22-D

Para empezar, se cuestiona desde el Gobierno Valenciano la idoneidad de la AVL para pronunciarse sobre la entidad de la lengua propia de los valencianos abordando el tema de la doble denominaci¨®n -valenciano y catal¨¢n-, pretendiendo que la propia instituci¨®n acuda al CJC para preguntar si puede o no pronunciarse sobre la materia, cuando se sabe que la AVL no puede dirigirse a aqu¨¦l, por disponer la ley que lo cre¨® que s¨®lo el Gobierno Valenciano y los Ayuntamientos -en asuntos muy restringidos-, pueden pedir dict¨¢menes, que, por otra parte, no son vinculantes. A la vista de esta obviedad, el Gobierno Valenciano le pregunta al CJC si la AVL puede o no dictaminar sobre el nombre de la lengua, sobre si denominarle de cualquier otro modo conculca el EACV, esperando, l¨®gicamente que aqu¨¦l diga que no antes del 22 de diciembre, que es la fecha designada para que el pleno de la AVL se pronuncie sobre un documento que ya dispone de 13 votos favorables (de 21), y donde, por lo que se sabe de ¨¦l, no se propone ni el cambio legal de nombre de la lengua propia de los valencianos ni la adopci¨®n legal de la doble denominaci¨®n, sino las razones que avalar¨ªan desde la perspectiva de los peritos en lengua que son los acad¨¦micos que la doble denominaci¨®n no fuese contemplada como una arbitrariedad.

En favor de la pretensi¨®n de la mayor¨ªa de acad¨¦micos figuran ya las decisiones del TC donde se admit¨ªa el uso del t¨¦rmino lengua catalana en los Estatutos de la UV-EG, en la medida que estos recog¨ªan la denominaci¨®n legal de valenciano, y a ¨¦sta le a?ad¨ªan la referencia de un criterio de uso general en el ¨¢mbito cient¨ªfico.

La AVL, pues, en ejercicio del apoderamiento que en su d¨ªa le otorgaron las Corts Valencianes puede y debe pronunciarse (otra cosa es que el asunto requiera mayor tranquilidad y m¨¢s tiempo en la sociedad valenciana) sobre la entidad del valenciano, y no por ello va a cambiarse el nombre legal de la lengua propia de los valencianos; es decir, que el acuerdo de la AVL, si las informaciones de que disponemos son correctas, ni va a cambiar el nombre ni tendr¨¢ efectos legales inmediatos. Simplemente, y ante los retos que la AVL debe asumir, este de la entidad, lo hiciese antes o despu¨¦s, significa que con el acuerdo la instituci¨®n avanzar¨ªa unos pasos m¨¢s en la direcci¨®n a que apuntaban el dictamen del CVC y el Pre¨¢mbulo de la ley que la crea, o sea, en la del reconocimiento tranquilo de integrar al valenciano en una familia bien avenida, como parte del tronco ling¨¹¨ªstico com¨²n que comprende a valencianos, mallorquines, andorranos, alguereses... y (?ay!) catalanes.

Si el Gobierno pretendiera que la AVL no se pronuncie sobre esto mediante el dictamen del CJC (que lo pretende); y, si no pudi¨¦ndolo impedir (que no puede) buscara deslegitimar el acuerdo, no me cabe la menor duda de que un hipot¨¦tico recurso de leg¨ªtimos interesados (no voy a detallar qui¨¦nes) ante los tribunales acabar¨ªa d¨¢ndole la raz¨®n a la AVL (dentro de bastantes meses, claro), admitiendo que es competente para tomar acuerdos como el previsto para el 22-D, porque se trata, de nuevo, del mismo tema que resolvi¨® el TC a prop¨®sito de los Estatutos de la UV-EG: si la Universitat puede referirse al t¨¦rmino lengua catalana como referente en el ¨¢mbito cient¨ªfico, ?cuanto m¨¢s la AVL, que tiene como competencia espec¨ªfica a tratar desde la ciencia el valenciano podr¨¢ decir lo que crea conveniente!

Pero claro, lo de aqu¨ª no es desgraciadamente s¨®lo un problema filol¨®gico.