La b¨²squeda de la verdad y la justicia en Chile debe continuar

Ex presas y ex presos pol¨ªticos de la dictadura militar chilena hacemos p¨²blica nuestra opini¨®n sobre las declaraciones del presidente Ricardo Lagos, publicadas el 5 de diciembre en EL PA?S bajo el t¨ªtulo: "Nos hemos atrevido a mirar la verdad sin esconderla debajo de la alfombra".

Como bien lo se?ala el se?or presidente, Chile se caracteriza por ser el pa¨ªs "de los terremotos". Pero m¨¢s importante que ello, nuestro pa¨ªs se hizo conocer en el mundo, sobre todo, por el proceso social que llev¨® a Salvador Allende a la presidencia de la Rep¨²blica, lo que permiti¨® los mil d¨ªas del Gobierno de la Unidad Popular desde 1970.

La opini¨®n p¨²blica internacional fue sacudida enseguida por la interrupci¨®n de este proceso v¨ªa un violento golpe de Estado y la instauraci¨®n de una dictadura militar.

El Estado chileno tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables

M¨¢s tarde, los ojos del mundo se fijaron, el 16 de octubre de 1998, en Inglaterra, durante la detenci¨®n del dictador Pinochet, como consecuencia de una demanda de extradici¨®n de la justicia espa?ola con el fin de juzgarlo por sus cr¨ªmenes. Este "terremoto" sacudi¨® enteramente nuestro pa¨ªs y principalmente su clase pol¨ªtica, confortablemente instalada en una interminable "transici¨®n hacia la democracia". Hoy, esta misma opini¨®n p¨²blica sigue con atenci¨®n los pasos de la justicia chilena para juzgar a Pinochet y a sus c¨®mplices en su pa¨ªs.

A pesar de la afirmaci¨®n del se?or presidente sobre la responsabilidad de los agentes del Estado en las exacciones cometidas por los militares chilenos, ¨¦sta ha sido ampliamente conocida por la poblaci¨®n, vista la extensi¨®n y duraci¨®n de la represi¨®n, y esto tambi¨¦n gracias al trabajo de memoria y a la denuncia constante hecha por las organizaciones chilenas e internacionales de derechos humanos. Desde hace treinta a?os, a pesar de la negaci¨®n, del ocultamiento de los hechos, de la defecci¨®n del Estado concerniendo estos derechos esenciales y las m¨²ltiples tentativas para cerrar las demandas de justicia, la verdad est¨¢ resurgiendo.

Si bien el Informe Valech, recientemente entregado al presidente chileno, ha considerado el testimonio de 35.000 personas, ello no constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, como lo se?ala el presidente. Otras iniciativas similares han sido realizadas en Argentina, Uruguay y en ?frica del Sur. A¨²n m¨¢s, como consecuencia de la falta de informaci¨®n, tanto en Chile como en el extranjero, numerosas personas no supieron que pod¨ªan testimoniar y aquellos que, en el marco de la Operaci¨®n C¨®ndor, estuvieron presos en el extranjero no fueron tomados en cuenta.

Este informe, en sus recomendaciones, hace proposiciones sobre la reparaci¨®n a las v¨ªctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideraci¨®n por el se?or presidente. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es lamentable y la explicaci¨®n dada por el presidente chileno (esta reparaci¨®n es "modesta" e "insignificante", pues nuestro pa¨ªs es "insignificante") no est¨¢ a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado entregue una indemnizaci¨®n "anti-stress" a los militares torturadores y que entregue tambi¨¦n el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas Armadas, a pesar de conocer la situaci¨®n de las v¨ªctimas y los estragos socio-econ¨®micos que el modelo neoliberal provoca en los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n chilena. He aqu¨ª recursos considerables a utilizar correctamente, evitando de paso una carrera armamentista en Am¨¦rica Latina.

Si bien el Informe Valech constituye una contribuci¨®n a la b¨²squeda de la verdad, desgraciadamente sus conclusiones se agregan a otras tentativas para cerrar definitivamente las demandas de justicia de las v¨ªctimas. En el actual clima de arrepentimientos y de mea culpas, las organizaciones chilenas e internacionales de derechos humanos tratan, tenazmente, de impedir que la impunidad siga progresando.

Los conceptos de verdad, justicia y reparaci¨®n, de los cuales habla el se?or presidente, no han sido una referencia obligatoria en las diferentes etapas de resoluci¨®n de los problemas de estos derechos. Basta analizar el n¨²mero de militares en proceso o condenados, durante todos estos a?os, para constatar que estas nociones han sido escasamente consideradas:

- Si bien el Informe Rettig en 1991 ha considerado los nombres de los detenidos desaparecidos y ejecutados, el establecimiento de los procesos judiciales no comenz¨® m¨¢s que 10 a?os m¨¢s tarde.

- En 1999, en la "mesa de di¨¢logo", a pesar del reconocimiento de violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas, las informaciones brindadas por los militares no han permitido encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

- En 2000, a pesar del acuerdo de extradici¨®n de Pinochet en Espa?a pronunciado por la Corte Suprema de Inglaterra y la tentativa lanzada por el juez Guzm¨¢n en Chile, el dictador fue autorizado a regresar al pa¨ªs y a¨²n no ha sido juzgado. Es el mismo consenso pol¨ªtico de la ¨¦poca y las mismas supuestas "razones m¨¦dicas-humanitarias" utilizadas en Londres y en Santiago que le han permitido escapar a la justicia.

- La Ley de Amnist¨ªa de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada y solamente una peque?a parte de procesos judiciales, en relaci¨®n con estos cr¨ªmenes, ha progresado. Amnist¨ªa Internacional ha se?alado en varias ocasiones que esta ley es incompatible con el derecho internacional relativo a los Derechos Humanos y con las obligaciones del Estado chileno. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convenci¨®n sobre las Desapariciones forzadas no han sido ratificadas por Chile y esta ¨²ltima infracci¨®n constituye un argumento bastante utilizado por los jueces para liberar a los militares de sus responsabilidades.

Efectivamente, como el se?or presidente lo se?ala, la prisi¨®n pol¨ªtica y las torturas han constituido una pol¨ªtica institucional de Estado. Pero la existencia de prisioneros pol¨ªticos chilenos y mapuches, hoy en Chile, es un hecho indiscutible; adem¨¢s, diferentes informes de Amnist¨ªa Internacional dan cuenta de la pr¨¢ctica de torturas al interior de las prisiones y comisar¨ªas chilenas. Los prisioneros pol¨ªticos fugados de las prisiones (a?o 1990) y otros condenados a penas de exilio est¨¢n en la imposibilidad, por decisi¨®n de la justicia, de volver al pa¨ªs.

Sobre el trabajo de esta Comisi¨®n y la publicaci¨®n de su informe, debemos se?alar que el acto m¨¢s importante, para responder al dolor de las v¨ªctimas, no ha sido realizado, pues sus conclusiones no han sido traducidas en acciones de justicia y los torturadores no han sido identificados. A¨²n m¨¢s, la confidencialidad garantizada por ley por una duraci¨®n de 50 a?os no contribuye a la b¨²squeda de la verdad y consagra la existencia de la impunidad. Por su car¨¢cter sistem¨¢tico y su considerable extensi¨®n, los delitos de tortura cometidos bajo el r¨¦gimen militar son cr¨ªmenes contra la humanidad y, como tales, son imprescriptibles. El Estado tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables.

Finalmente, estimamos que una dimensi¨®n ¨¦tica de la pol¨ªtica, considerando las lecciones del pasado, deber¨ªa justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el pa¨ªs hoy d¨ªa.

Como el se?or presidente lo se?ala, nosotros pensamos que para jam¨¢s revivir este pasado tr¨¢gico de nuestra historia, jam¨¢s debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la b¨²squeda de la verdad y la justicia deben continuar. Con este fin, haremos conocer al pa¨ªs los nombres de los torturadores y continuaremos presentando ante los tribunales las querellas criminales por torturas y secuestros que correspondan, acompa?adas de demandas civiles contra el Estado, hasta obtener satisfacci¨®n.

La dignidad debe ser restituida a todos aquellos que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar.

(*) Firman este art¨ªculo, junto con H¨¦ctor Zavala Leiva y Carlos L¨®pez Fuentes, otros 90 ex prisioneros pol¨ªticos de la dictadura de Augusto Pinochet y cuatro asociaciones de ex presos pol¨ªticos chilenos.