Sanidad retrasa el pago de la deuda mientras Educaci¨®n la aplaza para futuros gobiernos

El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 2003 revela que para conseguir un cierto equilibrio presupuestario la Generalitat, entre otras medidas, ha optado por retrasar los pagos derivados de la prestaci¨®n de los servicios sanitarios y por diferir a futuros gobiernos el pago de la renovaci¨®n de las infraestructuras educativas que desarrolla la empresa p¨²blica Ciegsa. Pese a la mesura con la que acostumbra a redactar sus informes el ¨®rgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat, en esta ocasi¨®n la Sindicatura ha detectado un "incumplimiento significativo del principio de la legalidad aplicable a la gesti¨®n de los fondos p¨²blicos" en la Consejer¨ªa de Sanidad.

La Sindicatura de Comptes considera que la Consejer¨ªa de Sanidad incumpli¨® de manera significativa la legalidad al no reconocer obligaciones de gasto por, "al menos, 1.121 millones de euros". Para los auditores, la decisi¨®n de escamotear este gasto en las cuentas correspondientes a 2003, a la vez que se contabilizaban 300 millones de gasto correspondientes a a?os anteriores, indica "que los datos de ejecuci¨®n presupuestaria de los cap¨ªtulos de gastos de funcionamiento y de transferencias corrientes que se muestran (...) no representan la actividad real llevada a cabo" por la prestaci¨®n de la asistencia sanitaria de la Consejer¨ªa de Sanidad.

Los auditores tambi¨¦n subrayan que gran parte de los servicios sanitarios concertados con empresas y entes privados "no se renovaron durante 2003 ni se tramitaron los correspondientes expedientes de contrataci¨®n, de manera que estos servicios han sido prestados por los mismos proveedores y tramitados como no concertados". La mayor parte de estos gastos tampoco se realizaron para la realizaci¨®n de servicios considerados en los supuestos de excepcionalidad y con limitaci¨®n de tiempo. El gasto reconocido, seg¨²n la Sindicatura, en asistencia sanitaria no concertada no fue de 8,6 millones de euros en 2003 como afirma la Consejer¨ªa de Sanidad, sino de 24,8 millones, lo que supone un incremento del 330% respecto al ejercicio de 2002. El informe referido a los programas de asistencia sanitaria tambi¨¦n cuestiona, entre otras cosas, el sistema de revisi¨®n de las tarifas con las que se paga la gesti¨®n privada de los servicios sanitarios que prestan las ¨¢reas de salud de Alzira y Torrevieja.

Respecto a Ciegsa, la empresa p¨²blica encargada de las infraestructuras educativas, la auditor¨ªa es clara. "No genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, por lo que las p¨¦rdidas del ejercicio son compensadas mediante aportaciones" de la Generalitat, por lo que deber¨ªa computarse como endeudamiento propio de la Administraci¨®n valenciana.

El informe revela tambi¨¦n que buena parte de la construcci¨®n de centros se hace con cargo a pr¨¦stamos de largo plazo. Mientras, s¨®lo en barracones escolares se gastaron 5,7 millones de euros. La auditor¨ªa desvela que en 2003 exist¨ªa un cr¨¦dito con un l¨ªmite de 80 millones de euros con un vencimiento datado el 15 de diciembre de 2015 avalado por la Generalitat, del que ya se hab¨ªan utilizado 15 millones de euros. El informe llama la atenci¨®n sobre el hecho de que el presidente del consejo de administraci¨®n de Ciegsa puede disponer de forma solidaria con el gerente o el vicepresidente de "importe ilimitado en las cuentas bancarias" que a 31 de diciembre de 2003 eran siete con un saldo de 24,8 millones de euros. En el apartado de personal, se se?ala que al t¨¦cnico despedido en Ciegsa se le pagaron 14.263 euros de indemnizaci¨®n adicionales que supuestamente no le hubiesen correspondido.