"Hay que aliviar de contenido emocional el t¨¦rmino 'naci¨®n' para algunas autonom¨ªas"

Pregunta. ?Su condici¨®n de mujer le produjo dificultades para llegar a ser presidenta del Tribunal Constitucional?

Respuesta. En mi caso, salvo los condicionamientos generales de todas las mujeres, serlo no influy¨® en mi carrera, tal vez porque me he movido en un medio que me ha liberado de las dificultades que padecen otras mujeres, adem¨¢s de la ayuda de mi familia, empezando por mi padre. He disfrutado muchos a?os como catedr¨¢tica de Derecho del Trabajo y he realizado tambi¨¦n con pasi¨®n mi trabajo en este Tribunal, primero como magistrada y ahora como presidenta.

P. La Constituci¨®n ha cumplido 26 a?os. ?Qu¨¦ valoraci¨®n hace de nuestra Ley Fundamental?

R. Nos ha permitido a los espa?oles vivir en democracia y en paz. Nada menos que eso.

"Destaca la discriminaci¨®n retributiva de las mujeres a pesar de ser la primera que se prohibi¨®"

"Son odiosas las diferencias por raz¨®n de sexo, etnia, religi¨®n, discapacidad, edad"

"El Constitucional es un ¨®rgano jur¨ªdico, no pol¨ªtico-jur¨ªdico, y resuelve los asuntos que le llegan sin dejarse influir por los acontecimientos"

"La conversi¨®n del Senado en una C¨¢mara de representaci¨®n territorial es positiva. Yo deseo que se haga bien y que los pol¨ªticos acierten"

"Las denuncias de la Iglesia cat¨®lica s¨®lo sirven en ese ¨¢mbito y no tienen trascendencia fuera de ella"

"El derecho de huelga sigue sin desarrollarse por ley y est¨¢ regulado por un decreto preconstitucional"

P. ?Y los extranjeros, se encuentran jur¨ªdicamente c¨®modos en Espa?a?

R. Desde la perspectiva de la Constituci¨®n, as¨ª debe ser, pero no se puede ocultar que el fen¨®meno de la inmigraci¨®n y las connotaciones socioecon¨®micas que comporta, como las condiciones de trabajo y la inserci¨®n social, son muy dificultosas. Hay que conseguir que los derechos de todos, tambi¨¦n de los extranjeros, sean una realidad.

P. ?Aprecia alg¨²n anacronismo o desfase entre el texto constitucional y la realidad actual?

R. Lo importante es que en estos 26 a?os, por un lado ha madurado el sentimiento constitucional en los ciudadanos, como un elemento del paisaje, de nuestra realidad. Por otra parte, la sociedad espa?ola est¨¢ madura para la reforma que, por lo dem¨¢s, es cumplimiento de la propia Constituci¨®n, que la prev¨¦.

P. ?C¨®mo ve las reformas que plantea el Gobierno?

R. Responden a las inquietudes puestas de manifiesto en los ¨²ltimos tiempos y requieren el mismo consenso que alumbr¨® la Constituci¨®n.

P. ?Cree urgente la equiparaci¨®n del hombre y la mujer en la sucesi¨®n a la Corona?

R. No veo necesidad de hacerlo ni m¨¢s ni menos r¨¢pido. Me parece una reforma positiva, porque a la postre lo que significa es colocar a la instituci¨®n de la Corona en sinton¨ªa con las demandas de la sociedad.

P. ?Usted es mon¨¢rquica o republicana?

R. Yo estoy completamente con la Constituci¨®n. Me parece que la Corona ha prestado un servicio impagable. Es una instituci¨®n absolutamente ejemplar.

P. ?La Corona o esta Corona?

R. Desde luego esta Corona, que es con la que yo he vivido.

P. ?Considera garantizada la igualdad ante la ley?

R. Ha habido una adecuaci¨®n formal de los textos legislativos a los valores de igualdad progresiva pilotada por el derecho comunitario y la Constituci¨®n, pero queda mucho por hacer.

P. Por ejemplo, ?tienen las mujeres las mismas oportunidades profesionales que los hombres?

R. Creo radicalmente que no. Destaca la discriminaci¨®n retributiva, a pesar de ser la primera que se prohibi¨® por el derecho comunitario y por nuestro derecho. Por supuesto existe tambi¨¦n desigualdad de oportunidades. Pero las estad¨ªsticas son tercas y siguen dici¨¦ndonos que existe desigualdad retributiva entre el hombre y la mujer.

P. ?Qu¨¦ habr¨ªa que hacer para superar esa situaci¨®n de inferioridad de la mujer?

R. Soy partidaria de un entendimiento de la igualdad en toda su profundidad, en todos sus aspectos, desde la perspectiva hist¨®rica y de los valores, pero que tiene que completarse con la igualdad material, a trav¨¦s de un entendimiento muy conjuntado de los art¨ªculo 14 ["los espa?oles son iguales ante la ley"] y 9.2 ["corresponde a los poderes p¨²blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas"].

P. Para todo ello, ?es ¨²til la herramienta de la discriminaci¨®n o acci¨®n positiva?

R. Es una herramienta de trabajo, absolutamente imprescindible, aceptada en el derecho comunitario, tras las ¨²ltimas reformas introducidas por el Tratado de Amsterdam, para lograr una sociedad mejor y m¨¢s cohesionada, no s¨®lo en cuanto a las diferencias por raz¨®n de sexo, sino a otras diferencias igualmente odiosas, como por raz¨®n de etnia, religi¨®n, discapacidad, edad. Ocurre que todos esos elementos odiosos de discriminaci¨®n suelen confluir en la discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, en la que esas caracter¨ªsticas se agravan al tratar a un sexo de forma inferior.

P. Pero algo se ha avanzado.

R. Curiosamente, en los siete primeros a?os del Tribunal las peticiones de amparo contra la discriminaci¨®n las hac¨ªan los hombres, para el reconocimiento del derecho a la pensi¨®n de viudedad o la pensi¨®n de auxiliares de vuelo [vulgarmente llamados "azafatos"], para equipararse a las azafatas, que a determinada edad ya no ofrec¨ªan buena presencia. Eran reclamaciones frente a unas normas proteccionistas de la mujer, un ser desvalido que, por ejemplo, no pod¨ªa trabajar de noche. En cambio, actualmente, las mujeres siguen sin recurrir apenas lo m¨¢s grave de su discriminaci¨®n: la retributiva.

P. ?Cree adecuado el t¨¦rmino "matrimonio" para las uniones entre homosexuales?

R. Esta cuesti¨®n puede llegar al Tribunal Constitucional. Prefiero no pronunciarme.

P. ?Cree correcta en 2004 la menci¨®n expresa de la Iglesia cat¨®lica que incluy¨® en 1978 la Constituci¨®n?

R. Fue una menci¨®n adecuada, en t¨¦rminos absolutamente respetuosos para las dem¨¢s confesiones, pero puede tambi¨¦n tener sentido no mencionar a ninguna.

P. Las autoridades eclesi¨¢sticas denuncian que algunas reformas legislativas atacan la moral. ?C¨®mo valora esas denuncias?

R. Como un enjuiciamiento que hace la Iglesia para los cat¨®licos y que debe de estar siempre en el ¨¢mbito de lo que es la doctrina de la Iglesia cat¨®lica, sin trascendencia en los ¨¢mbitos externos a la doctrina de la Iglesia cat¨®lica.

P. ?Qu¨¦ le parece que ustedes tengan que amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos que los jueces ordinarios desamparan?

R. ?sa es la finalidad del recurso de amparo, seg¨²n la Constituci¨®n y nuestra ley org¨¢nica. Pero de los much¨ªsimos recursos de amparo que se interponen -en 2004, unos 7.800-, hay un nivel de inadmisi¨®n muy elevado. Y de los pocos que se admiten, no todos se estiman. La conclusi¨®n es que nosotros s¨®lo amparamos la patolog¨ªa del desamparo judicial, es decir el funcionamiento incorrecto. El amparo judicial ordinario es una de las grandes virtudes de la Constituci¨®n, que ha sido capaz de introducir la tutela judicial de los derechos y libertades fundamentales en todos los ¨¢mbitos.

P. ?Cu¨¢l es la sentencia m¨¢s importante del Tribunal?

R. Hay muchas. En la ¨²ltima etapa fue relevante la relativa a la Ley de Partidos, pero con anterioridad ha habido otras, como la que estableci¨® l¨ªmites a la prisi¨®n provisional o la que permiti¨® la declaraci¨®n conjunta o separada por parte de los c¨®nyuges del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas.

P. ?De qu¨¦ se quejan m¨¢s los ciudadanos ante el Tribunal?

R. Los derechos procesales suelen ser los m¨¢s invocados, aunque tambi¨¦n esos amparos suelen ser los menos admitidos. Tambi¨¦n las cuestiones relativas a la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n, as¨ª como el derecho a la intimidad en diferentes ¨¢mbitos.

P. ?Quedan cicatrices de la guerra mantenida entre los tribunales Constitucional y Supremo?

R. Yo creo que no. El Tribunal es consciente de cu¨¢les son sus atribuciones, que est¨¢n suficientemente delimitadas por la Constituci¨®n y su ley org¨¢nica.

P. Pero hay un recurso de amparo pendiente de los magistrados condenados por la Sala Civil del Supremo.

R. S¨ª, est¨¢ pendiente un recurso, pero cicatrices no quedan. Institucionalmente, el Supremo, superior en todos los ¨®rdenes, salvo en garant¨ªas constitucionales, ejerce sus funciones y el Constitucional las suyas.

P. Cuando el Tribunal de Estrasburgo les corrige un fallo, como el reciente sobre la vulneraci¨®n de la vida privada por el ruido nocturno, ?cu¨¢l es su reacci¨®n?

R. Incorporar esa jurisprudencia, de la que hacemos un seguimiento permanente.

P. ?Tiene alguna iniciativa para potenciar desde el Tribunal Constitucional el amparo que los ciudadanos demandan?

R. Potenciar para que nos lleguen m¨¢s recursos, no, porque en ocasiones se confunde el amparo constitucional con una tercera instancia. Y ocupamos demasiado tiempo en las resoluciones de inadmisi¨®n de los recursos. Nuestro objetivo es agilizar los procedimientos para garantizar a los ciudadanos el disfrute de sus derechos lo m¨¢s r¨¢pidamente posible. Y resolver los recursos de forma m¨¢s sucinta y breve cuando se aplica doctrina firme.

P. ?Qu¨¦ opina sobre la denominaci¨®n de "naci¨®n" por las autonom¨ªas catalana o vasca?

R. Son denominaciones que, aparte de su carga emotiva, arrastran un debate cient¨ªfico y pol¨ªtico muy arduo a trav¨¦s de los a?os sobre lo que es Estado y lo que es naci¨®n. Creo que la formulaci¨®n que hace la Constituci¨®n en su art¨ªculo 2

[el derecho a la autonom¨ªa de las "nacionalidades y regiones"] se puede mantener o sustituir por algo similar, dicho de otra manera. El problema es que t¨¦rminos como 'naci¨®n' llevan demasiada carga emocional, sin atender al debate riguroso, del que se han ocupado con rigor los polit¨®logos. Habr¨ªa que descargar esos t¨¦rminos de su contenido emocional.

P. ?Qu¨¦ competencias necesitan potenciarse m¨¢s: las del Estado o las de las autonom¨ªas?

R. No es cuesti¨®n de planteamientos m¨¢s centralistas o m¨¢s autonomistas. En la medida en que hay una jurisprudencia firme que delimita las competencias del Estado y de las autonom¨ªas, ¨¦stas podr¨ªan reformularse de una manera m¨¢s precisa para pasar a las comunidades aut¨®nomas, pero tampoco ser¨ªa extra?o el fen¨®meno inverso: que las comunidades aut¨®nomas devolvieran determinadas competencias al Estado, en evitaci¨®n de los conflictos.

P. ?Podr¨ªa poner alg¨²n ejemplo concreto?

R. Si bien es una cuesti¨®n que deben resolver los agentes pol¨ªticos, a la luz de la jurisprudencia constitucional, en materia de comercio interior las competencias corresponder¨ªan a las comunidades aut¨®nomas, mientras que las cuestiones crediticias podr¨ªan corresponder al Estado.

P. ?Sobre qu¨¦ par¨¢metros esenciales considera realizable la reforma del Senado?

R. La conversi¨®n del Senado en C¨¢mara de representaci¨®n territorial es una idea positiva, que podr¨¢ hacerse sobre la base de las provincias o de las comunidades aut¨®nomas, con correcciones en funci¨®n de la poblaci¨®n o con un igualitarismo absoluto. Son opciones t¨¦cnicas diferentes. Yo deseo que se haga bien y que los pol¨ªticos acierten. En todo caso, se rebajar¨¢ el volumen de conflictos que llegan al Tribunal.

P. ?Qu¨¦ zona de la Constituci¨®n deber¨ªa haber sido desarrollada y no lo ha sido?

R. El caso m¨¢s clamoroso es el del art¨ªculo 28.2, que reconoce el derecho de huelga, y que sigue regulado por una norma preconstitucional, dictada con vocaci¨®n absoluta de provisionalidad en 1977 por el Gobierno de Adolfo Su¨¢rez. En un ¨¢rea de conflicto como la laboral, cuando pas¨¢bamos de un sistema dictatorial a un sistema democr¨¢tico, los ciudadanos pensaban que se necesitaba una reforma inmediata. Sin embargo, no ha habido voluntad pol¨ªtica, porque posiblemente no hab¨ªa voluntad social, sindical, para el desarrollo del derecho de huelga. Y nos estamos manejando con aquel decreto, derogado a trozos, y tengo que decirlo, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

P. ?Qu¨¦ papel atribuye a los medios de comunicaci¨®n social?

R. Un papel absolutamente relevante, porque forman la opini¨®n p¨²blica.

P. ?No se entrometen demasiado en la vida privada de las personas?

R. Depende de qu¨¦ medios. El derecho a la libre informaci¨®n es digno de toda protecci¨®n y la jurisprudencia del Tribunal es muy equilibrada, bien a favor del derecho a la informaci¨®n o de la intimidad y vida privada. En cambio, existe la llamada telebasura, que aficiona morbosamente al ciudadano a temas de intimidad y mercadeo p¨²blico.

P. ?Comparte las cr¨ªticas de Pilar Manj¨®n, v¨ªctima del 11-M, a los pol¨ªticos y a los medios de comunicaci¨®n social?

R. Las entiendo. A m¨ª me impresion¨®. Fue verdaderamente inolvidable. Me parece que no se puede decir mejor lo que ella y las v¨ªctimas del terrorismo quer¨ªan decir y adem¨¢s con una gran precisi¨®n de lenguaje.

P. ?Ha provocado alguna autocr¨ªtica en el Tribunal la intervenci¨®n de Manj¨®n como, por ejemplo, si le preocupan m¨¢s los diversos poderes o los ciudadanos?

R. El Tribunal no se impresiona por los poderes ni por los ciudadanos. Es un ¨®rgano jur¨ªdico, no jur¨ªdico-pol¨ªtico y resuelve los casos que se le plantean en cada momento, sin dejarse influir por los acontecimientos, con independencia de los sentimientos que a m¨ª personalmente me produce una intervenci¨®n de la calidad personal y democr¨¢tica como la de la se?ora Manj¨®n.

P. ?Cu¨¢l es la salud del Constitucional, a punto de cumplir, en 2005, sus primeros 25 a?os?

R. Goza de muy buena salud y nos gustar¨ªa que, con ocasi¨®n del aniversario, se reformara nuestra ley org¨¢nica, que es de 1979. Es necesario que reduzcamos la tardanza en dar respuesta a los asuntos que nos llegan.

P. En la Declaraci¨®n que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la no contradicci¨®n entre las Constituciones espa?ola y europea, se ha establecido una reserva de futuro. ?Podr¨ªa concretar para qu¨¦ casos?

R. Es una hip¨®tesis de cierre, pero pr¨¢cticamente de laboratorio. Porque analizada una y otra Constituci¨®n, la posibilidad de ese conflicto es pr¨¢cticamente imposible, pues las estructuras constitucionales b¨¢sicas, los derechos fundamentales y la consideraci¨®n de Espa?a como un Estado social y democr¨¢tico de derecho est¨¢n salvaguardados.