25.000 menores en desamparo
Varios juristas reclaman cambios legales para evitar que se eternicen los litigios sobre ni?os
M¨¢s de 25.000 menores viven apartados de sus padres tras ser declarados en desamparo por los departamentos auton¨®micos encargados de velar por la protecci¨®n de la infancia, seg¨²n los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales referidos a 2003. Bajo esa cifra se pueden ocultar crudas historias de abusos sexuales, malos tratos, mendicidad o desatenci¨®n absoluta de los padres. Son algunas de las causas m¨¢s extremas que justifican la intervenci¨®n de los servicios sociales y la declaraci¨®n del desamparo del menor, que en la pr¨¢ctica significa que la Comunidad Aut¨®noma de turno asume su tutela y suspende de forma provisional la patria potestad de los progenitores.
A partir de ah¨ª aguarda un segundo calvario para algunos ni?os: la incertidumbre sobre su destino. Como ni todos los padres aceptan el desamparo de buenas a primeras ni todas las decisiones de los servicios sociales son atinadas, puede arrancar entonces una peregrinaci¨®n administrativa y judicial que m¨¢s de una vez ha llegado al Tribunal Constitucional, como el caso de la ni?a de Benamaurel, declarada en desamparo en 1993 por la Junta de Andaluc¨ªa. El pleito entablado entre la Administraci¨®n, la familia que la acogi¨® a partir de 1997 y sus padres adoptivos se prolong¨® hasta que el alto tribunal se pronunci¨® en 2002 y anul¨® la sentencia que la obligaba a regresar con sus padres adoptivos.
El caso de la 'ni?a de Benamaurel' comenz¨® en 1993 y concluy¨® en el Constitucional en 2002
El 70% de los menores tutelados en Catalu?a resid¨ªa con familias de acogida en 2004
Un ni?o no crece al ritmo de la burocracia, as¨ª que cuando su expediente se resuelve definitivamente en la ¨²ltima instancia judicial han podido transcurrir cinco o seis a?os. "Sea como sea hay que agilizar tiempos, para empezar con la creaci¨®n de juzgados especializados", reclama Elena Arce, una abogada cordobesa que ha pleiteado contra la Junta de Andaluc¨ªa en varios casos.
Cinco o seis a?os es demasiado tiempo para hacer justicia. "No pocas situaciones se hacen pr¨¢cticamente insolubles hasta el punto de haberse tenido que decretar en ocasiones la imposibilidad de ejecutar decisiones judiciales, sin duda justas, pero producidas a destiempo", se?ala el juez de Familia, Francisco Serrano.
Aun siendo pocos los litigios que salen a la luz, su impacto sobre la vida infantil ha llevado a algunos juristas y expertos a defender una reforma legal, que establezca plazos y evite que se repitan historias como la de los dos hijos de Carmen F. Ambos ten¨ªan 5 y 6 a?os cuando la Junta de Andaluc¨ªa los declar¨® en desamparo debido al alcoholismo de la madre y los entreg¨® en acogimiento preadoptivo. Tras su rehabilitaci¨®n, Carmen F. emprendi¨® una batalla para recuperarlos que culmin¨® en una kafkiana victoria.
La justicia le dio la raz¨®n pero sentenci¨® que el alargamiento del proceso hac¨ªa imposible el regreso de los ni?os, que para entonces hab¨ªan cumplido 11 y 12 a?os y s¨®lo se hab¨ªan reencontrando con su madre en tres ocasiones. Para reparar el da?o, los tribunales han propuesto que se indemnice a la mujer. "Los tiempos de decisi¨®n se hacen eternos", censura Francisco Serrano, el juez de Primera Instancia n¨²mero 7 y Familia de Sevilla, que intervino en este caso. "En un a?o deber¨ªa estar resuelto en la segunda instancia", opina la fiscal jefe de Sevilla, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, partidaria de cambios legales que acorten los litigios.
Francisco Serrano, junto al fiscal Antonio Oca?a, ha elaborado una propuesta para reformar el C¨®digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye la fijaci¨®n de "plazos de caducidad" para oponerse a las resoluciones administrativas en las que "el tiempo corre en contra del inter¨¦s del menor".
El sistema espa?ol de protecci¨®n de menores est¨¢ gestionado por cada autonom¨ªa y las ciudades de
Ceuta y Melilla, aunque su marco normativo se encuadra en leyes estatales (a las citadas se suma la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor). Esta descentralizaci¨®n da lugar a algunas divergencias, ya que ni el desarrollo auton¨®mico ni las directrices que siguen los departamentos de menores son uniformes.
"A veces hay diferencias entre comunidades aut¨®nomas para establecer el desamparo", expone el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro N¨²?ez Morgades, que ha solicitado al Ministerio de Justicia que desarrolle el reglamento de la Ley de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor.
Tambi¨¦n pueden diferir los procedimientos a seguir sobre ni?os desamparados. As¨ª, mientras en Catalu?a, el 70% de los menores tutelados a finales de 2004 por la Generalitat estaban con familias acogedoras, en Canarias apenas alcanzaban el 12%. En la Comunidad Valenciana, por su parte, priman como hogares de acogida a los familiares cercanos al menor -85% de los casos- mientras que en Arag¨®n suponen s¨®lo el 44%.
El grado de conflictividad tampoco es homog¨¦neo entre comunidades. En Andaluc¨ªa, y en especial Sevilla, ha aflorado tal n¨²mero de litigios relacionados con expedientes de protecci¨®n que el Colegio de Abogados de Sevilla cre¨® en mayo de 2004 un turno de oficio espec¨ªfico. Las demandas surgen sobre todo cuando el ni?o pasa a vivir con una familia de acogida preadoptiva. "Un menor no puede estar aparcado en un centro esperando que resuelvan los tribunales", sostiene Jes¨²s Enrique Cubiles, subdirector general de Infancia y Familia de Andaluc¨ªa.
Todos los expertos recomiendan evitar la "institucionalizaci¨®n" infantil con prolongadas estancias en centros de protecci¨®n y defienden que se les proporcione un ¨¢mbito lo m¨¢s parecido a un hogar. El entorno familiar cercano -abuelos, t¨ªos...- es el m¨¢s id¨®neo para formalizar la acogida si garantiza el bienestar del ni?o. Raras son las demandas judiciales en estas situaciones. Los litigios surgen principalmente cuando los padres biol¨®gicos sienten que van a perder a su hijo porque comienza a vivir con otra familia con miras a su adopci¨®n, que
acarrea la p¨¦rdida de la patria potestad de los progenitores. "Un menor no deber¨ªa tardar en tener una sentencia de la Audiencia m¨¢s de dos a?os"
plantea Gabriel Velamaz¨¢n, el abogado que defendi¨® a Carmen F y que se escandaliza cada vez que recuerda los seis a?os que que dur¨® el pleito. "Hay una responsabilidad por funcionamiento an¨®malo de la justicia", concluye.
Con informaci¨®n de Concha Monserrat, Andreu Manresa, Juan Manuel Pardellas, Isabel Salvador, Marta Costa-Pau, Xos¨¦ Hermida, Isabel Camacho y Jaime Prats.
Una jurisdicci¨®n propia de familia
La creaci¨®n de juzgados especializados y el aumento de fiscales de menores constituyen algunas de las medidas que ayudar¨ªan a agilizar los procedimientos que afectan a la tutela de ni?os, a juicio de los expertos consultados.
La fiscal jefe de Sevilla, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, defiende la designaci¨®n de salas espec¨ªficas para menores en las Audiencias y el refuerzo de los medios t¨¦cnicos para que los juzgados resuelvan con m¨¢s premura. Segarra tambi¨¦n reconoce que los fiscales actuales resultan insuficientes y que la falta de medios de apoyo (psic¨®logos y trabajadores sociales) no ayuda a agilizar la resoluci¨®n. "La superior vigilancia del fiscal se limita a informar, no se puede ejercer hasta las ¨²ltimas consecuencias", indica.
"La reforma conlleva la especializaci¨®n de los recursos", afirma Carmen Belinch¨®n, directora general de Infancia y Familias de Andaluc¨ªa, partidaria de cambios legales que incorporen l¨ªmites de tiempo a los casos.
El Congreso ha admitido una proposici¨®n de ley de Converg¨¨ncia i Uni¨® para modificar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial con la finalidad de crear la jurisdicci¨®n de familia, a semejanza del orden penal o social. Los asuntos sobre guarda y custodia, protecci¨®n de menores, acogimiento y adopci¨®n son algunos de los procesos que competen a los juzgados de familia, pero que recaen sobre juzgados ordinarios cuando no existen.
Si bien entre los planes del Gobierno no figura de forma inmediata acometer reformas en esta materia, los Ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales han creado un grupo t¨¦cnico encargado de impulsar el reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y que tambi¨¦n estudiar¨¢ lo relativo a la protecci¨®n, seg¨²n Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad.
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