La Fiscal¨ªa pide que se abra procedimiento por prevaricaci¨®n al alcalde de Alhaur¨ªn de la Torre
Villanova permiti¨® a una promotora construir sobre un terreno de uso p¨²blico
El fiscal de Medio Ambiente de M¨¢laga ha pedido al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Torremolinos que abra diligencias penales contra el alcalde de Alhaur¨ªn de la Torre, Joaqu¨ªn Villanova, del PP, al estimar que hay "indicios suficientes" para imputarle un presunto delito de prevaricaci¨®n por permitir que parte de una parcela de uso p¨²blico de la urbanizaci¨®n Retamar fuera utilizada por los promotores de ¨¦sta para la construcci¨®n de viviendas. El ministerio p¨²blico imputa tambi¨¦n al concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco, y el arquitecto municipal, Aurelio Atienza
El fiscal, Juan Carlos L¨®pez Caballero, sostiene en el escrito que envi¨® al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Torremolinos el pasado 23 de noviembre que "de lo hasta ahora investigado resultan indicios suficientes para efectuar una imputaci¨®n penal por presunto delito de prevaricaci¨®n -sin perjuicio de ulterior calificaci¨®n- contra los denunciados".
El asunto se refiere a la alteraci¨®n de la superficie de dos parcelas para ¨¢reas libres y equipamientos que el Ayuntamiento obtuvo mediante un convenio urban¨ªstico suscrito el 12 de febrero de 1999 con las promotoras Ingesar S.L. y Sogec S.L., propietarias de la urbanizaci¨®n Retamar. En virtud del acuerdo, el consistorio recalificar¨ªa una tercera parcela de 16.533 metros cuadrados que estaba catalogada de deportiva privada, para la construcci¨®n de viviendas unifamiliares adosadas.
En octubre de 1999, la asociaci¨®n de vecinos de la urbanizaci¨®n inform¨® al consistorio de que la promotora hab¨ªa invadido en las obras de construcci¨®n de las viviendas parte de la zona dedicada a espacios libres y equipamiento, en concreto 3.755 metros cuadrados de superficie.
Al comprobar que las mediciones de los planos no concordaban con la realidad f¨ªsica de la zona, el alcalde pact¨® con las promotoras reducir la superficie de la parcela que hab¨ªa sido recalificada para viviendas, que se rebaj¨® de 16.533 a 15.366 metros cuadrados. Sin embargo, seg¨²n el relato del fiscal, se "consolidaba la ocupaci¨®n" de la parcela de equipamiento p¨²blico pues pese a la reducci¨®n de la misma, en los nuevos planos se manten¨ªa ocupada parte de la parcela de uso p¨²blico.
En febrero de 2000, el pleno aprob¨® un estudio de detalle con la nueva superficie de esta parcela, con un informe favorable del t¨¦cnico municipal. Sin embargo, la legislaci¨®n sobre suelo vigente en aquel momento exig¨ªa que una modificaci¨®n de esta naturaleza compet¨ªa al Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa, previos dict¨¢menes favorables de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y del Consejo Consultivo.
El fiscal entiende que en este caso, "la falta de competencia es absoluta, por lo que puede decirse que se ha desbordado la legalidad de forma patente y clamorosa". Agrega adem¨¢s que hay un "plus de antijuridicidad" porque la decisi¨®n del Ayuntamiento "afect¨® a los intereses generales, al verse reducida la superficie del suelo de uso p¨²blico, en beneficio de los promotores particulares".
El fiscal considera tambi¨¦n que los denunciados llegaron a conocer la ocupaci¨®n por parte de los promotores de la parcela de uso p¨²blico, "pese a lo cual se autoriz¨® el nuevo documento".
En febrero de 2000, una vez iniciadas las actuaciones del fiscal por una denuncia de IU, la corporaci¨®n propuso un nuevo convenio con la promotora para compensar con una nueva cesi¨®n la p¨¦rdida de suelo p¨²blico. El fiscal considera que ello "no empece" la presunci¨®n de delito porque fue una propuesta que no lleg¨® a aprobarse y, "en todo caso, tal compensaci¨®n no anula el hecho de haberse alterado la superficie de zonas de uso p¨²blico de forma totalmente irregular".
El juzgado ha pedido consultas sobre la situaci¨®n de Villanova, que cuando se produjeron los hechos era senador y por tanto ten¨ªa condici¨®n de aforado. IU valor¨® ayer la petici¨®n fiscal y anunci¨® que continuar¨¢ con su labor de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad urban¨ªstica en el municipio.
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