El foso

En los ¨²ltimos d¨ªas hemos tenido la oportunidad de conocer posiciones intelectuales de oposici¨®n total a la Propuesta de Reforma de Estatuto Pol¨ªtico de la Comunidad de Euskadi (PREPCE) aprobada por el Parlamento vasco. Reflejando el foso que separa de forma creciente a las partes, algunos autores llegan incluso a cuestionar la propia l¨®gica del bloque de constitucionalidad; por ejemplo, cuando se niega la existencia del pueblo vasco no podemos sino recordar que el Estatuto de Gernika se fundamenta en la existencia de dicho pueblo, afirm¨¢ndose pol¨ªticamente como expresi¨®n de su nacionalidad.

La PREPCE desborda sin embargo el planteamiento territorial del actual Estatuto, pretendiendo el reconocimiento de la realidad nacional de un pueblo asentado geogr¨¢ficamente "en dos estados" y en siete territorios "articulados en tres ¨¢mbitos jur¨ªdico-pol¨ªticos diferentes". La aprobaci¨®n de la propuesta culmina, por otra parte, la apuesta del lehendakari Ibarretxe por situar el estatus de uno de ellos, Euskadi, en un nuevo terreno jur¨ªdico-pol¨ªtico que institucionaliza el ¨¢mbito vasco de decisi¨®n. Partiendo de una concepci¨®n de los derechos hist¨®ricos que encuentra en las disposiciones adicionales de Constituci¨®n y Estatuto bases suficientes para fundamentar el derecho a decidir, enlaza los principios del constitucionalismo ¨²til con los de la democracia para situar el ejercicio de la autodeterminaci¨®n en una consulta en la que se expresa la voluntad de la sociedad vasca, voluntad que se impone a un Estado al que s¨®lo le queda negociar la forma en que se incorpora al marco jur¨ªdico.

El nacionalismo quiz¨¢ s¨®lo tome conciencia de la profundidad del abismo cuando alcance el fondo

Hay una l¨®gica preocupante en la vinculaci¨®n de legitimidad y mayor¨ªas pol¨ªticas

Aunque el nacionalismo no insista en esa cuesti¨®n, un tercer aspecto decisivo del proyecto es el cuadro de poder que pretende hacer realidad. La institucionalizaci¨®n del ¨¢mbito vasco de decisi¨®n y la consolidaci¨®n de un nuevo cuadro de poder conforman, de hecho, el marco de soberan¨ªa al que aspiran las nuevas generaciones de pol¨ªticos nacionalistas.

El no inequ¨ªvoco que, desde el principio, decidieron dar en el Congreso los grandes partidos espa?oles refleja el car¨¢cter ilusorio de la construcci¨®n ideol¨®gica que subyace a la propuesta del Parlamento vasco. Porque si a algo se enfrenta ese "no" es a los principios del constitucionalismo ¨²til, esa construcci¨®n jur¨ªdica seg¨²n la cual la Constituci¨®n espa?ola se abre a legitimidades externas que permiten situar a ciertos territorios como partes anejas, no sometidas al orden constitucional sino en lo relativo a la vigencia de unos derechos, valores e instituciones comunes.

Situada en ese contexto, la decisi¨®n de esos partidos no refleja tanto la falta de grandeza de los pol¨ªticos espa?oles como la imposibilidad de que ¨¦stos traten en democracia a los ciudadanos como s¨²bditos, aprobando una reforma indirecta de la Constituci¨®n sin que el pueblo que la sustenta tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ella. Cualquier transformaci¨®n sustancial del marco jur¨ªdico-pol¨ªtico que pretenda ser respetuosa con la democracia exige el consentimiento de sus protagonistas principales, el pueblo vasco y el pueblo espa?ol. Una actuaci¨®n en sentido contrario supondr¨ªa, antes o despu¨¦s, enterrar el actual sistema constitucional.

Otros tres planteamientos b¨¢sicos en los que se sustenta la PREPCE plantean problemas para quienes no participan de la l¨®gica nacionalista. El primero se relaciona con los propios derechos hist¨®ricos. Si la Disposici¨®n Adicional Primera de la Constituci¨®n no puede fundamentar un modelo de relaci¨®n confederal de Euskadi con Espa?a, s¨ª ofrece ciertos t¨ªtulos y garant¨ªas jur¨ªdicas a los territorios forales. De la misma forma que no es constitucionalmente posible considerar privilegio el r¨¦gimen propio de polic¨ªa aut¨®noma o el Concierto Econ¨®mico, tampoco lo es desposeer de sus derechos a los territorios forales, sin que la novaci¨®n que convierte a las instituciones comunes de Euskadi en nuevo titular de derechos hist¨®ricos suponga renuncia a los mismos por parte de ?lava, Bizkaia o Gipuzkoa.

De ah¨ª que resulte necesario renovar, en cualquier proceso de reforma estatutaria, el pacto entre territorios que dio lugar al Estatuto de Gernika. El segundo problema, ligado en parte al anterior, nos remite a la cuesti¨®n navarra. Como demuestra la reacci¨®n observada en la Comunidad Foral, no es posible formular una soluci¨®n a esta cuesti¨®n en una norma aprobada exclusivamente por uno de los protagonistas, no pactada por tanto con las instituciones pol¨ªticas de Navarra.

El tercer problema hace referencia a la concepci¨®n de la democracia que pone de manifiesto tanto el procedimiento de aprobaci¨®n de la Propuesta como el precepto de que una mayor¨ªa simple del cuerpo electoral, con independencia del nivel de participaci¨®n, pueda imponer su voluntad constitucional tanto a terceros como al resto de los miembros del cuerpo pol¨ªtico. Esta concepci¨®n no puede sostenerse en la doctrina de la Corte Suprema de Canad¨¢, al menos por tres razones. En primer lugar, porque la negociaci¨®n que plantea la Corte Suprema se desarrolla en el marco de la Constituci¨®n, resolvi¨¦ndose con una reforma constitucional. La PREPCE se gestiona como reforma estatutaria, siguiendo los cauces previstos en el Estatuto de Gernika, pero apelando al proceso de actualizaci¨®n de los derechos hist¨®ricos para superar los l¨ªmites constitucionales. No hay voluntad de situar por tanto el debate en el contexto previsto en los art¨ªculos 166 y 87.2 de la Constituci¨®n Espa?ola, el ¨²nico en el que podr¨ªa tener sentido la referencia canadiense.

En segundo lugar, porque la concepci¨®n de las mayor¨ªas que se plantea desde el nacionalismo se aleja de la perspectiva de la Corte Suprema que asocia la obligaci¨®n de negociar a una mayor¨ªa clara -cualificada, por tanto- que ponga de manifiesto una voluntad inequ¨ªvoca del cuerpo pol¨ªtico, en un contexto de respeto a los procedimientos y a los derechos de las minor¨ªas. En tercer lugar, porque la obligaci¨®n de negociar no equivale a aceptar las tesis de una de las partes, ni siquiera a la obligaci¨®n de alcanzar un acuerdo. La conclusi¨®n de la Corte Suprema de Canad¨¢ es que una decisi¨®n clara e inequ¨ªvoca de un cuerpo pol¨ªtico podr¨ªa eventualmente legitimarle para emprender una salida propia, en ausencia de negociaci¨®n en el marco de la Constituci¨®n, pero no para imponer su voluntad al resto de las partes.

Hay una l¨®gica preocupante en la aproximaci¨®n que liga legitimidad a mayor¨ªas pol¨ªticas. En realidad, ning¨²n modelo pol¨ªtico encontrar¨¢ plena legitimidad democr¨¢tica si su orden constitucional no consigue sustentarse en la integraci¨®n de todas las partes constituyentes y no s¨®lo en las que consigan conformar una mayor¨ªa, por muy cualificada que sea. La quiebra de legitimidad que plantea el nacionalismo vasco obliga sin duda a los dem¨®cratas espa?oles a negociar las propuestas que ¨¦ste formule, en tanto que parte constituyente. Pero ¨¦stos pueden requerir a su vez que, para tomarlas en consideraci¨®n, sean avaladas por los principales partidos que representan al cuerpo pol¨ªtico vasco, rechazando cualquier propuesta que no se base en un pacto amplio entre ellos. La democracia exige integraci¨®n del cuerpo pol¨ªtico, respeto a los derechos de las partes y consentimiento de todas ellas. S¨®lo secundariamente se nos presenta como una cuesti¨®n de mayor¨ªas y minor¨ªas, no teniendo plena vigencia la capacidad de decidir sino cuando lo fundamental -el orden constitucional compartido- ha sido acordado entre todos. Si la democracia espa?ola tiene una asignatura pendiente con el nacionalismo vasco, ¨¦ste ha demostrado tener otra en su manifiesta falta de capacidad para integrar a los no nacionalistas en un proyecto com¨²n.

Con todo, la distancia que se ha generado entre las partes es enorme. Como los primeros exploradores espa?oles que llegaron al Gran Ca?¨®n del Colorado, el nacionalismo vasco quiz¨¢s s¨®lo llegue a tomar conciencia de la amplitud de esa distancia cuando haya alcanzado el fondo del abismo. Puede que para entonces el optimismo de la voluntad de Zapatero ya s¨®lo forme parte del pasado.

Luis Sanzo es soci¨®logo.