Una respuesta a la altura del desaf¨ªo

Precisamente porque el desaf¨ªo planteado por Ibarretxe y quienes le apoyan es muy grave, conviene evitar reacciones improvisadas, fulgurantes o hist¨¦ricas. En primer lugar hay que evitar que, como ha ocurrido frente a otros desaf¨ªos contra la convivencia democr¨¢tica -y ¨¦ste lo es-, las discrepancias sobre la forma de hacerle frente dividan a las fuerzas que pueden y deben darle respuesta. Conviene tambi¨¦n no dejarse embaucar por la ret¨®rica nacionalista respecto a la natureza del reto: no es una propuesta de relaci¨®n amable con Espa?a, ni de convivencia entre vascos; es el inicio de un proceso gradual e irreversible de desconexi¨®n con Espa?a, de divisi¨®n de la sociedad vasca y de ruptura con la l¨®gica del Estado auton¨®mico constitucional. Por ello debe ser frenado ahora.

La iniciativa de la respuesta corresponde al Gobierno. Es l¨®gico que surjan discrepancias o dudas sobre la mejor estrategia a seguir, pero ser¨ªa absurdo que el debate entre PSOE y PP haga pasar a segundo plano el objetivo compartido. Tambi¨¦n el PSOE tuvo dudas en su momento sobre algunas de las iniciativas tomadas por el Gobierno del PP en materias sensibles, pero las secund¨® en casi todos los casos. Esa responsabilidad ser¨ªa esperable ahora de Rajoy.

La discusi¨®n sobre si debe plantearse la batalla en el terreno pol¨ªtico o en el judicial es tan absurda como aquella de si a ETA se la combat¨ªa pol¨ªtica o policialmente: no son v¨ªas excluyentes. El recurso ante el Constitucional que plantea el PP puede ser conveniente en un momento dado, y no cabe excluirlo sin m¨¢s; pero, aparte de su dudosa admisi¨®n a tr¨¢mite a la luz de la sentencia que dict¨® en abril a prop¨®sito del recurso planteado por el Gobierno de Aznar, tendr¨ªa el efecto indeseado de paralizar la intervenci¨®n del Parlamento espa?ol, que es quien debe pronunciarse. El debate parlamentario deber¨ªa producirse cuanto antes; en todo caso, antes de las elecciones auton¨®micas vascas, a fin de que los votantes conozcan anticipadamente el rechazo de las Cortes al plan Ibarretxe: por su contenido anticonstitucional, su probable fraude de ley (reforma constitucional bajo formato de reforma estatutaria), y por todas las dem¨¢s razones, de procedimiento y pol¨ªticas, a las que Ibarretxe ha hecho caso omiso.

Ayer asegur¨® que no aceptar¨¢ que el Parlamento espa?ol (¨¦l dijo "el PP y el PSOE unidos en el Pacto antiterrorista") pueda revocar lo decidido "por la sociedad vasca" (no dijo "por los nacionalistas y el brazo pol¨ªtico de ETA"). Puso mucho ¨¦nfasis en considerar obvio que el Parlamento espa?ol no tiene voz ni voto, excepto para pactar las condiciones de aplicaci¨®n del plan mediante una negociaci¨®n de Gobierno a Gobierno. Sin embargo, el Estatuto vasco prev¨¦ esa intervenci¨®n del Parlamento central, precisamente para garantizar la cohesi¨®n del conjunto frente a eventuales propuestas rupturistas de una comunidad.

Pero no es cierto que la ¨²ltima palabra la tenga el Congreso; el procedimiento de reforma de los Estatutos vasco y catal¨¢n se la concede al cuerpo electoral de la comunidad aut¨®noma en refer¨¦ndum. Con ello se garantiza una soluci¨®n equilibrada: la reforma deber¨¢ ser compatible con el sistema a riesgo de rechazo en el Parlamento central; pero los recortes que ¨¦ste pueda imponer deber¨¢n ser moderados para evitar el riesgo de rechazo en el ulterior refer¨¦ndum. Ibarretxe se ha saltado todo esto y lo que plantea es la alternativa entre negociar la aplicaci¨®n de su plan o convocar unilateralmente un refer¨¦ndum ilegal sobre el texto presentado. Dice que la otra ¨²nica posibilidad ser¨ªa resolverlo "a tortas". Pero excluye la m¨¢s adecuada: la reforma siguiendo los cauces legales. Contra lo que parece creer Ibarretxe, la libertad no es la ausencia de normas, sino, como escribi¨® Montesquieu, el "derecho a hacer lo que las leyes permiten". Las leyes democr¨¢ticas, iguales para todos.

Por ello, no puede excluirse que sea conveniente en un momento dado recurrir a los tribunales. La Constituci¨®n atribuye al Gobierno la posibilidad de impugnar determinadas resoluciones de las comunidades aut¨®nomas, pero el texto aprobado por el Parlamento vasco no tiene car¨¢cter dispositivo al menos hasta su convalidaci¨®n por las Cortes y su posterior refrendo popular. Para frenarlo es ahora m¨¢s ¨²til un debate pol¨ªtico que ponga de relieve no s¨®lo su anticonstitucionalidad sino sus debilidades democr¨¢ticas. Ante todo, que intenta sustituir un marco jur¨ªdico que suscit¨® el apoyo del 85% de los electores, nacionalistas o no, y de los tres territorios, por otro que deja fuera a la mitad no nacionalista y que podr¨ªa provocar la escisi¨®n de al menos uno de los territorios, seg¨²n ha advertido la Diputaci¨®n de ?lava.