La fiscal¨ªa investigar¨¢ la acusaci¨®n de Maragall de que CiU cobr¨® comisiones

Ni 24 horas ha tardado la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a en tomar cartas en el asunto del supuesto pago de comisiones en las adjudicaciones de obras p¨²blicas por el Gobierno de CiU. La acusaci¨®n fue lanzada por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en la sesi¨®n monogr¨¢fica del Parlamento sobre la crisis del Carmel. El fiscal jefe, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, inform¨® ayer de que hab¨ªa solicitado a la C¨¢mara el acta de la sesi¨®n del jueves para "acreditar la certeza y verosimilitud" de un hecho que de ser cierto podr¨ªa constituir un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Mena decidi¨® actuar a la vista de lo que recog¨ªan todos los medios de comunicaci¨®n sobre la acusaci¨®n lanzada por Maragall a Mas, y no quiso hacer comentario alguno sobre la celeridad de la reacci¨®n de la fiscal¨ªa en esta ocasi¨®n. La pr¨¢ctica de actuar de oficio a la vista de noticias publicadas en la prensa no es nueva, al menos por parte de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que utiliz¨® ese sistema en no pocas ocasiones cuando era dirigida por Carlos Jim¨¦nez Villarejo. En el caso de la afirmaci¨®n de Maragall -"el problema de CiU se llama 3%"-, Mena explic¨® ayer que la fiscal¨ªa abrir¨¢ "diligencias preprocesales" una vez reciba el acta de la sesi¨®n de Parlamento catal¨¢n.

Por diligencias preprocesales se entiende una serie de comprobaciones y averiguaciones para aclarar si hay o no indicios de alguna actuaci¨®n delictiva y presentar ante los juzgados una denuncia o querella contra los supuestos autores. Este tipo de investigaci¨®n no ten¨ªa un tiempo acotado y la reforma del Estatuto Fiscal -en mayo de 2003- lo estableci¨® en un m¨¢ximo de seis meses, plazo s¨®lo prorrogable si as¨ª lo autoriza el fiscal general del Estado.

Fuentes del Parlamento se?alaron ayer que los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara remitir¨¢n al fiscal el acta y la transcripci¨®n oficial del pleno el pr¨®ximo lunes.

Mena no quiso dar muchas explicaciones de qu¨¦ derroteros puede tomar ahora la investigaci¨®n. Se limit¨® a afirmar que abrir¨¢ diligencias para averiguar si puede deducirse que hay "un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos u otros". La malversaci¨®n de caudales p¨²blicos ser¨ªa el supuesto desv¨ªo de dinero p¨²blico para la financiaci¨®n de CiU. Cabe la posibilidad, entonces, de que el caso pudiera ser investigado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

En el curso de esas "diligencias preprocesales", la fiscal¨ªa podr¨ªa requerir el testimonio del presidente de la Generalitat para que se ratificara o no en las afirmaciones. En relaci¨®n con ese asunto, el consejero de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas, Joaquim Nadal, declar¨® ayer a la cadena SER que se basan en "un rumor y un clamor latente", pero sin tener pruebas para sustentarlo.

Al ser preguntado sobre si la fiscal¨ªa deber¨ªa cerrar las diligencias si Maragall se retractara, el fiscal jefe coment¨® que se trata de delitos perseguibles de oficio que no dependen de que se mantenga una acusaci¨®n particular. Puso el ejemplo de las denuncias por malos tratos cuando las v¨ªctimas retiran la denuncia, pero el proceso sigue impulsado por el fiscal.

Mena no quiso revelar qu¨¦ tipo de actuaciones tiene previstas. En algunas investigaciones internas de la fiscal¨ªa se llama a declarar a las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos que se averiguan. A veces se interesa de la Administraci¨®n que aporte informaci¨®n sobre lo que se averigua, que en este caso podr¨ªa referirse a las empresas adjudicatarias de la obra p¨²blica en la etapa del anterior Gobierno.

Que el asunto acabe en los tribunales no depende s¨®lo del fiscal. Una denuncia presentada sobre el mismo hecho por un particular ante un juzgado puede propiciar el inicio de la investigaci¨®n. Eso ocurri¨® en el que fue llamado caso Prenafeta, a prop¨®sito de supuestas incompatibilidades del ex secretario de Presidencia Llu¨ªs Prenafeta. En aquel caso, que estall¨® en 1990 y fue el detonante de la dimisi¨®n de quien fue considerado brazo derecho de Jordi Pujol, la fiscal¨ªa de Barcelona no obtuvo el permiso de la Fiscal¨ªa General del Estado para presentar denuncia o querella, y fue la denuncia del sindicato CNT la que propici¨® que un juzgado investigara si hab¨ªa existido incompatibilidad o no. El asunto fue finalmente archivado.

A prop¨®sito de la iniciativa de la fiscal¨ªa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, se limit¨® a se?alar el respeto a las decisiones que tome la judicatura. Por su parte, Rafael Romero, presidente de la C¨¢mara de Contratistas, calific¨® de "negativo y peligroso" abonar el sentimiento difuso de que pol¨ªtica y corrupci¨®n van unidas. Romero calific¨® de "desafortunadas" las acusaciones de Maragall.