Carod, de visita

Los resultados del refer¨¦ndum europeo plantean dos problemas: la baja participaci¨®n, y la fuerza del no en los territorios con mayor presencia nacionalista. El l¨ªder de Esquerra Republicana, Carod Rovira, une impl¨ªcitamente ambos problemas al concluir que el amplio rechazo catal¨¢n a una Constituci¨®n que "deja fuera a las naciones" es un aviso a la "clase pol¨ªtica" de que los catalanes no est¨¢n "dispuestos a aceptar cualquier Estatut ni cualquier modelo de financiaci¨®n".

Hay que tomarlo en consideraci¨®n, pero sin exagerar. El 28% de los votantes catalanes ha optado por el no, pero el 64 % lo ha hecho por el s¨ª. Y ser¨ªa abusivo identificar sin m¨¢s abstenci¨®n y rechazo: cuando en una consulta se sabe por adelantado que el s¨ª ser¨¢ muy mayoritario la abstenci¨®n m¨¢s bien es una forma de acatamiento pasivo del resultado. En todo caso, es cierto que si se repitiera ese resultado en la ratificaci¨®n del nuevo Estatuto, quedar¨ªa lejos del apoyo con que cont¨® el de Sau en 1979: 88% a favor, con una participaci¨®n del 59%.

La reforma del Estatuto catal¨¢n servir¨¢ de pauta para las previstas en otras comunidades; adem¨¢s, el ¨¦xito del modelo catal¨¢n se ha planteado como alternativa al m¨¦todo unilateral del plan Ibarretxe. Ser¨ªa un desastre, por ello, que la reforma catalana fuera rechazada en las Cortes por considerar que desborda los l¨ªmites constitucionales. La semana pasada se conocieron las condiciones que el Gobierno de Zapatero plantea para apoyar el proyecto: entre otras, que no se trate de utilizar la reforma para modificar leyes org¨¢nicas, como la del Poder Judicial o la Electoral; que no se intente implantar un modelo de financiaci¨®n singular, como el del Concierto vasco; que no incluya preceptos como el conocimiento obligatorio del catal¨¢n.

Son condiciones que responden al criterio de que el Gobierno tiene deberes constitucionales para garantizar la igualdad de derechos, la cohesi¨®n territorial y la solidaridad. Su defensa por parte del ministro Jordi Sevilla en una conferencia celebrada el pasado d¨ªa 8 en el C¨ªrculo de Econom¨ªa de Barcelona provoc¨® gran inquietud en el tripartito y en CiU, que recordaron a Zapatero su compromiso de avalar en Madrid lo que llegase pactado de Barcelona. Zapatero respondi¨® diciendo que consideraba prematuro discutir esas cuestiones y reiterando que las ¨²nicas condiciones eran el consenso y el respeto de los l¨ªmites constitucionales. Ayer se lo repiti¨® a Duran Lleida en la sesi¨®n de control.

El problema es que el proyecto que lleva meses gest¨¢ndose en el Parlament ya desborda esos l¨ªmites, a juicio de bastantes expertos, incluidos algunos ministros. Cuanto m¨¢s tarde el presidente del Gobierno en marcar el terreno, m¨¢s dif¨ªcil ser¨¢ la marcha atr¨¢s y mayor el riesgo de que el agua embalsada se desborde en el peor momento: en la votaci¨®n del Congreso. Si Zapatero sigue dando largas es seguramente porque teme comprometer los apoyos que necesita para gobernar; especialmente el de Esquerra Republicana, cuyo l¨ªder acude ma?ana a La Moncloa para hablar de un posible pacto de legislatura que institucionalice el acuerdo. Carod ya ha adelantado que una condici¨®n previa para ello ser¨ªa la publicaci¨®n de las balanzas fiscales, eje de la reivindicaci¨®n nacionalista de una financiaci¨®n que ponga un tope m¨¢ximo a la aportaci¨®n de Catalu?a a las pol¨ªticas redistributivas del Estado.

Ese planteamiento, asumido ahora por el PSC, ha sido tradicionalmente discutido por la izquierda. Ernest Lluch, por ejemplo, consideraba inseparable la contribuci¨®n catalana a la cohesi¨®n social espa?ola del saldo positivo de su balanza comercial: de m¨¢s de 9.000 millones de euros, el 6,3% del PIB catal¨¢n, en 2002. El reciente episodio del cava testimonia la actualidad del argumento. La adopci¨®n por parte de la izquierda de puntos de vista similares a los de los nacionalistas es un reflejo de su dificultad para competir en igualdad de condiciones con partidos s¨®lo interesados en obtener ventajas para la propia comunidad. Pero ese deslizamiento ha roto el equilibrio que durante a?os ha permitido el despliegue del Estado auton¨®mico sin grandes problemas de cohesi¨®n. Por eso es imprescindible que el Gobierno de Espa?a asuma esa responsabilidad; que no ceda a la exigencia de vaciado de competencias del Estado, cuya presencia es garant¨ªa de igualdad b¨¢sica de derechos y de servicios esenciales. Zapatero tendr¨¢ que explic¨¢rselo ma?ana a Carod, y alg¨²n d¨ªa tambi¨¦n a Maragall.