Consenso en defensa

Tras lo ocurrido con la participaci¨®n espa?ola en la guerra de Irak, que decidi¨® el Gobierno de Aznar en contra de los dem¨¢s partidos y al menos del 80% de la opini¨®n p¨²blica, y cumplidos 25 a?os de la Ley de Criterios B¨¢sicos de la Defensa Nacional, reformada en 1984, es conveniente actualizar la norma para aclarar la base legal y pol¨ªtica de las intervenciones militares en operaciones de paz u otras, como ya ocurre en otros pa¨ªses de nuestro entorno. El aspecto m¨¢s novedoso del anteproyecto de la nueva Ley Org¨¢nica de la Defensa es la consulta al Parlamento antes de decidir la participaci¨®n en operaciones militares en el exterior. Se trata de una promesa de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero que ya se ensay¨® en julio pasado con motivo del env¨ªo de tropas a Afganist¨¢n y Hait¨ª.

El Gobierno ha advertido de que la consulta previa no ser¨¢ necesaria en caso de "leg¨ªtima defensa, individual o colectiva". No tendr¨ªa sentido dificultar la capacidad de respuesta del Gobierno ante una crisis directa. Aunque esta ley no se refiere al uso de bases militares en Espa?a por otras potencias, la cuesti¨®n de fondo es que la implicaci¨®n de las Fuerzas Armadas en un conflicto requiere un amplio respaldo social que s¨®lo puede canalizarse a trav¨¦s del Parlamento. Esta b¨²squeda de apoyo social inspira tambi¨¦n el c¨®digo de conducta de las Fuerzas Armadas que incluir¨¢ la ley y pedir¨¢ a los militares que mantengan una "comunicaci¨®n veraz y oportuna" con la sociedad civil, y respeten "los derechos inviolables de la persona". Toda acci¨®n de tropas espa?olas debe ir avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU o -como en Kosovo- de organizaciones regionales a las que pertenece Espa?a, como la OTAN o la UE, y no vulnerar la legalidad internacional, no siempre clara.

El presidente del Gobierno ha anunciado que en las pr¨®ximas semanas se remitir¨¢ al Parlamento la nueva ley org¨¢nica. La anterior se aprob¨® cuando Espa?a no formaba parte de la OTAN ni de la UE, exist¨ªa el servicio militar obligatorio y las Fuerzas Armadas no participaban en operaciones de paz en el exterior. Otros aspectos de la ley vigente han quedado claramente obsoletos, como la Junta de Defensa Nacional, ¨®rgano asesor del presidente del Gobierno pero presidida por el Rey. La nueva ley la sustituir¨¢ por el Consejo de Defensa, bajo la presidencia del jefe del Gobierno, aunque podr¨¢ reunirse para informar al Rey, en cuyo caso ¨¦ste lo presidir¨¢.

Zapatero ha anunciado su prop¨®sito de que la ley sea fruto de un amplio consenso, como lo han sido todas las grandes decisiones sobre defensa desde la transici¨®n. Tras la ruptura en pol¨ªtica exterior o justicia, cabe preguntarse si queda alg¨²n resquicio para la pol¨ªtica de Estado. Una ley que aspira a durar 25 a?os, como su antecesora, bien lo merece.