La semana vasca de Rodr¨ªguez Zapatero

El presidente del Gobierno recibir¨¢ el jueves al lehendakari Ibarretxe, a petici¨®n de ¨¦ste, para tratar de su plan soberanista aprobado a fines de a?o por el Parlamento vasco, y se entrevistar¨¢ el viernes con el l¨ªder de la oposici¨®n, Mariano Rajoy. Desde el PP se ha criticado ese orden de las entrevistas e incluso el hecho mismo de que Zapatero reciba al lehendakari, dado el contenido anticonstitucional de su propuesta.

Esta segunda cr¨ªtica carece de fundamento. Fue un error del anterior Gobierno no distinguir las relaciones pol¨ªticas, entre partidos, de las institucionales, y ello tuvo efectos negativos en la crisis vasca. M¨¢s discutible podr¨ªa ser que Zapatero reciba al lehendakari antes que a Rajoy, pero las razones dadas por el presidente tienen fuste: que se trata de concertar una estrategia conjunta tras conocer las reacciones de Ibarretxe a la negativa a establecer una negociaci¨®n de Gobierno a Gobierno, o a la pretensi¨®n de convocar un refer¨¦ndum ilegal.

Zapatero est¨¢ multiplicando los llamamientos (y actitudes) en favor de una respuesta pautada, en el sentido de proceder paso a paso, sin adelantar iniciativas extempor¨¢neas. Lo ser¨ªa ahora la impugnaci¨®n ante el Tribunal Constitucional. Primero, porque las posibilidades de que prosperase ser¨ªan casi nulas. El auto que rechaz¨® en abril de 2004 una impugnaci¨®n similar presentada por el anterior Gobierno establec¨ªa que s¨®lo podr¨ªa prosperar esa iniciativa una vez culminado el procedimiento. En este caso, por tanto, s¨®lo tras su convalidaci¨®n por las Cortes y refrendo del cuerpo electoral vasco. Es cierto que la resoluci¨®n del Alto Tribunal se interpret¨® en su d¨ªa, en diversos medios, como que el momento de la impugnaci¨®n ser¨ªa el de su aprobaci¨®n por el Parlamento vasco; pero la lectura del auto no deja lugar a dudas de que el Tribunal se refiere a la plasmaci¨®n definitiva de la reforma en nueva norma jur¨ªdica.

La impugnaci¨®n ser¨ªa adem¨¢s poco ¨²til en esta fase del proceso para el objetivo de hacer frente eficazmente al plan soberanista. Tal como est¨¢n las cosas, parece m¨¢s acertado que la paralizaci¨®n de la propuesta avalada por el Parlamento vasco con el apoyo del brazo pol¨ªtico de ETA provenga de los 350 diputados del Congreso en vez de los 12 miembros del Constitucional.No por cuesti¨®n de n¨²mero, sino porque es m¨¢s l¨®gico que sean los representantes de la ciudadan¨ªa quienes se pronuncien no s¨®lo sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto, sino sobre su adecuaci¨®n o no a los principios democr¨¢ticos, su compatibilidad con la l¨®gica del Estado auton¨®mico, el grado de consenso en su elaboraci¨®n y otros elementos pol¨ªticos a tener en cuenta. Es decir, que el rechazo se produzca en el marco de un debate parlamentario, m¨¢s did¨¢ctico de cara a la opini¨®n p¨²blica vasca y espa?ola en general que una resoluci¨®n judicial.

Por las mismas razones, resulta poco inteligente tratar de evitar ese debate por el procedimiento de que la mesa rechace enviar el texto al pleno: es poco viable, porque la funci¨®n de la mesa se reduce a verificar que cumple los requisitos formales; y contraproducente, porque nada se gana, llegados al punto actual, con esquivar o atrasar una votaci¨®n en la que es seguro que casi el 90% de la C¨¢mara va a votar una enmienda de totalidad que impedir¨ªa seguir la tramitaci¨®n. Eso no significa que haya que descartar la intervenci¨®n de los tribunales en un momento dado. Por ejemplo, si tras el previsible rechazo de su propuesta en las Cortes, el lehendakari insiste en convocar un refer¨¦ndum (aunque lo llame consulta) ilegal; ser¨ªa el momento de impugnar dicha resoluci¨®n, que entrar¨ªa claramente en los supuestos del art¨ªculo 161-2 de la Constituci¨®n.

Ser¨ªa deseable que el Gobierno adelantara su plena disposici¨®n a hacerlo en su momento, para evitar falsos debates (o cr¨ªticas demag¨®gicas) sobre la supuesta negativa de Zapatero a utilizar todas las posibilidades legales. En todo caso, fue un error aquella primera declaraci¨®n de que al plan se le frenar¨ªa en las urnas. Pues ello favorece la pretensi¨®n nacionalista de convertir las pr¨®ximas elecciones vascas (en las que se decide el signo del gobierno para cuatro a?os, no un poder constituyente) en un plebiscito sobre el plan Ibarretxe.

En cualquier caso, es deseable que el debate parlamentario se produzca antes de las elecciones auton¨®micas vascas. La intervenci¨®n de las Cortes en el proceso no es s¨®lo un requisito legal, sino una cautela pol¨ªtica necesaria. Precisamente para evitar que se pueda alimentar en el cuerpo electoral alguna duda sobre el pronunciamiento del Congreso de los Diputados acerca del plan Ibarretxe.