El alcalde de Pedrezuela, acusado de un delito de prevaricaci¨®n

La fiscal¨ªa de Madrid acusa al alcalde de Pedrezuela, Jos¨¦ Antonio Chinch¨®n Sanz (PP), de delitos de prevaricaci¨®n continuada, contra la ordenaci¨®n del territorio y de negociaciones prohibidas, y pide para ¨¦l una condena de 30 meses de c¨¢rcel y 12 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico. El fiscal le acusa de favorecer y permitir la construcci¨®n de una granja escuela y de un centro de empleo en un paraje protegido del municipio. Seg¨²n el fiscal, el centro se ha levantado sobre una parcela no urbanizable que es propiedad "de la madre y de un t¨ªo carnal" del regidor.

Seg¨²n el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, la citada construcci¨®n supuestamente ilegal revertir¨¢ dentro de 25 a?os a la familia del alcalde, con el consiguiente enriquecimiento. Este asunto est¨¢ en manos de un juzgado y el alcalde admite que ya ha sido interrogado.

El fiscal se?ala que Chinch¨®n, alcalde de Pedrezuela (1.700 habitantes) desde 1998, dio luz verde a la citada construcci¨®n a pesar de que la Direcci¨®n General de Urbanismo de la Comunidad no s¨®lo la hab¨ªa prohibido sino que, adem¨¢s, orden¨® paralizar las obras y demoler las que hasta entonces, en agosto de 1999, ya se hab¨ªan levantado. La citada parcela, seg¨²n el fiscal, "est¨¢ catalogada como suelo no urbanizable de especial protecci¨®n" y figura incluida "en la Ley 16/95 Forestal y de Protecci¨®n a la Naturaleza".

Esta parcela, situada en el llamado Paraje Prado de la Casa, era propiedad al 50% de la madre del regidor y de un t¨ªo carnal suyo. "Dada su consideraci¨®n urban¨ªstica", se?ala el fiscal, "resultaba pr¨¢cticamente imposible toda construcci¨®n en ella.

Sin embargo, en octubre de 1999 la madre y el t¨ªo carnal del acusado "firmaron un contrato de arrendamiento con la Asociaci¨®n de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad", y esta asociaci¨®n se comprometi¨® a convertir la citada parcela en un centro especial de empleo.

25.000 gallinas

El fiscal agrega que lo realmente construido es una explotaci¨®n av¨ªcola con 25.000 gallinas, cuyas instalaciones, seg¨²n el contrato de arrendamiento, deben "revertir" a los arrendadores dentro de 25 a?os. Seg¨²n el fiscal, el alcalde obvi¨® los requerimientos de la Comunidad para suspender las obras y demoler lo hecho y dio luz verde a las mismas. Detalla tambi¨¦n el fiscal que la citada asociaci¨®n present¨® posteriormente, en mayo de 2003, un proyecto para hacer 26 chal¨¦s adosados e independientes en la misma zona y que el regidor tambi¨¦n ha autorizado tales obras pese a tratarse de un solar especialmente protegido. Para el juicio, el fiscal reclama que la Guardia Civil aporte las fotograf¨ªas de las construcciones hechas en la zona y la utilizaci¨®n que se da a las mismas.

El alcalde de Pedrezuela explica que los terrenos usados para la granja escuela y el taller ocupacional no pertenecen s¨®lo a su madre y a su t¨ªo, sino a "otros ocho vecinos m¨¢s". A?ade que fue el propio Ayuntamiento, por orden suya, el que detuvo las obras cuando la Comunidad emiti¨® su informe, y que ¨¦stas prosiguieron s¨®lo despu¨¦s de que la parcela fuese liberada del estudio de impacto ambiental debido al car¨¢cter social de las mismas. "Se trata de una granja escuela y de un centro ocupacional de empleo de la asociaci¨®n AFAT, que tiene un convenio con la Comunidad de Madrid", se?ala el regidor.

Chinch¨®n subraya que las viviendas proyectadas en la zona las est¨¢ construyendo el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), puesto que son para "disminuidos ps¨ªquicos", y que ello ha permitido crear en el municipio "sesenta y tantos puestos de trabajo".

Modesto Nolla, portavoz del PSOE en la Asamblea en materia de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio, asegura que este asunto es fruto de una investigaci¨®n inicial del PSOE de Pedrezuela. Nolla se?ala que estas obras, "hechas en un suelo no urbanizable y especialmente protegido", no dejan de ser ilegales por el hecho de que la Comunidad de Madrid las haya eximido del informe de impacto ambiental. Tal exenci¨®n se produjo el 23 de octubre de 2003.

"A mi juicio, el alcalde ha actuado as¨ª amparado por el ¨²ltimo Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n y por el actual de Esperanza Aguirre, con cuyo consejero de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio ha firmado un convenio que me parece inconcebible en un suelo no urbanizable y protegido", a?ade.