PSOE y PP vuelven a enfrentarse por el acuerdo de impulso democr¨¢tico y las cesant¨ªas

La disputa por el acuerdo de impulso democr¨¢tico volvi¨® ayer a propiciar una bronca entre PSOE y PP. La mayor¨ªa socialista rechaz¨® en el Parlamento una proposici¨®n de ley del PP para que los directores generales y delegados provinciales tengan que ser obligatoriamente funcionarios de carrera, defendida por la popular Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo como una forma de evitar que los socialistas "se llenen los bolsillos". El PP amenaz¨® tambi¨¦n con acudir a los tribunales si se mantienen unas enmiendas de impulso democr¨¢tico a las que los letrados han hallado defectos formales.

La iniciativa que el PP llev¨® ayer a pleno era una respuesta al llamado acuerdo de impulso democr¨¢tico, del que, tras meses de negociaci¨®n, el partido conservador acab¨® por descolgarse con tremendo estruendo al argumentar que no hab¨ªa garant¨ªas de cumplimiento y calificar de barbaridad las indemnizaciones a los altos cargos y el estatuto del presidente de a Junta, al que han bautizado como pensionazo. Garc¨ªa Pelayo explic¨® con extrema brevedad la pretensi¨®n de su grupo (modificar la Ley de Gobierno y la Administraci¨®n para que los directores generales y delegados provinciales sean funcionarios de carrera para alcanzar mayor profesionalizaci¨®n) y pas¨® directamente al ataque del pacto.

Pelayo dijo que el acuerdo de PSOE, IU y PA es una componenda de "impulso econ¨®mico con el que el PSOE busca su blindaje pol¨ªtico en el Parlamento". A su entender, que los altos cargos sean funcionarios obligatoriamente les libera de la "soga" del PSOE y frena en seco que los socialistas utilicen la Administraci¨®n para "devolver favores". "El PSOE y sus socios pretenden llenarse los bolsillos a costa de los andaluces y establecer pensionazos para los altos cargos", enfatiz¨®.

Capacidad

El portavoz del PSOE, Juan Paniagua, sostuvo que ya se usan para el nombramiento de altos cargos los criterios de "idoneidad y capacidad" y que con lo que propone el PP s¨®lo se consigue "excluir" a cinco millones de andaluces. Paniagua dijo que el PP miente a sabiendas sobre las indemnizaciones de los altos cargos con la intenci¨®n de "crispar".

Pedro Vaquero, de IU, explic¨® que su grupo siempre ha defendido un modelo de Administraci¨®n similar al franc¨¦s, aunque mostr¨® su "asombro y molestia" por el discurso con el que Garc¨ªa Pelayo hab¨ªa acompa?ado la propuesta: "Se han pasado 20 pueblos al poner bajo sospecha a los pol¨ªticos en general, con lo que no le hace ning¨²n favor a la democracia".

El andalucista Jos¨¦ Calvo Poyato se decant¨® por la abstenci¨®n y argument¨® que su partido no tiene claro si es beneficioso que los funcionarios dirijan la pol¨ªtica, al tiempo que rechaz¨® tambi¨¦n las palabras de Garc¨ªa Pelayo: "Los pol¨ªticos lo podemos hacer mejor o peor, pero ninguno estamos en esto para llenarnos los bolsillos".

Mientras en el pleno el acuerdo de impulso democr¨¢tico era el hilo conductor del debate, en los pasillos y fuera de la C¨¢mara, populares y socialistas protagonizaron un nuevo rifirrafe por este asunto. El presidente del PP, Javier Arenas, amenaz¨® con acudir a los tribunales si PSOE, IU y PA mantienen las enmiendas que han presentado a las cinco leyes que se cambiar¨¢n en virtud del impulso democr¨¢tico.

Tras la salida del PP de las negociaciones, estos grupos decidieron incorporar algunas iniciativas en forma de enmienda a las que el PP se hab¨ªa opuesto, como las llamadas listas cremalleras (alternar hombre y mujer en las listas electorales), la obligaci¨®n de publicar el patrimonio y bienes de todos los candidatos y las censar¨ªas de los altos cargos y delegados de la Junta.

No obstante, en la reuni¨®n de la Mesa de la Comisi¨®n de Coordinaci¨®n y en la Mesa de la Comisi¨®n de Justicia y R¨¦gimen de la Administraci¨®n P¨²blica los letrados manifestaron objeciones a la calificaci¨®n de algunas de ellas, ya que, seg¨²n el Tribunal Constitucional, las enmiendas no pueden ir m¨¢s all¨¢ de la materia de la iniciativa legislativa. Las enmiendas fueron calificadas por acuerdo mayoritario de las respectivas mesas.

Arenas interpret¨® ayer que se ha incumplido el Reglamento de la C¨¢mara, que la tramitaci¨®n de las enmiendas es "irregular" y que el PSOE pretende "blindarse" con los informes en contra de los servicios jur¨ªdicos. El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, replic¨® que no existe ning¨²n informe, "ni siquiera est¨¢n las actas de las reuniones", s¨®lo "la dudas verbales de los letrados", que el Reglamento no establece la obligatoriedad de que las enmiendas pasen un dictamen jur¨ªdico y que el "PP deber¨ªa de dejar de manipular todo lo que se pone a su alcance".