Poner la agenda al d¨ªa

El Congreso de los Diputados renov¨® ayer la unanimidad que ya hab¨ªa otorgado a la Ley Org¨¢nica de medidas de protecci¨®n integral contra la violencia de g¨¦nero, al igual que, tambi¨¦n un¨¢nimemente, el Senado hab¨ªa dado su aprobaci¨®n. Este gran acuerdo promovido por el Gobierno, que ha conseguido salvar algunas resistencias que se sustentaron m¨¢s en declaraciones medi¨¢ticas que en el apoyo real de la sociedad, ve la luz con la esperanza de aportar, desde los poderes p¨²blicos, los instrumentos para combatir el machismo criminal.

Todos fuimos art¨ªfices ayer de uno de los actos pol¨ªticos que m¨¢s va a aportar al cambio social en Espa?a. Un acto que, abandonando la ret¨®rica, entra de lleno en los hechos que han venido situando a las mujeres espa?olas (y a las que no lo son, pero viven entre nosotros) en posiciones de desigualdad a lo largo de siglos. Una iniciativa que pone al d¨ªa la agenda espa?ola de la equiparaci¨®n entre los sexos. As¨ª lo sent¨ª cuando devolv¨ªa, con verdadera emoci¨®n, el aplauso que nos dedicaban a los diputados las representantes de los colectivos de mujeres que asist¨ªan al debate desde las tribunas del Congreso.

El Estado tiene la capacidad de 'imponer' solidaridad

La acepci¨®n de la historia como reproductora social se manten¨ªa en el siglo XIX cuando Victor Hugo profetiz¨® que ser¨ªa el de la emancipaci¨®n de la mujer. Hubo que esperar y fue en el siguiente, el compulsivo y din¨¢mico siglo XX, cuando se iniciaron los verdaderos cambios en la condici¨®n femenina y el que finalmente se consagr¨® como el de la revoluci¨®n de las mujeres, el de su toma de posici¨®n.

Una toma de posici¨®n en la que "revoluci¨®n" se identifica con recuperar lo que el Informe sobre los malos tratos a mujeres en Espa?a defin¨ªa como el "dibujo escondido", como eso que ha estado siempre ah¨ª pero no hemos podido, o no hemos querido, hacer aflorar. Tambi¨¦n, en desarrollar la equiparaci¨®n social como uno de los derechos humanos, como hizo la Asamblea General de la ONU hace cinco a?os. Y ello, porque la violencia contra una parte de la Humanidad, contra las mujeres, no es algo que podamos identificarlo exclusivamente con otras ¨¦pocas: por el contrario, est¨¢ muy presente en nuestra realidad actual y tenemos la obligaci¨®n moral de mostrar nuestra repugnancia hacia esas actitudes que, cuando menos, degradan la dignidad de las mujeres y, cuando m¨¢s, atacan gravemente su integridad.

Porque la dignidad de las mujeres, como ciudadanas de pleno derecho, se degrada en la medida en que en nombre de una masculinidad exarcebada se concibe la propiedad en las relaciones sentimentales, cuando es la suma de proyectos, y no su resta, lo que configura un v¨ªnculo de pareja que se propone vivir en igualdad de oportunidades, tanto vitales como materiales. Anthony Guiddens manifestaba que ahora las parejas deben repartir sacrificios, para que ning¨²n proyecto personal se quede relegado en funci¨®n de impulsar otros. La dignidad es un trato igualitario, que se traduce en una relaci¨®n de respeto donde la discrepancia, si tuviere lugar, sea dirimida mediante la palabra y en ning¨²n caso recurriendo a la violencia.

No es posible negar que la dominaci¨®n de unos sobre otros a¨²n est¨¢ presente. El Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar cambios que tengan en su horizonte el camino hacia la igualdad. Acci¨®n y reacci¨®n como elementos de progreso. De esa controversia, de ese di¨¢logo ha de salir el acuerdo para poner fin a la dominaci¨®n del hombre sobre la mujer; aunque sea preciso impulsar y mantener una actitud de rebeld¨ªa social capaz de corregir la intolerable desigualdad que sufren una buena parte de las mujeres de este pa¨ªs. Ante un asunto de ese calado, la soluci¨®n es preciso reclamarla de la pol¨ªtica; porque nos afecta a todos: a la comunidad actual y a las futuras generaciones; a quienes "vivimos aqu¨ª de toda la vida" y a quienes vienen buscando lo que en sus lugares de origen se les niega.

Es en la definici¨®n de los problemas sociales, de las formas de marginaci¨®n o desigualdad, as¨ª como en la toma de posici¨®n respecto de su soluci¨®n, donde la democracia tiene su lugar, porque es en su espacio donde se genera la esperanza de que esas formas negativas para la convivencia no tengan la ¨²ltima palabra, si no que est¨¦ del lado de la pol¨ªtica, y de su mejor herramienta: el Estado y sus poderes.

Poner la agenda al d¨ªa en el desarrollo de la igualdad, en la defensa de la dignidad y en la lucha contra la violencia de g¨¦nero, implica compartir esfuerzos en el descubrimiento mutuo de las claves del poder desigual. Saramago puso entre la ceguera generalizada a una mujer como s¨ªmbolo de esperanza en un mundo mejor. Un mundo de libertad, igual en las oportunidades, solidario en sus formas de convivencia y plural en sus manifestaciones.

Poner la agenda pol¨ªtica al d¨ªa implica cambiar para avanzar en el territorio del derecho a la vida y la igualdad; para que la sociedad espa?ola entienda que no se puede tener perspectiva de progreso desde la preponderancia de un sexo sobre el otro; que es preciso desarrollar, durante un espacio de tiempo todav¨ªa dilatado, un amplio conjunto de pol¨ªticas de acci¨®n positiva, de medidas desiguales para alcanzar la igualdad.

El Estado tiene la capacidad de imponer solidaridad, de desarrollar pol¨ªticas de acci¨®n positiva de las que carec¨ªa antes de nuestra Constituci¨®n; imponiendo su capacidad de obrar, incluso contra las voluntades particulares retardatarias, para la definici¨®n de una realidad social en la que quepamos todos. En Espa?a, esa capacidad viene dada por el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n que afirma : "Corresponde a los poderes p¨²blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas...".

Para ello, es preciso que los tres poderes de nuestro Estado Social y Democr¨¢tico de Derecho, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, caminen al un¨ªsono de la historia, al un¨ªsono del clamor de las gentes que vienen demandando, desde larga data, una vida entre iguales, sin la violencia propia de "un estado primitivo de fuerza y esclavitud" como lo defini¨® John Stuart Mill hace casi siglo y medio.

Jes¨²s Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.