M¨¢s de 20 a?os de reconversi¨®n en los astilleros p¨²blicos

El sector de los astilleros p¨²blicos lleva 20 a?os en reconversi¨®n y salvando sus sucesivas crisis por la v¨ªa del adelgazamiento. De los 39.229 empleos que ten¨ªa el sector en 1984 se ha pasado a los 11.077 de final del pasado a?o, y el futuro pasa por nuevos ajustes para afrontar una crisis que no s¨®lo afecta al sector en Espa?a, sino en toda Europa. La plantilla se reducir¨¢ con el nuevo acuerdo en otros 4.100 trabajadores m¨¢s por la v¨ªa de prejubilaciones y bajas incentivadas. Este ajuste se har¨¢ con detallados informes operativos y estudiando cada centro, su estructura de personal y de cartera de pedidos, y no de forma lineal para no entorpercer la viabilidad de la empresa.

El acuerdo firmado ayer, a juicio de los expertos, supone cerrar una de las etapas m¨¢s oscuras del sector. Actuaba desde 1996 en una situaci¨®n irreal al no tener en cuenta las exigencias de la Uni¨®n Europea, lo que se ha traducido en varios expedientes de ayudas ilegales y en la crisis actual.

La SEPI considera que la fusi¨®n de Baz¨¢n y Aesa en el a?o 2000 fue un grave error

Tres ajustes laborales marcan un sector industrial maduro (1984, 1995-1997 y 2000, con la fusi¨®n de Baz¨¢n con Aesa) que ha visto c¨®mo la competencia desleal de Corea, China y Jap¨®n ya controla el 80% del mercado mundial de buques. La UE sigue perdiendo terreno en el mercado y ha pasado de controlar el 17% del mercado en el a?o 2000 al 7% en la actualidad.

Todos los astilleros de los principales pa¨ªses europeos han abordado en los ¨²ltimos a?os procesos de reconversi¨®n y se han especializado en tipos de buques para sobrevivir, hecho que en Espa?a a¨²n no se ha abordado, tal como denuncia la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria del 100% de Izar (resultado de la fusi¨®n de Baz¨¢n y Aesa).

El 26 de noviembre de 1990, la UE public¨® una directiva con la que comenzaba a retirar las ayudas p¨²blicas a la construcci¨®n naval. El sector espa?ol empez¨® entonces a perder competitividad y, en 1995, la entonces Agencia Industrial del Estado (hoy SEPI) y los sindicatos CC OO, UGT, ELA y CTA firmaron el Plan Estrat¨¦gico de Competitividad (PEC).

Era un nuevo intento de dar viabilidad al sector en un periodo de tres a?os, es decir, en 1998. Se acord¨® por ambas partes la reducci¨®n de 3.900 empleos mediante prejubilaciones (afectaba a mayores de 55 a?os e incluso a los mayores de 52 a?os que se acog¨ªan durante tres a?os como m¨¢ximo al Fondo de Promoci¨®n de Empleo) y bajas incentivadas.

Las aportaciones p¨²blicas que se realizaron para poner en marcha el PEC tuvieron que negociarse con las autoridades de Competencia de la UE debido a que superaban los l¨ªmites establecidos por la normativa comunitaria. Estas ayudas fueron aprobadas por la UE con car¨¢cter excepcional y quedaron sujetas a determinadas condiciones.

El principal condicionante fue considerarlas la ¨²ltima posibilidad de dar ayudas por encima de los l¨ªmites autorizados. Ese dato siempre lo supo el anterior equipo directivo de la SEPI. Aunque se realizaron todas las actuaciones previstas en el PEC, no se logr¨® el objetivo de viabilidad y se acumularon p¨¦rdidas por valor de 847 millones de euros. El mercado evolucion¨® a la baja mucho m¨¢s de lo previsto y la agresividad de los astilleros coreanos se encarg¨® de dar la puntilla a los objetivos propuestos.

En 1998 se decidi¨® resolver la situaci¨®n patrimonial mediante la aportaci¨®n de los llamados cr¨¦ditos fiscales que luego fueron declarados incompatibles por la UE. Al cierre de 1999, y ante una situaci¨®n patrimonial que llevaba a la empresa a la quiebra, se realizaron operaciones de venta de filiales a SEPI con ayudas que la UE tambi¨¦n declar¨® ilegales. Y en el a?o 2000, y ante la dif¨ªcil situaci¨®n del mercado de los astilleros civiles, el Gobierno del PP tom¨® la decisi¨®n de fusionar los astilleros militares (Baz¨¢n) con los civiles (Aesa) para crear Izar. Esta operaci¨®n de fusi¨®n tambi¨¦n recibi¨® ayudas p¨²blicas y fue investigada por la UE, que al final resolvi¨® que eran ayudas ilegales.

Pese a las sucesivas reconversiones, Astilleros Espa?oles (Aesa) ha sumado p¨¦rdidas de 2.454 millones de euros entre 1984 y 1999. Baz¨¢n, de astilleros militares, perdi¨® 635 millones de euros en el mismo periodo.

El nacimiento de Izar en 2000 fue un grave error, a juicio del actual presidente de la SEPI, Enrique Mart¨ªnez Robles, para quien por salvar los astilleros civiles de Aesa se traslad¨® el problemas a los militares, los cuales ten¨ªan viabilidad. De esa forma, Izar se convirti¨® en un problema de dif¨ªcil soluci¨®n. Ha seguido almacenando p¨¦rdidas. Desde su nacimiento en 2000 ha registrado p¨¦rdidas de 457 millones de euros.

El pasado 12 de mayo la UE declar¨® ilegales las ayudas p¨²blicas a los astilleros concedidas en 1999 y 2000 por valor de 308 millones de euros, 376 millones con intereses, que obliga a presentar la quiebra a la empresa que cuenta con unos recursos propios de 270 millones de euros. La empresa tiene totalmente prohibida la ampliaci¨®n de capital porque las ayudas anteriores se dieron como ¨²ltima oportunidad. Adem¨¢s, la UE en los ¨²ltimos meses ha avanzado en los expedientes que totalizan unas ayudas ilegales de 1.200 millones de euros. Con esta espada encima de sus cabezas, han estado negociando los ¨²ltimos meses la SEPI y los sindicatos. El anterior comisario de Competencia, Mario Monti, concedi¨® un plazo para llegar a un acuerdo hasta el pr¨®ximo 31 de diciembre.

La SEPI, desde el primer momento, hizo una propuesta para salvar la empresa por la v¨ªa de segregar el negocio de los astilleros militares, que tienen viabilidad y pueden recibir ayudas, y dar entrada al capital privado en los astilleros civiles. En un momento de las negociaciones (en octubre pasado) se plante¨® que se creara un holding con dos empresas, una para la actividad militar y otra para la civil. La militar la controlar¨ªa al 100% la SEPI y de la civil tendr¨ªa la SEPI el 49%. El resto, hasta el 70%, se ofreci¨® a las cajas para completar el 100% otros inversores privados; pero la UE no autoriz¨® esta estructura porque consider¨® que las cajas no son capital privado.