La defensa acepta que el presunto homicida sea condenado por posesi¨®n de armas
La vista oral contra Alfredo Gal¨¢n Sotillo vivi¨® ayer un sorprendente giro. La abogada defensora del supuesto asesino del naipe, Helena Echeverri, cambi¨® su escrito provisional de acusaci¨®n y acept¨® ¨²nicamente un delito de posesi¨®n de armas. El fiscal y las acusaciones particulares se quedaron sorprendidas por este cambio, ya que supone que la letrada renuncia a una de las piezas en las que basar la exculpaci¨®n de Gal¨¢n. Hoy est¨¢ previsto que sean le¨ªdos los informes finales y el juicio quede visto para sentencia.
La abogada de Gal¨¢n acept¨® que su cliente sea culpado de un delito recogido en el art¨ªculo 564 del vigente C¨®digo Penal, que pena con prisi¨®n de uno a dos a?os la tenencia il¨ªcita de armas cortas. Echeverri pidi¨® de hecho un receso de 15 minutos en la vista para poder hablar a solas con su cliente y preguntarle si aceptaba esa acusaci¨®n. Al final lo hizo.
Uno de los abogados de la acusaci¨®n particular pregunt¨® entonces si se refer¨ªa a la pistola Tokarev del calibre 7,62 que figura en las diligencias como la utilizada por Gal¨¢n para cometer, supuestamente, los asesinatos (aunque nunca ha sido encontrada). La defensora intent¨® negarse a responder este extremo, pero el presidente de la sala le oblig¨® a decirlo. Echeverri, s¨®lo entonces, afirm¨® que s¨ª se refer¨ªa a esa arma.
Pistola sin recuperar
Los abogados de las acusaciones se mostraron sorprendidos por este cambio de calificaci¨®n. Algunos llegaron a aventurar, incluso, que Echeverri ha perdido toda posibilidad de defensa. Explicaron que, hasta ese momento, el hecho de que el arma homicida no hubiera sido encontrada restaba efecto a algunas de las acusaciones. Pero, al admitir la defensa de Gal¨¢n que el arma era suya, lo pone de nuevo en una situaci¨®n muy comprometida.
Las acusaciones particulares no quisieron desvelar por d¨®nde ir¨¢n sus informes finales. Todas, al igual que el fiscal, cambiaron sus calificaciones finales (donde fijan las acusaciones y las indemnizaciones que solicitan). Pidieron m¨¢s dinero para las v¨ªctimas y retiraron la circunstancia atenuante de que Gal¨¢n se entregara a la polic¨ªa en julio de 2003. Algunos abogados motivaron esta decisi¨®n en la falta de colaboraci¨®n con la justicia por parte del acusado y en el hecho de que se retractara de las declaraciones iniciales de culpabilidad. Esto sucedi¨® en septiembre de 2003.
Una de las piezas fundamentales ser¨¢ determinar si el Estado es responsable civil subsidiario y se tiene que hacer cargo de las indemnizaciones millonarias que piden las acusaciones y el fiscal.
Gal¨¢n fue cabo primero del Ej¨¦rcito hasta el 4 de marzo de 2003, cuando caus¨® baja definitiva. Cuatro de los seis asesinatos los cometi¨®, supuestamente, siendo militar. El arma usada para estos cr¨ªmenes fue comprada en una misi¨®n humanitaria en Bosnia y tra¨ªda a Espa?a tras ser ocultada en un televisor enviado con cargo a la estafeta postal del Ej¨¦rcito.
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