?Incompetencia, imprevisi¨®n o algo m¨¢s?

El 22 de enero de 2005 se cerr¨® la planta de residuos de Ador, en ejecuci¨®n de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia dictada el 13 de abril de 2004. La orden de cierre obedece a las deficientes condiciones en las que se estaba tratando la basura, las molestias que ocasionaba a los ciudadanos y la contaminaci¨®n ambiental producida. Esta situaci¨®n se deb¨ªa a que la planta ven¨ªa recibiendo el doble de los residuos que pod¨ªa tratar. Dimensionada en 1991 para 70.000 toneladas/a?o como m¨¢ximo, las entradas reales superaban las 100.000 toneladas en los ¨²ltimos a?os. Esta situaci¨®n era de sobra conocida y ya el Plan Integral de Residuos determin¨® en 1997 las instalaciones que se deb¨ªan construir. En consecuencia, la Generalitat Valenciana ha tenido siete a?os para aplicar la soluci¨®n definitiva que ella misma hab¨ªa aprobado para la gesti¨®n de los residuos de esa zona y casi un a?o para prever un destino provisional a las basuras que se enviaban a Ador. No estamos, pues, ante una situaci¨®n inesperada a la que no ha sabido reaccionar el conseller Blasco (responsable de la planificaci¨®n de los residuos y por tanto de indicar a los Ayuntamientos afectados un destino alternativo para su basura), sino ante una imprevisi¨®n dolosa; un incumplimiento consciente de sus obligaciones que ha ocasionado un enfrentamiento entre municipios y un conflicto social que en cualquier pa¨ªs serio hubiera supuesto la dimisi¨®n de su responsable.

Esta situaci¨®n no es excepcional. La Generalitat viene comport¨¢ndose de forma desleal con sus Ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de recoger, tratar y eliminar los residuos que generan sus ciudadanos, pero someti¨¦ndose a las indicaciones auton¨®micas. Ante la falta de actuaci¨®n del Consell, han tenido que verter sus residuos donde han podido. La consejer¨ªa clausura esos vertederos incontrolados aduciendo el peligro de contaminaci¨®n que suponen, pero no ofrece ninguna alternativa, de forma que los Alcaldes tienen las manos atadas. Una situaci¨®n as¨ª no pod¨ªa mantenerse mucho tiempo sin que acabara explotando y ha comenzado a hacerlo. Los conflictos surgen a diario y lo injusto es que son los Ayuntamientos y los ciudadanos los que sufren las consecuencias, mientras que el aut¨¦ntico responsable, el conseller Blasco, se lava las manos.

Han sido necesarios once a?os para que los planes zonales de residuos est¨¦n terminados, aunque a¨²n deber¨¢n pasar varios a?os m¨¢s hasta que las instalaciones previstas est¨¦n construidas. Mientras tanto el caos y la crispaci¨®n todav¨ªa pueden aumentar. La sentencia que declara ilegal el vertedero de Dos Aguas arroja graves incertidumbres sobre el futuro destino de las 750.000 toneladas de residuos que anualmente recibe desde el ¨¢rea metropolitana de Valencia. La planta de Guadassuar tampoco podr¨¢ tratar los residuos de esa misma zona durante el a?o y medio que dure la construcci¨®n de la nueva planta de Fervasa. Y as¨ª muchos casos m¨¢s, todos ellos consecuencia de la imprevisi¨®n y de la incompetencia a que nos est¨¢n acostumbrando los responsables de la gesti¨®n de residuos en los sucesivos gobiernos del PP.

Pero hay algo m¨¢s que imprevisi¨®n e incompetencia en la pol¨ªtica de residuos del Consell. Los planes zonales huelen peor que la basura sobre la que tratan. Los escasos datos que se han podido conocer indican que han sido una vez m¨¢s los intereses econ¨®micos, y no los ambientales, los que han resultado determinantes en su redacci¨®n. Por ejemplo, el plan zonal de la ciudad de Alicante fue encargado por la Conseller¨ªa a su empresa p¨²blica, Vaersa, que a su vez subcontrat¨® este trabajo con Inusa, que casualmente es la empresa que ha construido la planta de compostaje y el vertedero de Alicante. Es decir, primero se hace la planta y despu¨¦s se redacta el plan para imponer su utilizaci¨®n. Lo mismo ha ocurrido con las plantas de Villena y Xixona, construidas por Vaersa antes de que ella misma redactara el plan zonal que las impone como obligatorias. Evidentemente las empresas que han redactado el plan o construido las plantas se han asegurado una situaci¨®n de privilegio para lograr la adjudicaci¨®n de la gesti¨®n de los residuos en el concurso que se celebre a consecuencia del plan zonal. Concurso al que Vaersa no se presentar¨¢ como empresa p¨²blica sino como entidad privada en sociedad con otras empresas, que de esta forma se beneficiar¨¢n de las inversiones p¨²blicas realizadas. El resultado ser¨¢ que los vecinos acabar¨¢n pagando la tasa que les impongan, sin posibilidad de elecci¨®n.

En el resto de la Comunidad el escenario dise?ado por los planes zonales tiene el mismo objetivo de permitir al PP controlar el negocio de los residuos. Los Ayuntamientos est¨¢n siendo abocados a integrarse en consorcios en los que la Generalitat Valenciana y las Diputaciones representan el 40% de los votos y los Ayuntamientos el 60%. Estos consorcios son los que han de convocar un concurso para adjudicar la gesti¨®n de los residuos de su zona, por lo que el PP controla la decisi¨®n. Indudablemente ha sido la voluntad popular la que ha decidido qui¨¦n dirige esas instituciones y est¨¢ plenamente justificado que todas las administraciones que comparten competencias en materia de residuos colaboren en su gesti¨®n. Pero aqu¨ª no existe tal colaboraci¨®n, ya que ni las Diputaciones ni la Generalitat se comprometen a aportar dinero para afrontar la financiaci¨®n de las instalaciones ni la prestaci¨®n del servicio. Todo ello correr¨¢ a cargo de los Ayuntamientos, que deber¨¢n repercutirla al ciudadano a trav¨¦s de la correspondiente tasa. En consecuencia, los consorcios se han dise?ado exclusivamente para influir en la decisi¨®n sobre la empresa que finalmente resultar¨¢ adjudicataria.

La gesti¨®n de residuos planificada por el PP es un puzzle cuyas piezas se han pulido durante once a?os para que encajen en su beneficio. En ese tiempo los ciudadanos hemos tenido que sufrir las consecuencias de un caos que no existe en ning¨²n otro territorio de Espa?a y pagaremos en el futuro los costes adicionales que esta madeja de intereses comporta.

Francesc Signes es secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV.