El PP recurrir¨¢ al Constitucional la reforma de la ley del Poder Judicial

El PP, a trav¨¦s de su presidente, Mariano Rajoy, solicit¨® ayer al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que retire el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial porque es "una grav¨ªsima ruptura de las reglas de juego" en el funcionamiento de la Justicia, y que "pacte con el primer partido de la oposici¨®n, como siempre se ha hecho", estas "cuestiones institucionales". Si, como es previsible, el Gobierno sigue adelante, el PP recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional, por el fondo y por la forma de esa ley, y se replantear¨¢ si pacta alguna otra cuesti¨®n de calado con el Ejecutivo.

Los recursos que el PP presentar¨¢ a esta ley, que cuenta con el respaldo de todos los dem¨¢s grupos de la C¨¢mara, se apoyar¨¢n en la supuesta "ilegalidad" de la forma en la que ha sido tramitada y en que, en el fondo, vulnerar¨ªa el art¨ªculo 122 de la Constituci¨®n.

El recurso formal sostendr¨¢ que el Pleno que aprob¨® su tramitaci¨®n por la v¨ªa de lectura ¨²nica el pasado jueves fue "ilegal". Lo fue, seg¨²n el PP, porque se convoc¨® antes de que se hubiera publicado en el Bolet¨ªn de las Cortes el proyecto de ley que se iba a discutir. Es decir, se incumpli¨® el art¨ªculo 67.4 del Reglamento.

Hay precedentes de otras convocatorias urgentes, pero se apoyaron en la unanimidad. La ley, seg¨²n el PP, ser¨ªa as¨ª inconstitucional por un "vicio de origen" en su tramitaci¨®n. Este fallo reglamentario era el que pretend¨ªa plantear Eduardo Zaplana, su portavoz en el Congreso, cuando pidi¨® la palabra en el Pleno extraordinario del jueves para una cuesti¨®n de orden. Como el presidente del Congreso, Manuel Mar¨ªn, no se la concedi¨®, sino que puso en marcha la votaci¨®n, sus diputados abandonaron el Pleno sin participar en ella.

La argumentaci¨®n de fondo sobre la posible inconstitucionalidad de la ley plantea, en s¨ªntesis, que la ley "inutilizar¨¢" la actual composici¨®n del Poder Judicial por la v¨ªa de "cambiar sus reglas de funcionamiento".

El cambio de funcionamiento consiste en que la mayor¨ªa de vocales necesaria para nombrar altos magistrados pasar¨¢ de mayor¨ªa simple a mayor¨ªa de tres quintos. Tal mayor¨ªa de tres quintos ya se exige, por ejemplo, en la parte de los nombramientos del Tribunal Constitucional que corresponden al Poder Judicial.

Como argumento pol¨ªtico, el PP dice que "si tres quintos es una mayor¨ªa m¨¢s democr¨¢tica, que se aplique a todo y no s¨®lo a lo que le conviene al PSOE". Y advierte del "esc¨¢ndalo" que supondr¨ªa, por ejemplo, que se pretendiera ahora que todo en el Parlamento hubiera de aprobarse por una mayor¨ªa cualificada de tres quintos.

El PP avisa adem¨¢s de que, en el Parlamento, esa mayor¨ªa de tres quintos es necesaria para aprobar reformas constitucionales. Rajoy asegur¨® ayer que har¨¢ uso de ella, es decir, de su capacidad de veto, si el Gobierno persiste en su reforma del Poder Judicial sin pactarla con el PP.

Vulneraci¨®n del Pacto

Y ah¨ª a?ade que el proyecto de ley vulnera el Pacto de Estado por la Justicia que acordaron el PP y el PSOE en la pasada legislatura. Ese pacto fue dado por roto por el PSOE al final de la anterior legislatura, pero el PP entendi¨® que esas declaraciones de ruptura obedec¨ªan a la cercan¨ªa de las elecciones.

La vulneraci¨®n del Pacto que esgrime el PP afecta al punto 21 de aquel acuerdo. Ese punto modificaba el sistema de elecci¨®n de los miembros del Poder Judicial para acercarlo m¨¢s al previsto en el art¨ªculo 122.3 de la Constituci¨®n. El Poder Judicial est¨¢ compuesto por 21 magistrados: 20 vocales m¨¢s el presidente. El art¨ªculo 122.3 de la Constituci¨®n preve¨ªa que, de los 20 vocales, 12 se elijan entre los jueces, y los otros ocho por el Congreso y el Senado entre abogados y juristas.

Este m¨¦todo fue modificado en la Ley del Poder Judicial de 1985, que decidi¨® que los 20 vocales fueran elegidos por el Parlamento. Los entonces componentes del Poder Judicial recurrieron al Tribunal Constitucional, pero ¨¦ste se abstuvo al considerar que no deb¨ªa pronunciarse sobre un conflicto de competencias entre dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Despu¨¦s de eso, el PP en cada convocatoria electoral propon¨ªa volver al sistema del 122.3 de la Constituci¨®n. Por ejemplo, en la p¨¢gina 175 de su programa para las elecciones de 2000 dec¨ªa que deb¨ªan ser "los propios jueces y magistrados, y no las asociaciones judiciales ni los grupos parlamentarios, quienes elijan a los 12 miembros de extracci¨®n judicial mediante una f¨®rmula proporcional que garantice la representaci¨®n plural".

En lugar de aplicar esa promesa electoral, el PP afirma que firm¨® el Pacto de Estado de la Justicia para "que no prevaleciera la opini¨®n pol¨ªtica de ninguno de los dos grupos mayoritarios". Ese Pacto, en su punto 21, regula un sistema mixto de elecci¨®n de los vocales del Poder Judicial entre jueces y Parlamento. Y ahora, mantiene, al cambiar la mayor¨ªa requerida de vocales, ese sistema pierde su sentido pol¨ªtico.