Reforma judicial

La reforma del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales qued¨® ayer aprobada en el Congreso tras la frustrada votaci¨®n del pasado 25 de noviembre, con acompa?amiento de gruesas descalificaciones por parte del PP y anuncios de que la recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere plantear un conflicto de competencias contra el Ejecutivo. Pero lo m¨¢s grave ser¨ªa el posible bloqueo parlamentario por parte del PP de la renovaci¨®n del pr¨®ximo Consejo del Poder Judicial, algo que no suceder¨¢ afortunadamente hasta 2006 y deja dos a?os de margen para que se calmen los ¨¢nimos.

El cambio de mayor¨ªa para la elecci¨®n de magistrados del Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de Justicia -de la actual mayor¨ªa simple del CGPJ a la cualificada de tres quintos que exige la nueva ley- tiene aspectos criticables: su coyunturalismo excesivo y la ausencia de un acuerdo previo -tarea dif¨ªcil pero obligada en aras del consenso- con el principal partido de la oposici¨®n. Pero de ah¨ª a considerarlo un ataque a la democracia y a la independencia judicial y una vulneraci¨®n de las reglas de juego, como se empe?a el PP, va un abismo.

La reforma ha obtenido, en todo caso, el aval de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, empecinado en considerarla un casus belli que le enfrenta a todos. La nueva ley limitar¨¢ obviamente su capacidad de influencia en los pr¨®ximos nombramientos judiciales, debido a que la actual mayor¨ªa conservadora del Consejo del Poder Judicial tendr¨¢ que pactarlos con las minor¨ªas. Es comprensible que el PP se resista a perder aliados judiciales en una legislatura en que le toca ejercer de oposici¨®n. Pero la reforma busca que esos nombramientos se realicen con mayor¨ªas amplias, que representen la composici¨®n plural del Consejo y respeten la diversidad ideol¨®gica y asociativa de los propios jueces, algo que los jueces pr¨®ximos al PP hab¨ªan orillado al copar todos los puestos en la ¨²ltima tanda de nombramientos. Ser¨¢ bueno para la independencia del poder judicial, pues dificultar¨¢ las maniobras de los partidos, sea cual sea la composici¨®n interna del Consejo.

El PP ha definido el debate sobre la reforma como "el m¨¢s irregular y espurio de toda la historia parlamentaria espa?ola". Es dif¨ªcil ser m¨¢s exagerado y grandilocuente. El procedimiento de urgencia y en lectura ¨²nica con que ha sido tramitada es excepcional, pero est¨¢ contemplado en el reglamento. No es el caso de alguna reforma legal llevada a cabo sin debate parlamentario en la anterior legislatura. Y, en cuanto al fondo, no es cierto que se cambien las reglas de juego. Se extiende su aplicaci¨®n a los nombramientos judiciales de car¨¢cter discrecional. No existe obst¨¢culo alguno, ni legal ni constitucional, que impida que los magistrados del Supremo y los presidentes de los tribunales superiores de Justicia sean elegidos por la misma mayor¨ªa de tres quintos con que el Consejo del Poder Judicial nombra a su presidente y vicepresidente, a los miembros del Constitucional que le corresponden e incluso a los de sus comisiones disciplinaria y de calificaci¨®n.