La cesi¨®n de tributos condiciona el acuerdo de la Carta Municipal de Barcelona

Hay acuerdo respecto a la filosof¨ªa: Barcelona participar¨¢ en la cesi¨®n de los impuestos del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Pero falta llegar al pacto sobre el porcentaje concreto de cada uno de ellos. Ese parece ser el principal condicionante en la negociaci¨®n abierta entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con el Gobierno central para aprobar la llamada "parte espa?ola" de la Carta Municipal porque afecta a leyes y disposiciones generales.

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, reiter¨® que la Carta podr¨ªa entrar en el Congreso en el primer trimestre de 2005, pero las negociaciones todav¨ªa no est¨¢n cerradas.

Una de las ¨²ltimas rondas de negociaci¨®n que el consistorio quer¨ªa celebrar este mes de diciembre, antes de que finalizara el a?o, se acabar¨¢ posponiendo hasta enero, se?alaron fuentes municipales. No obstante, los representantes municipales de la comisi¨®n negociadora insisten en la buena disposici¨®n de llegar a un acuerdo, sobre todo por parte del Ministerio de Administraciones P¨²blicas (MAP). Las cuestiones que requieren la aprobaci¨®n del Congreso y el Senado son las relativas a la financiaci¨®n, la justicia local y la autoridad del alcalde. La propuesta fue pactada previamente entre el Gobierno catal¨¢n y el Ayuntamiento de Barcelona, un proceso que tampoco estuvo exento de fricciones entre los dos lados de la plaza de Sant Jaume, donde gobierna el mismo tripartito: PSC, ERC e ICV-EUiA.

El texto final de la Carta fue presentado por el alcalde, Joan Clos, y el consejero de Relaciones Institucionales y Participaci¨®n de la Generalitat de Catalu?a, Joan Saura, a principios de septiembre a Jordi Sevilla, ministro de Administraciones P¨²blicas. Desde entonces se han celebrado varios encuentros entre los negociadores de la Generalitat y el Ayuntamiento con los de los ministerios implicados: adem¨¢s del MAP, Fomento, Hacienda y Cultura. Son rondas negociadoras que tambi¨¦n se desarrollaron con la Administraci¨®n del anterior Gobierno del Partido Popular y no llegaron a ninguna parte. En el consistorio se apresuran a aclarar que ahora la cosa es distinta: "Hay voluntad pol¨ªtica".

En el cap¨ªtulo de la financiaci¨®n, la propuesta parte del modelo de la cesi¨®n de impuestos: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Un r¨¦gimen especial que prev¨¦ la Ley de Haciendas Locales para Madrid y Barcelona, pero nunca desarrollado hasta ahora. Lo que se plantea desde la parte catalana es la cesi¨®n del 10% del IRPF -ahora es el 1,6%-, el 20% del IVA -ahora, el 1,7%- y el 30% -ahora, el 2%- de los impuestos especiales. "Ahora estamos en la concreci¨®n de los porcentajes", aseguran fuentes municipales. Dentro del cap¨ªtulo de la financiaci¨®n, tampoco est¨¢n claros los gastos de suplencia que se plantean, sobre todo por los equipamientos culturales, porque el ministerio alega que han sido traspasados a la Generalitat.

Justicia local

En cuanto al modelo de justicia local -jueces de distrito para resolver las faltas derivadas de conflictos de la convivencia cotidiana o la reclamaci¨®n de deudas menores de 3.000 euros, entre otras competencias-, el problema es el modo y el tiempo de plantear la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que requiere. Fuentes municipales se?alaron que se ha llegado a un acuerdo sobre el mecanismo de la elecci¨®n de los jueces, que deber¨¢ partir de una terna seleccionada por el pleno del Ayuntamiento entre candidatos licenciados en derecho y remitida al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Seg¨²n las mismas fuentes, el punto de desacuerdo es que el Gobierno quiere plantear esa reforma aprovechando otros cambios que quiere introducir en los tribunales superiores de justicia y el Ayuntamiento no quiere esperar.

La cuesti¨®n de c¨®mo se cierre el acuerdo de la Carta de Barcelona podr¨¢ tener, adem¨¢s, efectos en cadena, ya que Madrid aspira a tener un reconocimiento espec¨ªfico como capital, y posiblemente otras ciudades podr¨ªan plantear el mismo trato y no contentarse con la Ley de Ciudades aprobada por el Partido Popular en la anterior legislatura.