Andaluc¨ªa y la reforma de los estatutos

Si nos dej¨¢semos llevar por los debates que impulsan la mayor¨ªa de los pol¨ªticos andaluces, parecer¨ªa que Andaluc¨ªa es un pa¨ªs cuyas ratios de bienestar coinciden la media europea, donde hay pleno empleo y la marginalidad social se encuentra en m¨ªnimos hist¨®ricos. Sin embargo, estamos en las ant¨ªpodas de est¨¢ situaci¨®n id¨ªlica y la lista de problemas por resolver en nuestra comunidad sigue siendo interminable. Lo que pasa es que los representantes pol¨ªticos andaluces, sean del color que sean, se dejan arrastrar sistem¨¢ticamente -hasta los que se confiesan nacionalistas- por el debate que se genera en Madrid y, una y otra vez, caen en la trampa.

Estas ¨²ltimas semanas asistimos, estupefactos, al lamentable espect¨¢culo que est¨¢ dando buena parte de la clase pol¨ªtica espa?ola y andaluza en torno al plan Ibarretxe, detr¨¢s del cual lo que ¨²nico que se oculta -o m¨¢s bien intentan ocultar algunos con aviesas intenciones- es la reforma del Estatuto de Guernica, impulsada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco: PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, con el sorpresivo apoyo, o no, de tres parlamentarios abertxales.

Desde el PSA queremos aportar una gota de racionalidad, en medio de este oc¨¦ano de ruido que viene de Madrid azuzado por el espa?olismo del PP, para subrayar que el procedimiento utilizado es el recogido en el propio Estatuto Vasco, que es una ley org¨¢nica aprobada por el Congreso de los Diputados y, por tanto, est¨¢ ajustado a la legalidad. Tampoco es discutible su legitimidad, pues emana de la voluntad de los representantes del pueblo vasco, al ser aprobado -como contempla el Estatuto- por la mayor¨ªa absoluta de la c¨¢mara vasca. ?A qu¨¦ viene entonces tanta alarma? ?No ser¨¢ que los grandes partidos estatales, y sus facciones m¨¢s espa?olas, encuentran en este subasteo nacionalista la oportunidad de conseguir r¨¦ditos pol¨ªticos?

Queda claro que estamos ante un proceso de reforma legal y leg¨ªtimo, que tiene perfectamente establecido su "iter" procedimental, por lo que una vez aprobado por el Parlamento vasco debe ser aprobado o rechazado por el Congreso. Hasta ahora es un procedimiento impecable, y denota un cambio de sensibilidad con respecto a la composici¨®n plural del estado espa?ol, que difiere mucho de la actitud intransigente de la derecha. Por ello, en el PSA entendemos que nadie debe rasgarse las vestiduras porque los pueblos que conviven en Espa?a quieran plantearse su futuro y su presente. Cualquiera otra visi¨®n de la situaci¨®n llevar¨ªa a una concepci¨®n franquista del estado y chocar¨ªa con la visi¨®n de Espa?a que consagra la Constituci¨®n de 1.978.

Este ruido desmedido no tiene raz¨®n de ser y viene del "Santiago cierra Espa?a" que grita la derecha ultramontana, el PP, para levantar los fantasmas de la desmembraci¨®n. Porque es necesario decirlo claro: no existe peligro de grave conflicto social ni de fractura territorial. Estamos ante un proceso legal que tendr¨¢ soluciones legales y salidas pol¨ªticas. El PNV es un partido de orden, siempre lo ha sido, y su "plan" no deja de ser un ¨®rdago que intenta captar el voto abertxale y que, adem¨¢s, se ha visto debilitado por la oferta Batasuna /ETA de negociaci¨®n y desarme, que ojal¨¢ sea fruct¨ªfera.

Pero volvamos al centro de nuestro inter¨¦s, Andaluc¨ªa. ?Puede afectarnos el Plan Ibarretxe?. Rotundamente no. Simplemente porque el proyecto de reforma del Estatuto Vasco, como hemos comprobado tras la exposici¨®n del lehendakari en el Congreso de los Diputados, no va a ser aprobado. Punto y final.

Si hablamos del contenido del plan Ibarretxe, y no del proceso ni de las reacciones alrededor suyo, tenemos que decir que pretende una estructura del estado asim¨¦trica con una combinaci¨®n confederal Euskadi-Espa?a inaceptable, porque inaceptable es para el PSA que los hechos diferenciales amparen situaciones de privilegio de unas comunidades o nacionalidades con respecto a otras, provocando discriminaciones en virtud de sistema de financiaci¨®n o ¨¢mbito competencial. No olvidemos que la Constituci¨®n de 1978 ya recoge un concierto econ¨®mico para Euskadi y Navarra que llevamos soportando veinticinco a?os.

Estamos ante los primeros escarceos del debate sobre la estructura territorial del estado, y el proceso de reforma vasco trae mas ruido que agua comparado con el catal¨¢n, que viene con un caudal intens¨ªsimo. En Catalu?a llevan a?os trabajando sobre ello, se han rodeado de los mejores especialistas y su ponencia parlamentaria est¨¢ desarroll¨¢ndose desde hace meses, mientras en Andaluc¨ªa, desgraciadamente, a¨²n estamos en los proleg¨®menos.

El proyecto catal¨¢n ser¨¢ el que marque las diferencias y el que va a asentar la pr¨®xima estructura territorial del estado espa?ol, profundizando en la descentralizaci¨®n y en la autofinanciaci¨®n, objetivos que el PSA comparte. El problema es que sus propuestas no son para todos, sino s¨®lo para ellos y para algunos elegidos. La revisi¨®n de la Constituci¨®n va a ser el segundo intento de determinadas comunidades o nacionalidades para traducir sus hechos diferenciales ling¨¹¨ªsticos o culturales en hechos diferenciales pol¨ªticos o financieros y ah¨ª, con todo el respeto, nos van a tener diametralmente en contra.

Andaluc¨ªa se gan¨® a pulso el 28-F el derecho a llamarse nacionalidad hist¨®rica, a ser primus inter pares y nuestros gobernantes tienen la obligaci¨®n de hacer valer el peso pol¨ªtico de Andaluc¨ªa en la Carrera de San Jer¨®nimo y en las c¨²pulas de sus partidos. No podemos volver atr¨¢s, tenemos que estar en la vanguardia del proceso. Es necesario agilizar los trabajos sobre la reforma de nuestro estatuto, y que no sea un mero maquillaje, sino una reforma a fondo en el ¨¢mbito competencial, aunque para ello haya que plantear la federalizaci¨®n de la constituci¨®n.

No se trata de ir contra Euskadi o Catalu?a, sino a favor de Andaluc¨ªa. No se trata de desmembrar nada, sino de aumentar el bienestar de los andaluces y las andaluzas. Pero cuidado, debe haber espacio para otros debates dirigidos a la consecuci¨®n de una gobernanza efectiva, que asegure la buena gesti¨®n de los recursos, la participaci¨®n real de los ciudadanos en la toma de decisiones y, en resumen, la obtenci¨®n de beneficios para sociedad.

Pedro Pacheco Herrera es secretario general del PSA