la Administraci¨®n competente".

El Tribunal que ha resuelto este caso saca los colores al anterior equipo de gobierno cuando le reprocha que el acuerdo podr¨ªa no haberse adoptado de haberse atendido la "razonable" solicitud de un miembro de la Corporaci¨®n (en la oposici¨®n), para que en la sesi¨®n plenaria informara la Secretar¨ªa del Ayuntamiento sobre la legalidad del acuerdo, "informe que no lleg¨® a emitirse".

De la misma forma que este PAI se tramitaron todos los dem¨¢s, cuyas adjudicaciones no llegaron a recurrirse y, por tanto, siguen teniendo validez. En la mayor¨ªa de los planes, los propietarios del suelo llegaron a acuerdos econ¨®micos con los promotores y no recurrieron y en otros los due?os de los terrenos se agruparon y obtuvieron las condici¨®n de agentes urbanizadores.

El ex alcalde del PP, Francisco Garc¨ªa G¨®mez, fragu¨® una estrecha relaci¨®n con los promotores, en especial con Miguel Montoro, afectado por la sentencia del PAI. ?ste, a trav¨¦s de una de sus empresas, compr¨® 46.675 metros cuadrados a una fundaci¨®n ben¨¦fica de la que el alcalde era patrono por 3,6 millones de euros, en la partida del Oliver¨®n, pese a que otros propietarios vendieron al doble de ese precio en las mismas fechas y en el mismo lugar.